Accidentes de tránsito

Si usted o un familiar es víctima de un accidente de tránsito recuerde:

La primera preocupación será la atención de los heridos. Deberá llamarse a los servicios de emergencia médica para la atención inmediata de los heridos y su eventual traslado a un centro asistencial.

Conserve todas las constancias de los estudios que se le realicen así como el nombre de los profesionales y técnicos actuantes. Recuerde que la indemnización que podrá reclamar incluye todos los gastos ocasionados durante todo el tiempo de atención médica por lo que conserve órdenes médicas, recetas, recibos o facturas por medicamentos, radiografías, pago a servicios de acompañante etc.

El reclamo incluirá además la indemnización por todos los días que estuvo imposibilitado de atender sus tareas habituales pero todo deberá estar debidamente acreditado.

También será indemnizado por las secuelas que pudieran quedarle y el daño moral padecido. Luego de ser dado de alta solicite copia de la Historia Clínica.

En ocasión de un accidente de tránsito con lesionados intervendrá la policía. Colabore proporcionando sus datos, documentación, brinde su declaración sobre los hechos y asegúrese que se consignen los datos de los testigos.

En cuanto sea posible trate de conseguir una copia del parte policial.

Posiblemente también concurrirán representantes de las compañías aseguradoras. No firme un convenio aceptando una indemnización sin asesoramiento de un profesional.

Fotografíe todo lo que pueda: vehículos, lugar del accidente, carteles de tránsito, lesiones etc.

Obtenga la mayor cantidad de datos de todos los involucrados en el accidente: nombre completo y domicilio del conductor, marca, modelo y matrícula del vehículo, datos de la compañía aseguradora etc. Recabe el nombre completo, domicilio y teléfono de los testigos y reiteramos que es fundamental asegurarse que el nombre de ellos conste en el parte policial.

Conserve toda la prueba que permitan justificar gastos ya sea vestimenta dañada, celulares etc.

No olvide que el plazo para reclamar una indemnización es de 4 años contados a partir del día del accidente.

FINALMENTE, SI USTED ES PROTAGOSNISTA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONADOS RECUERDE

– Procure el auxilio inmediato de los accidentados ya que el no hacerlo puede ser considerado delito de “omisión de asistencia”

– Comuníquese de inmediato con su abogado ya que todo accidente con lesionados puede derivar en un proceso penal.

– Negarse a practicar el eximen de espirometría implicará presunción en su contra.

– No firme un convenio aceptando pagar una indemnización sin asesoramiento de un abogado.

Derecho penal

Art. 62 – De los cómplices.

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en los artículos precedentes, cooperan moral o materialmente al delito por hechos anteriores o simultáneos a la ejecución, pero extraños y previos a la consumación. La complicidad, para el Derecho Positivo nacional, es un concepto residual, en la medida que son cómplices por mandato del legislador, aquellos que no resulten autores o autores del delito (Art. 62 CP). También en la complicidad encontramos actos de cooperación moral y material al hecho realizado por el partícipe. Hay un límite expreso y definitivo para la complicidad: no hay complicidad en los actos consumativos. En la etapa de consumación tenemos sólo autores (Art. 60) o coautores (Art. 61.3). Cooperación moral del cómplice no tiene fuerza de una instigación, el cómplice moral no decide al otro pero refuerza la decisión ya tomada. Se trata de una actitud colaborativa, de carácter secundario, que se traduce en una facilitación, un apoyo, un consejo al delincuente principal. La figura del cómplice aparece como fungible, fácilmente sustituible por otro e incluso su actuación puede considerarse prescindible, sin que el delito dejara de producirse, en caso de no existir este tipo de colaborado: campana. Como dice Langón, no se puede dar una solución genérica, es decir, que los campanas son siempre coautores o siempre cómplices, sino que su situación deberá estudiarse caso a caso. Hay un límite expreso y definitivo para la complicidad: no hay complicidad en los actos consumativos. Si el campana queda durante la consumación del delito, no podrá ser considerado cómplice sino que será coautor. Por ejemplo, queda fuera del Banco para advertir durante el asalto la presencia de la policía. La figura del cómplice aparece como fungible …. La figura del autor …. Por ejemplo, si el individuo observa el movimiento del Banco y si todo está bien conforme a los intereses de los criminales, advierte que aquellos pueden venir al lugar y cometer el asalto, parece su actividad no ser esencial para la realización del acto criminal. Hay una cooperación de carácter material anterior a la consumación y plasmaría un caso evidente de complicidad; su actuación no se consideraría imprescindible conforme a los baremos del Art. 61.4[1] CP. [1] Art. 61: Concepto del coautor. Se consideran coautores: 1. Los que fuera del caso comprendido en el inciso 2 del artículo anterior, determinan a otros a cometer el delito. 2. Los funcionarios públicos que, obligados a impedir, esclarecer o penar el delito, hubiesen, antes de la ejecución y para decidirla, prometido encubrirlo. 3. Los que cooperan directamente, en el período de la consumación. 4. Los que cooperen a la realización, sea en la faz preparatoria, sea en la faz ejecutiva, por un acto sin el cual el delito no se hubiera podido cometer.

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CLASIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS MINERALES

El Código de Minería clasifica los yacimientos en cuatro clases, teniendo en cuenta el régimen de explotación (artículo 7):

Clase I)

A) Yacimientos de combustibles fósiles que incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito turba, rocas pirobituminosas y arenas petrolíferas;

B) Otros yacimientos de sustancias minerales o elementos aptos para

generar industrialmente energía

La trascendencia de los recursos, que hacen a la independencia energética del país, es la nota característica de la Clase I, quedando marginada la actividad privada de los derechos mineros, que solamente pueden asumir el rol de contratista.

El desarrollo de la actividad se realiza a través del Estado, Poder Ejecutivo y ANCAP, ya sea por sí o a través de contratistas.

 

Clase II)

A) Yacimientos minerales que procedan de la Reserva Minera.

B) Yacimientos que procedan del Registro de Vacancias.

C) Yacimientos que sean incluidos por ley, de acuerdo a las necesidades

de la industria, del mercado u otras causas de interés general.

La nota característica es que, sin revestir la importancia de la Clase I),

estos yacimientos revisten especial interés para el país. El Estado, Poder Ejecutivo, se reserva la selección del agente al cual otorgar el título minero respectivo. La elección de quien desarrolle la actividad minera se hará al “mejor minero” y por licitación pública, quien además deberá suscribir un contrato de regulación del goce de los derechos mineros.

Clase III)

– Categoría residual, comprensiva de todos los yacimientos no incluidos en las otras clases.

La nota característica es que no requieren de condiciones especiales, la

misma queda librada a cualquier particular interesado, de acuerdo a las

condiciones que con carácter general establece el Código de Minería.

El Estado se limita al otorgamiento del título minero. Si el gestionante se ajusta a los requisitos legales establecidos y exigibles por la Administración, se le debe otorgar el título minero.

Clase IV)

– Yacimientos de sustancias minerales no metálicas, que se utilizan

directamente como materiales de construcción, sin previo proceso industrial que determine una transformación física o química de la sustancia mineral.

La nota característica de esta clase es la reserva de la explotación al

propietario del predio respectivo (derecho de preferencia), sin perjuicio del derecho de propiedad del Estado sobre los yacimientos.

 

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Derechos y títulos mineros

Normalmente el Estado no realiza por sí mismo la actividad minera, sino que autoriza la realización por particulares a quienes otorga lo que se conoce como “títulos mineros”‘.

El artículo 10 del Código de Minería define los derechos mineros, respecto de los cuales se instituyen los títulos mineros.

A) Derecho de prospección (permiso de prospección).

Es el derecho a realizar en un área determinada todas las labores de búsqueda de una o más sustancias minerales, con exclusión de toda otra persona.

La prospección comprende la búsqueda y cateo en lugares en los que se presume existan yacimientos minerales. 

Plazo de otorgamiento: 3 a 36 meses. Prorrogable hasta por tres veces de 12 meses, sujeto a liberación de área para el permiso. Plazo máximo con prórrogas es de 6 años.

Área geográfica para yacimiento clase III: 100.000 hectáreas por permiso, y 200.000 en caso de que se otorgue más de un permiso a la misma persona física o jurídica.

B) Derecho de exploración (permiso de exploración).

Es el derecho a realizar en un área determinada todas las labores necesarias, con exclusión de toda otra persona, tendientes a la comprobación de la existencia del yacimiento, al reconocimiento de sus características, a la determinación del volumen, calidad y ley del mineral y a su evaluación económica.

La exploración significa una progresión de actividad en relación a la prospección, consistente en: “determinar la importancia del yacimiento, valorar sus posibilidades, extraer muestras para analizar la calidad, determinar la ley del mineral, y establecer si ofrece o no perspectivas económicas saludables”.

Plazo de otorgamiento: mínimo de un año y por un máximo de 3 años, prorrogable hasta 3 veces por períodos de un año, lo cual equivale a un máximo de 6 años.

Área geográfica para yacimiento clase III: 1.000 hectáreas por permiso, y 2.000 en caso de que se otorgue más de un permiso a la misma persona física o jurídica.

C) Derecho de explotación (concesión para explotar).

Es el derecho a explotar, con exclusión de toda otra persona, en un área determinada, una o más sustancias minerales y disponer de los productos extraídos o separados del yacimiento.

La etapa de explotación consiste en trabajar el yacimiento y obtener un provecho económico.

Plazo de otorgamiento: máximo de 30 años, prorrogable por períodos sucesivos de hasta 15 años cada uno.

Área geográfica para yacimiento clase III: el área máxima respecto de la cual podrá otorgarse la concesión para explotar es de 500 hectáreas.

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CÓDIGO DE MINERÍA

Ley Nº 15.242*

CODIGO DE MINERIA

SE APRUEBA

El Consejo de Estado ha sancionado la siguiente

LEY


CODIGO DE MINERIA

LIBRO PRIMERO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MINERO

TITULO I

DE LOS YACIMIENTOS MINERALES Y DE LAS MINAS

CAPITULO I

Objeto de este Código

Artículo 1º.- El presente Código regula la institución de títulos y derechos mineros y organiza los regímenes que habilitan la actividad minera.

Finalidad de la actividad minera

Artículo 2º.- La actividad minera tiene por finalidad la explotación racional de los recursos minerales del país, con propósito económico y se califica de utilidad pública.

CAPITULO II

Yacimientos y minas

Artículo 3º.- Se considera yacimiento toda masa de sustancia mineral o fósil que exista en el subsuelo marítimo o terrestre o que aflore a la superficie de la tierra.

La mina constituye un inmueble distinto y separado del predio superficial, y es la parte del yacimiento que se configura, materialmente, por un sólido limitado en la superficie por un polígono y lateralmente por planos verticales de prolongación indefinida en profundidad y que adquiere existencia jurídica en virtud de un derecho minero de explotación.

CAPITULO III

De la propiedad de los yacimientos

Artículo 4º.- Todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible, el dominio del Estado.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4º, los yacimientos de sustancias minerales, no metálicas, incluidos en la Clase IV del artículo 7º, quedan reservados para su explotación al propietario del predio superficial particular de ubicación del yacimiento, bajo las condiciones que establece este Código.

Artículo 6º.- El régimen jurídico de las aguas del territorio nacional no es materia del presente Código.

CAPITULO IV

Clasificación de los yacimientos

Artículo 7º.- Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles se ordenan, en relación al régimen legal que regula la actividad minera, en las siguientes clases:

– CLASE – I

Comprende los siguientes yacimientos:
a) Yacimientos de combustibles fósiles que incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito, turba, rocas pirobituminosas y arenas petrolíferas;
b) Otros yacimientos de sustancias minerales o elementos aptos para generar industrialmente energía.

CLASE – II

Comprende los yacimientos minerales que procedan de la Reserva Minera o del Registro de Vacancias, según lo previsto por los artículos 23, inciso segundo y 54, inciso primero y los que se incluyan conforme al artículo 8º.

CLASE – III

Comprende todos los yacimientos de sustancias minerales, metálicas y no metálicas, no incluidos en otras clases.Comprende también aquellos yacimientos originarios de la Clase IV, si la sustancia mineral de los mismos se utiliza en forma preponderante como materia prima de una industria o deban someterse a una modalidad determinada de explotación para el mejor aprovechamiento económico de la mina.

CLASE – IV

Comprende los yacimientos de sustancias minerales no metálicas, que se utilizan directamente como materiales de construcción, sin previo proceso industrial que determine una transformación física o química de la sustancia mineral.

Artículo 8º.- Las inclusiones y exclusiones de yacimientos minerales en la Clase II, serán dispuestas por ley de acuerdo a las necesidades de la industria, del mercado u otras causas de interés general, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 23, inciso segundo y 54, inciso primero.

Artículo 9º.- Las inclusiones de yacimientos establecidas por este Código en la Clase II no alcanzan a los yacimientos amparados por derechos mineros mientras éstos se mantengan en vigencia.

TITULO II

DERECHOS Y TITULOS MINEROS

CAPITULO I

Derechos mineros

Artículo 10.- Constituyen derechos mineros:

a) El derecho de prospección:Es el derecho a realizar en un área determinada todas las labores de búsqueda de una o más sustancias minerales, con exclusión de toda otra persona;
b) El derecho de exploración:Es el derecho a realizar en un área determinada todas las labores necesarias, con exclusión de toda otra persona, tendientes a la comprobación de la existencia del yacimiento al reconocimiento de sus características, a la determinación del volumen, calidad y ley del mineral y a su evaluación económica;
c) El derecho de explotación:Es el derecho a explotar, con exclusión de toda otra persona, en un área determinada, una o más sustancias minerales y disponer de los productos extraídos o separados del yacimiento.

CAPITULO II

Títulos mineros

Artículo 11.- Los títulos mineros se instituyen por un acto de la autoridad minera competente, a efectos de atribuir un derecho minero determinado.

Los títulos relativos a los derechos mineros de prospección, exploración y explotación son respectivamente:

a) El permiso de prospección;
b) El permiso de exploración;
c) La concesión para explotar.

Artículo 12.- El goce de los derechos mineros atribuidos por el título respectivo, es regulado por disposiciones específicas de este Código y por contratos, según la clase a que pertenezca el yacimiento.

Cambios de titular

Artículo 13.- Los derechos otorgados por los títulos de prospección, exploración y concesión para explotar son transmisibles, por acto entre vivos en las siguientes condiciones:

1) La cesión requiere para su validez la previa autorización de la autoridad minera.A este efecto el promitente cesionario deberá acreditar los extremos impuestos para el otorgamiento del título.
2) Otorgada la autorización, las partes cedente y cesionaria harán constar la cesión en acta labrada ante la Dirección Nacional de Minería y Geología.

A partir de la inscripción del acta de cesión en el Registro General de Minería, los derechos y obligaciones del título corresponderán exclusivamente al cesionario.

Artículo 14.- La trasmisión por causa de muerte de los derechos de prospección, exploración y explotación, otorgados por los títulos respectivos, es válida, pero queda condicionada a que el sucesor acredite los extremos requeridos al titular originario, en un plazo de doce meses de verificada la trasmisión legal. Si son varios los sucesores por esta causa, bastará con que uno de ellos cumpla con las condiciones, haciéndose responsable de las labores mineras.

Arrendamiento de los derechos mineros

Artículo 15.- El arrendamiento del derecho de explotación queda sometido a las siguientes condiciones para su validez:

1º) Que el contrato se otorgue por un plazo mínimo de tres años;
2º) Que el arrendatario acredite la capacidad técnica y económica que requiera el cumplimiento del programa de explotación a que se comprometió el titular del derecho;
3º) Que se obtenga previamente la autorización de la Dirección Nacional de Minería y Geología;
4º) Que se inscriba en el Registro General de Minería.

El titular del derecho permanecerá responsable de todas las obligaciones y cargas mineras ante la Administración y ante terceros. El arrendatario, por su parte, quedará sometido a todas las prescripciones que regulan la actividad minera.

CAPITULO III

Caracteres del derecho de explotación

Artículo 16.- El otorgarmiento de una concesión para explotar crea un derecho que puede ser objeto de todos los actos v gravámenes correspondientes a los bienes inmuebles salvo los expresamente prohibidos por este Código. Dichos actos y gravámenes deberán ser inscriptos en el Registro General de Minería sin perjuicio de las inscripciones impuestas por la legislación común.

Artículo 17.- El derecho de explotación es susceptible de embargo. En caso de ejecución, deberá seguirse el procedimiento de subasta con arreglo al Código de Procedimiento Civil, quedando el comprador sujeto a las condiciones impuestas al concesionario.

TITULO III

REGIMEN LEGAL DE LA MINERÍA

CAPITULO I

Habilitación de la actividad

Artículo 18.- La prospección y exploración de yacimientos minerales y la explotación de minas sólo puede hacerse:

A) Por el Estado o entes estatales, según las disposiciones de este Código.
B) En virtud de un título minero.

CAPITULO II

Legitimación para la actividad minera

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, nacionales o extranjeras, pueden ser titulares de los derechos mineros, en las condiciones que establece este Código y las demás leyes y reglamentos aplicables.

La actividad minera, cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros.

Artículo 20.- Los funcionarios públicos pertenecientes a organismos o servicios que tengan participación en la actividad minera no podrán ser titulares de derechos ni ejercer actividad referida a dicha materia. Esta prohibición se mantiene por un término de dos años contados a partir de la fecha del cese del funcionario, resultando extensiva y por igual término, al cónyuge, hijos y menores bajo patria potestad o tutela, de dichos funcionarios.

Esta prohibición no comprende los yacimientos de la Clase IV ni los intereses en concesiones mineras adquiridos antes de su nombramiento como tales para los funcionarios, ni los que durante su ejercicio adquieran dichos funcionarios o su cónyuge o sus hijos, a titulo de sucesión por causa de muerte.

Tampoco se extiende a los adquiridos por los cónyuges de dichos funcionarios antes de su matrimonio.

CAPITULO III

De la caducidad de los derechos mineros

Artículo 21.- Las causales de caducidad de los derechos mineros son las siguientes:

I. Con carácter general para todos los títulos mineros:
a) Por vencimiento del plazo de validez del título;
b) Por rescisión del contrato que regula el goce del derecho minero correspondiente a los yacimientos de la Clase II;
II. Relativos a cada título:
a) Para el permiso de prospección:
1) La realización de actos u operaciones no comprendidos en la autorización;
2) Por cesión del derecho minero sin ajustarse a las disposiciones de este Código;
b) Para el permiso de exploración:
1) La inactividad durante los primeros seis meses de otorgado y asumido el derecho, sin causa suficiente que lo justifique;
2) Por cesión del derecho minero sin ajustarse a las disposiciones de este Código;
3) La realización de actos de explotación o disposición de las sustancias extraídas con propósito lucrativo, salvo que medie autorización previa de la Inspección General de Minas;
4) La falta de pago de dos períodos continuos del Canon de superficie.
c) Para la concesión minera:
1) La falta de pago de dos.años continuos del Canon de superficie o del Canon de producción;
2) Por cesión o arrendamiento del derecho minero sin ajustarse a las disposiciones de este Código;
3) Por renuncia o abandono del derecho;
4) Por falta de producción por seis meses continuos o por debajo del programa mínimo de producción por dos años continuos, si no existen las autorizaciones previas previstas por este Código;
5) Por incumplimiento reiterado de las obligaciones y cargas que impone este Código y los Reglamentos, previo apercibimiento.

Configuradas las causales establecidas en este artículo la caducidad se producirá de pleno derecho. El Poder Ejecutivo dictará el acto declarativo de la caducidad a efectos de su registro.

CAPITULO IV

De la vacancia de minas

Artículo 22.- Las minas, yacimientos o áreas mineras que presenten perspectivas de existencia de minerales revestirán la condición de vacantes en los siguientes casos:

a) Por vencimiento del plazo otorgado por el título minero;
b) Por caducidad declarada por el Poder Ejecutivo;
c) Por renuncia del titular del derecho minero;
d) Por comunicación de la autoridad en los casos de reservas mineras;
e) Por caducidad del derecho del descubridor (artículo 25).

Artículo 23.- Las minas, áreas mineras o descubrimientos inscriptos en el Registro de Vacancias, pueden ser objeto de solicitud directa por cualquier interesado, de permisos y concesiones para los yacimientos de la Clase III.

También pueden ser objeto de requerimiento por el Poder Ejecutivo, como autoridad minera, a fin de someterlos al régimen de la Clase II del artículo 7º.

La Dirección Nacional de Minería y Geología publicará periódicamente una relación de las minas, áreas mineras y descubrimientos, inscriptos en el Registro de Vacancias.

CAPITULO V

Derechos del descubridor del yacimiento

Artículo 24.- El descubridor de un yacimiento mineral de la Clase III, amparado por un título minero de prospección o exploración, si no quiere ejercer los derechos que confiere el título, tiene la facultad de ceder el derecho de descubridor bajo las siguientes condiciones:

a) Que el descubrimiento sea inscripto en el Registro General de Minería, previa aportación de los informes y estudios técnicos demostrativos del yacimiento descubierto, en plazo que no exceda de sesenta días calendario de la extinción de la validez del título que amparó su actividad minera;
b) Que dicha inscripción esté vigente en el Registro General de Minería;
c) Que la cesión se documente por acta suscrita por el cedente y el cesionario ante el Registro General de Minería.

Artículo 25.- La inscripción del derecho del descubridor en el Registro caduca al vencimiento del plazo de un año contado a partir del día siguiente de la extinción de la validez del título minero. Producida la caducidad el yacimiento se inscribe en el Registro de Vacancias.

Artículo 26.- El cesionario de los derechos del descubridor sucede al cedente en los derechos mineros atribuidos o que corresponda atribuir, debiendo acreditar las condiciones que requiera el título minero.

Artículo 27.- El derecho de descubridor, inscripto y en vigencia, se trasmite por causa de muerte, con las mismas exigencias para el o los sucesores establecidas por el artículo 14.

No se tendrá por descubridor al que descubriere mineral ejecutando trabajos mineros por orden o encargo de otro sino a aquél en cuyo nombre se practicaban.

CAPITULO VI

Derechos del superficiario

Artículo 28.- El propietario del predio superficial afectado por la actividad minera, tiene derecho:

a) A ser indemnizado por el minero por los daños y perjuicios que tengan origen en la actividad minera, aún cuando se hubieran adoptado todas las precauciones para evitarlo;
b) A ser compensado por las servidumbres que graven su predio en beneficio del titular minero, en la forma regulada por este Código;
c) A exigir del titular minero que adquiera su predio o parte del mismo si, como consecuencia de la actividad minera, se viera privado de la utilización del predio o de parte importante del mismo.Si las partes no pudieran llegar a un acuerdo respecto al precio de venta, éste se fijará por el mecanismo previsto en el procedimiento expropiatorio establecido en los artículos 22233637 y 38 de la ley 3.958, de 28 de marzo de 1912.

Si el titular del derecho minero no se aviene a la compra, el superficiario podrá solicitar a la autoridad minera la caducidad del derecho minero otorgado;

d) A percibir la participación del Canon de producción (artículo 45).

Artículo 29.- Si el superficiario, estatal, municipal o privado, considera que la actividad minera a desarrollar o en ejecución, perjudica o afecta gravemente a una actividad o proceso industrial, o a instalaciones o estructuras o complejos arquitectónicos o de ingeniería, áreas turísticas o a la conservación de suelos, planteará esta situación ante las autoridades minera.

El Poder Ejecutivo, con informe de la Dirección Nacional de Minería y Geología, resolverá lo que debe prevalecer en el caso, disponiendo las medidas consiguientes de seguridad o salvaguardia o denegando el otorgamiento del derecho minero o decretando la caducidad del otorgado.

Obligaciones del superficiario

Artículo 30.- El superficiario está obligado:

1) A permitir el ejercicio razonable de las servidumbre mineras debidamente declaradas;
2) A no obstaculizar o impedir la actividad minera.

CAPITULO VII

De las servidumbres mineras

Artículo 31.- Todos los inmuebles quedan sujetos a las siguientes servidumbres mineras:

a) De estudio:”Que comprende: el libre acceso a los predios para efectuar las labores necesarias para la prospección, la extracción de muestras de sustancias minerales, así como la instalación de carpas para el alojamiento de técnicos, personal auxiliar y equipos, por el tiempo indispensable para realizar los reconocimientos y relevamientos propios de la prospección;
b) De ocupación temporaria o permanente:Que habilita el reconocimiento del subsuelo por medio de sondeos y perforaciones, comprendiendo el emplazamiento y circulación de máquinas, instalaciones, vehículos, instalación de viviendas provisorias, la toma de agua necesaria para los trabajos y consumo del personal, el tendido de líneas de trasmisión eléctrica, de cintas transportadoras, de instalación de depósitos y almacenes, y, en general, las necesarias para la ejecución de la actividad minera;
c) De paso:Para el acceso a los lugares de laboreo y campamento instalado. La servidumbre se establecerá por los puntos más favorables para sus fines procurando causar el menor perjuicio al predio sirviente. El ancho de la senda de paso será el indispensable para el tránsito seguro de las personas y vehículos y para el acarreo o transporte de los materiales necesarios para las labores y para el retiro de las sustancias extraídas.

Los caminos abiertos para un mina aprovecharán a las demás que se encuentran en el mismo asiento y en tal caso los costos de conservación se repartirán a prorrata entre los titulares de derechos mineros;

d) De tendido de ductos:Que comprende el tendido de cañerías, el establecimiento de plantas de bombeo y toda la instalación necesaria para el funcionamiento de los ductos.

A los efectos de la indemnización la servidumbre de ductos se considera equivalente a la de ocupación permanente.

Las servidumbres de ocupación temporaria o permanente y las de paso pueden gravar inmuebles distintos a los comprendidos en el área determinada por el título minero.

Condiciones de imposición de las servidumbres mineras

Artículo 32.- La imposición de las servidumbres mineras será declarada, en cada caso, por el Poder Ejecutivo, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, salvo en el caso de las servidumbres de estudio necesarias para la investigación geológica y minera a que se refiere el Capítulo IX del Título III del Libro Primero.

Artículo 33.- La declaración de la servidumbre minera se efectuará previo expediente instruido por la Administración, en el cual deberá constar:

1) Petición del titular de un derecho minero, aportando los datos e informaciones necesarias;
2) Notificación al o a los propietarios de los inmuebles que gravará la servidumbre, otorgándole vista del expediente.

La notificación será personal o por edictos, si se ignora el domicilio, publicados por tres días en el “Diario Oficial” y en uno del lugar del inmueble.

La vista se otorgará por un plazo improrrogable de treinta días hábiles a cuyo efecto el expediente será puesto de manifiesto por dicho término.

El propietario, al evacuar la vista, deberá denunciar a los cotitulares del derecho de propiedad, si es el caso, y a todo titular de un derecho real o personal relativo al predio que pueda ser afectado por la servidumbre. En este caso, se conferirá también vista, a los mencionados por el propietario, por el mismo plazo.

En el caso de existir constituido usufructo sobre el inmueble que será gravado por la servidumbre, también será notificado el usufructuario.

Al evacuar la vista, los interesados podrán formular observaciones y estimar el monto del resarcimiento que, a su juicio, correspondiere por el no uso y goce del inmueble, o parte de él o de las mejoras.

Artículo 34.- Sustanciado el expediente y evacuadas todas las vistas conferidas o transcurridos los términos correspondientes, el Poder Ejecutivo dictará resolución declarando la servidumbre que se impone.

Esta resolución será notificada en forma personal o por edictos, como en la situación prevista por el artículo precedente.

Artículo 35.- El ejercicio de las servidumbres mineras da lugar a indemnización por los siguientes conceptos:

a) Por imposibilidad de usar y gozar del inmueble y sus mejoras, total o parcialmente;
b) Por daño causado al inmueble y a sus mejoras.

Por mejoras se entienden las construcciones, cercos e instalaciones en general, y asimismo, plantaciones, praderas mejoradas o artificiales, y otras similares.

Artículo 36.- Las indemnizaciones debidas para las distintas servidumbres se determinarán según las siguientes regias:

1) Para las servidumbres de paso, de ocupación temporaria o permanente, en cuanto signifiquen la imposibilidad de uso y goce del inmueble o sus mejoras, total o parcialmente: se tomará como criterio el precio de los arrendamientos de inmuebles de análoga calidad en la zona, teniéndose presente las mejoras existentes y la disminución de rentabilidad del resto del predio, sin perjuicio de indemnizar los daños y perjuicios que se causen;
2) Para la servidumbre de estudio, se tomarán en consideración los daños y perjuicios que se causen por el ejercicio efectivo de la misma.

Artículo 37.- Las indemnizaciones se abonarán de la siguiente manera:

a) Las que deriven de la imposibilidad de uso y goce del inmueble y sus mejoras, por prestaciones periódicas en semestres adelantados, actualizadas según la variación oficial del índice del costo de vida;
b) Las que respondan al daño causado al inmueble o a sus mejoras, al quedar consumado dicho daño.

Artículo 38.- El acto administrativo que declare la existencia de la servidumbre de paso, o de ocupación temporaria o permanente establecerá la cantidad que el beneficiario de la servidumbre deberá abonar, previo a su ejercicio efectivo, a cuenta del resarcimiento definitivo que acuerden las partes o, en su defecto, la autoridad jurisdiccional. La Administración fijará la cantidad mencionada, según una estimación prudencial adecuada a la indemnización, que deberá abonarse por semestres y por adelantado y actualizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 37.

Artículo 39.- Justificado el pago a cuenta del primer semestre ante la Administración, ésta autorizará el ejercicio inmediato de la servidumbre declarada.

Si este ejercicio es obstaculizado o no puede verificarse, el beneficiario recurrirá al Juez de Paz del lugar de ubicación del inmueble, quien, comprobado el derecho a la servidumbre declarada, intimará al opositor el cese de la oposición. A estos fines, el Juez podrá disponer el auxilio de la fuerza pública o imponer al opositor con la calidad de conminación pecuniaria o “Astreinte”, el pago de una suma diaria del orden del 1% de la cantidad fijada para cada semestre, hasta que se dé cumplimiento al mandato judicial.

Artículo 40.- Iniciado el ejercicio efectivo de la servidumbre, el acreedor de la indemnización por este concepto, tendrá acción ejecutiva contra el beneficiario de la servidumbre para el cobro de las cantidades que deba pagar a cuenta, según lo dispuesto por el artículo 38.

El testimonio del acto administrativo que establezca las cantidades semestrales pagaderas a cuenta constituirá titulo ejecutivo.

El ejercicio de esta acción ejecutiva no obsta las acciones judiciales que correspondan para determinar el justo monto del resarcimiento.

Artículo 41.- El juicio para la determinación del resarcimiento justo por la privación del uso y goce del inmueble gravado por la servidumbre se ajustará al procedimiento previsto para los incidentes (artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil). El demandado podrá reconvenir al contestar la demanda, corriéndose, en este caso, traslado al actor.

El fallo será recurrible como las interlocutorias.

La sentencia que fije el monto de la indemnización tendrá efecto desde la fecha de la demanda y determinará los pagos complementarios o las restituciones que correspondan con relación a lo abonado a cuenta.

Artículo 42.- Tanto el beneficiario de la servidumbre como el acreedor de la indemnización podrán deducir acción de revisión, conforme al mismo procedimiento judicial, fundados en el cambio de las circunstancias que fueron consideradas, a fin de modificar los montos de la indemnización.

Cuando se acoja la acción de revisión la sentencia tendrá efectos desde la fecha de la demanda.

Artículo 43.- Las reclamaciones por concepto de indemnización o resarcimiento de daños y perjuicios causados al predio o a sus mejoras, derivados del ejercicio de las servidumbres mineras, o de la ejecución de labores mineras, quedan sometidas al procedimiento del juicio ordinario.

Artículo 44.- Cuando el Estado o las entidades estatales sean los beneficiarios de la servidumbre minera, a falta de acuerdo sobre la indemnización, ésta se fijará por el procedimiento prescripto para la expropiación.

CAPITULO VIII

Derechos y Cánones mineros

Artículo 45.- Los derechos mineros otorgados son gravados, en relación a cada título, en la siguiente forma:

I. Derecho de prospección:

El titular de un permiso de prospección abonará nuevos pesos 100.00 (nuevos pesos cien) por cada 100 hectáreas o fracción comprendidas en el área de prospección, por una sola vez y por el plazo principal.

Por la prórroga, abonará N$ 200.00 (nuevos pesos doscientos)por cada 100 hectáreas o fracción, comprendidas en el área de prospección remanente.

El importe debe ser abonado al ser notificado el interesado del otorgamiento del título o su prórroga.

II. Canon de superficie:

Durante la vigencia del derecho de exploración otorgado, el titular del permiso, abonará por hectárea o fracción objeto de la exploración el siguiente Canon de superficie:

Por el primer año: N$ 200.00 (nuevos pesos doscientos), por hectárea o fracción.
Por el segundo año: N$ 400.00 (nuevos pesos cuatrocientos), por hectárea o fracción.
Por el tercero y cada año subsiguiente: N$ 600.00 (nuevos pesos seiscientos) por hectárea o fracción.

III. Canon de producción:

El titular de un derecho minero de explotación abonará desde el momento en que toma posesión de la concesión un Canon de producción, de acuerdo con las siguientes reglas:

1) El Canon de producción constituirá un porcentaje del valor del producto bruto extraído de la mina, antes de sufrir cualquier proceso de beneficio o transformación de sus componentes.Este valor se calculará por el promedio ponderado de los precios que el producto bruto tenga, en el último año transcurrido, en las plazas principales de comercialización, deducido el costo del transporte.

Si el producto bruto extraído no se comercializa en esas condiciones, sino después de sufrir un proceso de elaboración o transformación, se optará por el promedio ponderado de los precios de este producto resultante, en el último año transcurrido y en las plazas principales de comercialización deduciendo, en este caso, además del costo del transporte, el costo de la elaboración o transformación sufrida, para llegar al valor del producto bruto;

2) El porcentaje del Canon de producción será:
a) Para los yacimientos de la Clase III:
a) Para los primeros cinco años de explotación: 5%. Este porcentaje se compone de: un 2% de Canon estatal y un 3% de participación para el propietario del predio superficial;
b) Para los años siguientes será del 8%, que se compone de: 3% de Canon estatal y un 5% de participación del propietario del predio superficial;
c) Para los yacimientos de la Clase IV:
  El Canon de producción será desde el comienzo de la explotación de 10%. Este porcentaje se compone: un 5% de Canon estatal y un 5% de participación para el propietario del predio superficial.
3) El Canon de producción se abonará íntegramente a los organismos de recaudación estatales, abonando la Administración la participación que corresponda al superficiario dentro de los treinta días hábiles de percibido. Si fueran varios los propietarios de los predios superficiales correspondientes al yacimiento, la participación se distribuirá a prorrata de acuerdo con la extensión que abarque el área de la concesión minera en los distintos inmuebles;
4) El Canon de producción se pagará según las siguientes reglas:
a) Por semestre vencido y dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento. El porcentaje correspondiente será calculado sobre la producción mínima del programa de producción aprobado;
b) Cada dos semestres vencidos, y sin perjuicio del pago sobre la producción mínima, se efectuará la reliquidación correspondiente sobre la producción efectivamente obtenida. A este efecto, las planillas de producción deberán ser presentadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del segundo semestre. El pago del saldo del Canon, que resulte por reliquidación, deberá ser abonado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación que realice la Administración.
  Si la producción efectiva fuera inferior al mínimo programado, el Canon quedará consolidado para el semestre respectivo sobre el mínimo del programa.El inicio de los períodos semestrales será fijado por la Reglamentación.

Artículo 46.- Si el titular de un permiso de explotación es autorizado para disponer de las sustancias extraídas, abonará el Canon de producción relativo a dichas sustancias, conforme a las reglas del artículo precedente.

Artículo 47.- El Poder Ejecutivo podrá exonerar total o parcialmente la parte estatal del Canon de producción, por períodos que no excederán de los primeros diez años de la explotación, si considera que existen razones de interés general en fomentar dicha explotación.

Artículo 48.- Los derechos y cánones establecidos precedentemente constituyen prestaciones pecuniarias, con la calidad de contraprestación del goce, de naturaleza económica, de los derechos mineros otorgados por el Estado no constituyendo en consecuencia tributos (artículos 10 del Código Tributario).

No obstante y a los solos efectos de recargos e intereses por atrasos en el pago de los derechos y cánones mineros, regirán las disposiciones del artículo 96 del Código Tributario.

CAPITULO IX

De la investigación geológica y minera

Artículo 49.- El Poder Ejecutivo, el Ministerio y los organismos competentes en materia, minera, podrán realizar por sí o por contratación, las operaciones de prospección y exploración de yacimientos minerales con fines científicos o de relevamiento de los recursos minerales del país, con excepción de los correspondientes a la Clase 1, literal a) del artículo 7º.

La actividad o el contrato será dispuesto por el órgano jerarca de la persona estatal, debiendo comunicarse la resolución a la Dirección Nacional de Minería y Geología, para su registro.

La Dirección Nacional de Minería y Geología expedirá certificado del registro, que constituirá título suficiente de declaración de la servidumbre minera de estudio que requiera la actividad de investigación.

Artículo 50.- El Poder Ejecutivo, decretará, simultáneamente, la reserva minera a efectos de amparar las operaciones indicadas, según lo previsto por el artículo 52.

CAPITULO X

De la reserva minera

Artículo 51.- EL Poder Ejecutivo podrá disponer la reserva minera de áreas o yacimientos de sustancias minerales en el territorio nacional con determinación de las mismas comprendiendo todas las sustancias minerales o parte de ellas.

Artículo 52.- La reserva minera se dispone:

a) A efectos de amparar las operaciones de prospección y exploración que se realicen con fines científicos o de relevamiento de los recursos minerales;
b) A efectos de promover la actividad minera y, fundamentalmente, la explotación de los recursos minerales.

La reserva minera suspende, mientras esté vigente, el otorgamiento de permisos de prospección respecto a las áreas alcanzadas por la reserva.

Artículo 53.- Al decretarse la reserva minera, se determinará el o los organismos que llevarán a cabo las tareas que eventualmente se disponga efectuar y se fijará el plazo de la misma en consideración a las áreas, clases de mineral y métodos a utilizar para las exploraciones que se disponga realizar, con un máximo de tres años prorrogable por dos años más por causas fundadas.

Artículo 54.- Los yacimientos y sustancias minerales que se descubran al amparo de la Reserva Minera, quedan incluidos en la Clase II del artículo 7º.

El Poder Ejecutivo podrá disponer la extinción anticipada de la Reserva Minera, con respecto a áreas o sustancias determinadas, si considera cumplidos los fines que determinaron la reserva.

Artículo 55.- Aun en las áreas o yacimientos de sustancias minerales amparadas por derechos mineros de prospección, exploración o explotación, podrán ser realizadas las tareas correspondientes a la reserva minera dispuesta con fines científicos o de relevamiento de los recursos minerales, sin incidencia alguna sobre los derechos mineros otorgados.

En los casos de actividad minera simultánea en áreas amparadas por un título minero preexistente a la reserva en vigencia, los descubrimientos o detecciones de áreas con perspectivas mineras, concretamente determinados. y que resulten de operaciones realizadas por una sola parte corresponderán a ésta, previa denuncia ante el Registro.

Si el descubrimiento o detección de área minera fuera simultáneo o concurrente en virtud de que ambas partes realizan las operaciones en áreas comunes, la atribución del descubrimiento seguirá las siguiente reglas:

a) Corresponderá, sin obligación de acreditar prioridad, al titular particular, si se trata de sustancias minerales que fueron nominadas al solicitar el permiso de prospección o de las adjudicadas al otorgarse el permiso de exploración o la concesión para explotar;
b) En los demás casos, corresponderá a la reserva minera.

Artículo 56.- Las resoluciones del Poder Ejecutivo disponiendo las reservas mineras así como el cese de las mismas, deberán ser publicadas en el “Diario Oficial”, en dos diarios de la Capital y en un diario del departamento donde se encontrara radicada la reserva.

CAPITULO XI

De las infracciones

Artículo 57.- Las violaciones, en general de las disposiciones de este Código y de las reglamentaciones correspondientes, el incumplimiento de las obligaciones y cargas que dichas normas imponen y toda forma de obstaculizar o impedir la ejecución de las actividades mineras, constituyen infracciones sancionadas por este Código.

Artículo 58.- La actividad minera y la extracción de sustancias minerales, sin disponer de la habilitación de un título minero, configuran infracción administrativa.

CAPITULO XII

De las sanciones

Artículo 59.- Las infracciones administrativas serán objeto de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;
b) Multas. que se graduarán según la infracción y la circunstancia agravante de reiteración, entre N$ 500.00 (nuevos pesos quinientos) y N$ 1:000.000.00 (nuevos pesos un millón). Dichos montos serán actualizados conforme a lo dispuesto en el artículo 37;
c) La caducidad del derecho minero.

LIBRO SEGUNDO

REGULACION DE LA ACTIVIDAD MINERA

PRIMERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

Principio de habilitación

Artículo 60.- De acuerdo con lo prescripto por los artículos 1011 y 18 de este Código, la actividad minera en el territorio nacional sólo puede realizarse:

a) Para los yacimientos de la Clase I (artículo 7º):Por la atribución de derechos mineros al Estado y a los entes estatales descentralizados, industriales o comerciales;
b) Para los yacimientos de las Clases II, III y IV (artículo 7º):Por la institución de títulos mineros que otorgan los derechos de prospección, exploración y explotación a los agentes legitimados para la actividad (artículo 19).

Se consideran incluidas las entidades estatales industriales y comerciales respecto a aquellos yacimientos minerales que sean aptos o necesarios para las industrias o actividades de su competencia.

Reglas de la institución del titulo minero

Artículo 61.- Los títulos mineros se instituyen, con relación a las clases de yacimientos, en la siguiente forma:

a) Para la Clase II:Por selección del titular realizada por el Poder Ejecutivo, en consideración a las mejores condiciones que se acuerden para la ejecución de la actividad (artículo 82);
b) Para la Clase III:Según las reglas específicas de este Código;
c) Para la Clase IV:En beneficio del propietario del predio superficial (artículo 5º) o de terceros, en los casos en que el propietario no ejerciera el derecho de reserva.

Regulación del goce de los derechos mineros

Artículo 62.- Rigen las disposiciones generales de este Código para todos los regímenes, en lo que no son modificadas expresamente para cada régimen en particular:

a) Para la Clase I:El Poder Ejecutivo determinará las condiciones específicas del goce de los derechos mineros;
b) Para la Clase ll:Un acuerdo contractual regulará las condiciones particulares del goce, en el marco de condiciones legales básicas de estipulación necesaria;
c) Para las Clases III y IV:Rigen las disposiciones especificas de este Código.

CAPITULO II

Principios generales que rigen la ejecución de la actividad minera

Artículo 63.- Son condiciones básicas para la ejecución de la actividad minera, con relación a cada una de sus fases:

a) El programa de la actividad y de la explotación, adecuados al yacimiento, con especificación de métodos a aplicar;
b) El plan de inversiones;
c) La caución o el aval que asegure el resarcimiento de los daños y perjuicios que deriven de las labores mineras;
d) La determinación del área que será objeto de actividad minera y los plazos de ejecución de cada fase;
e) La autorización especial referida a zonas sujetas a autorizaciones especiales (artículo 64);
f) Deslinde, mensura y señalización del área que será objeto de explotación.

Para la Clase I, el Poder Ejecutivo determinará lo que corresponda, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de lo establecido por el artículo 104.

Para la Clase IV, la Inspección General de Minas adecuará el régimen, en tanto el área de explotación esté contenida dentro del predio superficial, si su propietario es el titular de la Concesión.

Para las Clases II, III y IV, cuando el concesionario no es el propietario del predio superficial, son de aplicación las prescripciones de los artículos 104 y siguientes.

Zonas sujetas a autorizaciones especiales

Artículo 64.- Las áreas que serán objeto de labores mineras deberán ser examinadas previamente al otorgamiento del título, por las autoridades militares, a fin de verificar que dichas labores se ejecuten a más de 2.000 metros de los puntos fortificados. A estos efectos, la Dirección Nacional de Minería y Geología remitirá comunicación con descripción del área al Ministerio de Defensa Nacional.

Las autoridades militares otorgarán la autorización correspondiente o la denegarán sin expresión de causa.

La autorización será ficta transcurridos treinta días calendario de la recepción por el Ministerio de Defensa Nacional de la comunicación remitida por la Dirección Nacional de Minería y Geología. La autorización es necesaria solamente una vez tratándose de la misma área o fraccionamiento menor contenido en su perímetro.

Artículo 65.- Las labores mineras no podrán practicarse en terrenos cultivados, a una distancia menor a 40 metros de un edificio o de una vía férrea o de un camino público, a 70 metros de cursos de agua, abrevaderos o cualquier clase de vertientes. Si las labores mineras en dichas zonas fueran indispensables, la Dirección Nacional de Minería y Geología, podrá otorgar una autorización especial a ese fin, prescribiendo las medidas de seguridad que correspondan.

SEGUNDA PARTE

DISPOSICIONES ESPECIALES

TITULO I

REGIMEN DE LOS YACIMIENTOS DE LA CLASE I

CAPITULO I

Artículo 66.- Los derechos mineros de prospección, exploración y explotación, relativos a los yacimientos minerales de la Clase I (artículo 7º) son atribuidos al Estado y a las entidades estatales descentralizadas competentes, y regulados específicamente por las disposiciones de este Titulo, sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, en todo lo que no está expresamente modificado.

Artículo 67.- Los yacimientos del literal a) de la Clase I quedan sometidos al régimen que prescribe el Capítulo II de este Título.

Artículo 68.- Los yacimientos del literal b) de la Clase I, pueden ser objeto de actividad minera, en la siguiente forma:

a) El Poder Ejecutivo, directamente por sus organismos especializados, o por contratación bajo su responsabilidad, podrá realizar las operaciones de prospección y exploración;
b) La prospección, exploración o explotación podrán ser cometidas por el Poder Ejecutivo, a entes estatales industriales o comerciales existentes o realizadas por los que se crearen en el futuro con dicha competencia específica.

Artículo 69.- Para los yacimientos de la Clase I, el Poder Ejecutivo establecerá, en cada caso, para la realización de la actividad minera, la extensión y forma del área que será objeto, de labores mineras, el plazo de ejecución de cada etapa y las demás condiciones que requiera el desarrollo de dicha actividad. Son de aplicación a este régimen las disposiciones sobre servidumbre minera y vigilancia establecidas por este Código.

Artículo 70.- Las sustancias minerales de los yacimientos de la Clase l, al ser separadas o extraídas del yacimiento, se incorporan al dominio privado del Estado, con excepción de los volúmenes necesarios para resarcir el costo de producción o para retribuir al contratista, si es el caso, que se incorporan al patrimonio de la entidad estatal que realiza la actividad minera.

CAPITULO II

Régimen de los yacimientos del literal a) de la Clase I

Artículo 71.- La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) es el organismo competente para realizar la actividad minera correspondiente al literal a) de la Clase I, del artículo 7º.

Artículo 72.- ANCAP podrá ejecutar una, varias o todas las fases de la operación petrolera mediante contratación con terceros, a nombre del Ente Estatal, contratando a tales efectos con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, o con organismos internacionales.

La contratación podrá revestir cualquiera de las formas utilizables en la materia, incluso la que pone el riesgo a cargo del contratista.

Artículo 73.- Las bases de contratación deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo el que también deberá aprobar el contrato a suscribirse como condición de validez del mismo.

Para la selección del contratista, se procederá mediante concurso de ofertas o licitación pública, pudiendo prescindirse de esos procedimientos y efectuar la contratación directa con autorización del Poder Ejecutivo.

El pacto de retribución en especie al contratista, se entenderá siempre bajo la condición de que el Ente Estatal tendrá el derecho de adquirir al contratista los volúmenes de hidrocarburos que hayan de destinarse al mercado interno, determinándose en la contratación las oportunidades, proporciones y bases de precios correspondientes.

Artículo 74.- Todas las actividades comprendidas en la industria de hidrocarburos se declaran de interés nacional.

Artículo 75.- Las sustancias de la Clase I, literal a) del artículo 7º y las sustancias que las acompañan, cualquiera sea el estado físico en que se encuentren o forma en que se presenten, por el hecho de la explotación o extracción quedan desafectados del dominio originario, incorporándose al dominio común del Estado.

Los volúmenes que sea necesario utilizar para las operaciones así como los requeridos para el resarcimiento del costo de producción, o para retribuir al contratista, por el hecho de la exploración o de la extracción quedarán incorporados al patrimonio de ANCAP.

Los volúmenes restantes serán administrados por ANCAP.

El contratista, podrá disponer libremente para la exportación de los volúmenes de sustancias que le correspondan de acuerdo al contrato.

Artículo 76.- Se declaran de utilidad pública las expropiaciones que se requieran para el cumplimiento de cualquiera de las actividades relativas a la industria de las sustancias de la Clase I literal a) del artículo 7º en cualquiera de sus formas y fases.

TITULO II

REGIMEN DE LOS YACIMIENTOS DE LA CLASE II

CAPITULO I

Artículo 77.- Los yacimientos de la Clase II (artículo 7º), podrán ser objeto de actividad minera, en virtud de los títulos mineros que instituya la autoridad competente, con sujeción a las condiciones estipuladas en los artículos siguientes.

Artículo 78.- El Poder Ejecutivo instituirá el título minero, atribuyendo los derechos correspondientes, al agente que seleccione si considera, conforme a las disposiciones siguientes, que cumple con las condiciones necesarias, desde el punto de vista técnico, económico y empresarial, para ejecutar las labores mineras relativas a estos yacimientos.

CAPITULO II

Bases de la selección

Artículo 79.- Son condiciones básicas: las establecidas por el artículo 64, con las siguientes especificaciones:

a) El plazo de las operaciones de prospección y exploración no excederá, en conjunto, de cinco años, debiéndose prescribir liberación de áreas por cada año del período;
b) El plazo de explotación no excederá de treinta años, prorrogable por períodos de diez años cada uno;
c) Las áreas para cada operación serán fijadas por el Poder Ejecutivo, en consideración, al tipo de yacimiento y de explotación;
d) Los programas de actividad para cada etapa y, particularmente, el desarrollo de la explotación;
e) El plan de inversiones mínimas, proyectado para etapas sucesivas.

Artículo 80.- Será objeto de condicionamiento particular, dentro del marco de las condiciones básicas:

a) La determinación concreta de las áreas y de los plazos;
b) Las cláusulas de compromisos de la actividad a desarrollar, de la producción a alcanzar y de las inversiones a realizar;
c) La estipulación de las prestaciones pecuniarias, derechos de prospección, cánones de superficie y de producción, estableciendo la cuantía, variabilidad, revisión y períodos de exención, si correspondiere.

CAPITULO III

Regulación del goce del derecho minero

Artículo 81.- Las condiciones legales básicas y las condiciones particulares serán objeto de un contrato especial que regulará el goce del derecho minero que atribuya el título respectivo.

El citado contrato debe establecer:

1) Las condiciones de permanencia del goce del derecho minero por el período convenido;
2) La necesidad de actividad minera por parte del titular para conservar el derecho;
3) La fijación de un plazo de la concesión suficiente para amortizar la inversión;
4) La enumeración precisa de las causas de rescisión de pleno derecho del contrato, que incluirá expresamente:
a) El no cumplimiento del programa de explotación o del plan de inversiones.
b) El no pago de las prestaciones pecuniarias.

CAPITULO IV

Artículo 82.- El Poder Ejecutivo realizará la selección del titular, considerando las propuestas presentadas. La selección, se fundará en la apreciación, de las seguridades y garantías que proporcione el futuro titular de una explotación racional, acorde con el mejor aprovechamiento económico del yacimiento.

Artículo 83.- Si el Poder Ejecutivo considera aceptable las condiciones propuestas, instituirá el o los títulos mineros correspondientes, y aprobará el contrato de regulación del goce de los derechos mineros, que se suscribirá simultáneamente a la notificación del otorgamiento del título.

CAPITULO V

Empresas de economía mixta

Artículo 84.- En la convocatoria de propuestas prevista por el artículo 82, el Poder Ejecutivo podrá establecer, como condición de preferencia o como condición de aceptación, que el proponente participe en una empresa de economía mixta.

TITULO III

REGIMEN DE LOS YACIMIENTOS DE LA CLASE III

CAPITULO I

Artículo 85.- Los yacimientos minerales de la Clase III (artículo 7º) pueden ser objeto de actividad minera en virtud de los títulos correspondientes, según las disposiciones siguientes.

CAPITULO II

De la prospección

Artículo 86.- La operación de prospección sólo puede ser realizada por el titular de un permiso de prospección que será otorgado con arreglo a los siguientes extremos que deberá justificar el solicitante:

1) Plano de deslinde del área a prospectar y croquis de la zona;
2) Programas de la actividad, especificando métodos y técnicas a emplear;
3) Sustancias minerales determinadas taxativamente que serían objeto de la prospección;
4) Servidumbre minera que estime necesaria declarar;
5) Caución o aval que asegure el resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan derivar de la actividad.

El monto será fijado por la Inspección General de Minas y no podrá ser liberado hasta  sesenta días calendario cumplidos del vencimiento del plazo del permiso,   si no hubieren reclamaciones pendientes; si las hubiese, la garantía se mantendrá hasta su definición.

La Reglamentación establecerá las precisiones técnicas y el desarrollo de los extremos precedentes.

Areas y plazos de la prospección

Artículo 87.- El permiso de prospección tendrá una validez entre un mínimo de doce meses y un máximo de veinticuatro meses, que podrá ser prorrogada por doce meses más, debiendo liberarse, para tener derecho a la prórroga, el 50% del área originaria.

La extensión máxima del área o zona a prospectar de cada permiso será de 100.000 hectáreas y el límite total, en caso de otorgarse más de un permiso a la misma persona será de 200.000 hectáreas.

Para la fijación concreta del área de prospección, la Autoridad Minera tendrá en cuenta el programa de la actividad propuesto, la tecnología y equipos a utilizar.

En zonas acuáticas los máximos de extensión del área serán fijados, en cada caso, por el Poder Ejecutivo.

El plazo se cuenta a partir del día siguiente de la notificación al interesado del permiso otorgado. El curso del plazo sólo podrá ser interrumpido por razones justificadas por el titular y aceptadas por la Inspección General de Minas, no extendiéndose esta interrupción en ningún caso por más de seis meses calendario.

Condiciones del otorgamiento

Artículo 88.- El permiso de prospección se otorgará previa verificación de las siguientes condiciones:

a) Que no incidan en el área otros derechos mineros vigentes o en trámite;
b) Que no se encuentre el área sometida a reserva minera;
c) Que se justifique el cumplimiento de los extremos determinados por el artículo 86 y los dispuestos por la reglamentación;
d) Que se haya otorgado la autorización especial prevista por el artículo 64.

Artículo 89.- Durante la vigencia de un derecho minero o mientras se encuentre en trámite formal, no se admitirán peticiones de otros títulos ni la solicitud constituirá prelación de ninguna clase. Sólo se admitirá la petición cuando el área o el mineral determinado hayan quedado expeditos y la prelación será exclusivamente cronológica.

Derechos que otorga el título

Artículo 90.- El permiso habilita, en exclusividad, la realización de todas las labores tendientes a determinar áreas con expectativas mineras, mediante procedimientos o técnicas adecuadas y a la extracción de muestras para análisis y ensayos de laboratorio.

Durante la vigencia del permiso y hasta treinta días calendario siguientes al vencimiento del plazo, sólo su titular podrá denunciar yacimientos nuevos o áreas con expectativas mineras, y obtener, con exclusión de cualquier otro, un permiso de exploración o una concesión para explotar, si está en condiciones de acreditar los extremos requeridos para el otorgamiento de dichos títulos.

Obligación del permisario

Artículo 91.- Al vencer el plazo del permiso cualesquiera sea el resultado de la actividad deberá presentar a la Inspección General de Minas, un informe detallado y documentado de la labor realizada. Este informe será condición para la devolución o liberación de la caución constituida.

CAPITULO III

De la exploración

Artículo 92.- Las operaciones de exploración sólo podrán ser realizadas por el titular de un permiso de exploración.

Artículo 93.- El otorgamiento del permiso de exploración se hará con arreglo a los siguientes presupuestos:

1) Por razón de prioridad al titular de un permiso de prospección, que lo solicite en tiempo y forma;
2) A cualquier tercero, respecto a yacimientos o áreas mineras inscriptas en el Registro de Vacancias o respecto a áreas que el solicitante considere con fundamentos que presentan perspectivas mineras sujetas a aprobación de la Inspección General de Minas. En todos los casos, con verificación previa de las condiciones requeridas por el artículo 88;
3) El solicitante deberá acreditar:
a) Plano o croquis del área a explorar, con la información de ubicación, deslinde y extensión;
b) La o las sustancias taxativamente determinadas que se proponen explorar y los estudios técnicos realizados;
c) Programa de operaciones, especificando tareas, métodos, técnicas, máquinas y equipos a emplear;
d) Servidumbre minera que estime necesaria para su actividad;
e) Designación del técnico responsable de la actividad;
f) Plan de inversiones;
g) Capacidad económica o financiera adecuadas al Programa de Trabajo;
h) Caución o aval que asegure el resarcimiento de los daños y perjuicios que deriven de la actividad minera.

El reglamento desarrollará los extremos precedentes con especificación de los detalles técnicos que correspondieren.

Areas y plazos de la exploración

Artículo 94.- El área, objeto del permiso de exploración será de un solo cuerpo y su forma lo más regular posible con una extensión máxima de 1.000 Há., por cada permiso y un máximo total, para el caso de más de un permiso a la misma persona de 2.000 Há.

El permiso de exploración se otorga por un plazo de dos años, prorrogable por dos veces por períodos de un año.

Para optar a la primer prórroga, debe liberarse el 50% del área de exploración originaria y para la segunda prórroga el 50% del área remanente.

El cómputo del plazo se iniciará desde la fecha de notificación del otorgamiento del permiso y sólo admitirá interrupción por causas justificadas, no pudiendo exceder dicha interrupción de un plazo de seis meses calendario.

Derechos que otorga el título

Artículo 95.- El permiso de exploración habilita al titular para realizar, en exclusividad, sobre el área amparada todas las labores que requieran el estudio y evaluación del yacimiento.

Durante el plazo del permiso, sólo el titular podrá solicitar concesión para explotar sobre el área y sustancias minerales comprendidas en el permiso de exploración, acreditando los extremos exigidos para el otorgamiento del título.

Obligaciones del permisario

Artículo 96.- El permisario está obligado:

1) A iniciar la exploración dentro del término de seis meses de iniciado el cómputo del plazo con el descuento de la interrupción que fuera autorizada;
2) A ejecutar racionalmente el programa de actividad propuesta y las inversiones proyectadas;
3) A comunicar, dentro de los sesenta días calendario de ocurrido todo descubrimiento de minerales no comprendidos en el permiso;
4) Presentar trimestralmente informe de la actividad cumplida, con agregación de muestras y análisis;
5) Presentar al término de la exploración, cualquiera fuere la causa de la extinción del permiso, un informe final detallado y documentado de la labor realizada.

Artículo 97.- El titular del permiso de exploración no podrá establecer una explotación formal, pero si solicitar autorización a la Inspección General de Minas para realizar experiencias preparatorias de explotación, pudiendo en este caso, disponer de las sustancias minerales extraídas en las cantidades máximas que establezca la autorización.

CAPITULO IV

De la explotación

Sección I

Artículo 98.- La explotación de yacimientos de la Clase III se podrá realizar en virtud de una concesión para explotar, otorgada con arreglo a las siguientes disposiciones.

Sección II

Número de concesiones

Artículo 99.- Una persona física o jurídica podrá ser titular de un número indeterminado de concesiones para explotar hasta un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo mineral.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar que se exceda el área máxima si los programas de explotación, de industrialización o por razones fundadas en factores de mercado, hacen necesario disponer de un área superior al máximo.

En ningún caso, el máximo básico podrá excederse si conduce al minero a la situación de único explotador de un mineral determinado.

Sección III

Condiciones para el otorgamiento de la concesión

Artículo 100.- El otorgamiento de una concesión para explotar se hará con arreglo a los siguientes presupuestos:

1) Por razón de prioridad del titular de un permiso de prospección o de un permiso de exploración, si formula su petición en tiempo y forma;
2) A cualquier tercero, respecto a yacimientos o áreas mineras inscriptas en el Registro de Vacancias o respecto a áreas que el solicitante considere con fundamentos y estudios previos que ofrecen perspectivas mineras ciertas, sujeto a aceptación de la autoridad respectiva.En todos los casos con verificación previa de las condiciones establecidas por el artículo 88 y de la autorización para zonas especiales (artículo 64);
3) El solicitante deberá justificar los siguientes extremos:
a) Descripción del yacimiento, ubicación, forma, clase y ley del mineral, los volúmenes de reserva comprobados y todos los demás datos y elementos demostrativos de la posibilidad de una explotación racional;
b) Croquis de la zona y plano de deslinde del área, determinando la extensión necesaria para la explotación del yacimiento y para la instalación de los equipos, maquinas, utilaje, y demás elementos complementarios de la explotación;
c) Determinación de los procedimientos o técnicas a emplear, detallando equipos y maquinas;
d) Programa de operaciones discriminando:
Volúmenes de producción.
Características que asumirá la producción, en bruto, beneficiada, industrializada.
Inversiones mínimas a realizar.
e) Acreditar capacidad técnica y financiera adecuada al Plan de Explotación a desarrollar;
f) Determinar la servidumbre minera que estime necesaria para la explotación;
g) Proponer el o los técnicos que dirigirán la explotación;
h) Constituir garantía suficiente para responder por los daños y perjuicios que se deriven de la actividad minera, fijando su monto la Inspección General de Minas.

Artículo 101.- El programa de explotación con determinación de la producción mínima anual, podrá ser objeto de revisión, si las condiciones del proceso de explotación o las características que revele la mina durante este proceso, lo justifique.

La revisión podrá efectuarse en términos no menores de tres años.

Sección IV

Formas especiales de explotación

Artículo 102.- El Poder Ejecutivo con informe favorable de la Dirección Nacional de Minería y Geología podrá autorizar un régimen de explotación especial, a titulares de concesiones para explotar, en los siguientes casos:

a) Si los programas de industrialización o de colocación del producto en los mercados, justifican que el proceso de explotación presente etapas diversas de actividad, inactividad o disminución de la producción;
b) Si existen razones de orden técnico o económico que justifiquen diferir, por períodos determinados la explotación de las distintas minas del titular.

En los casos que se autorice la inactividad o se difiera la explotación de la mina, los períodos serán de hasta tres años, prorrogable por dos veces por igual término.

En los períodos de inactividad autorizados, el titular deberá abonar el Canon de superficie, correspondiente a la etapa de exploración, multiplicado por 2, 3 y 4, según se trate del primer período o de las prórrogas siguientes.

Sección V

Areas y plazos de la concesión

Artículo 103.- La concesión para explotar fijará la extensión del área que se ampara, entre el mínimo compatible con una explotación racional y un máximo de 500 hectáreas.

Para la fijación concreta del área, la autoridad minera tendrá en cuenta las siguientes determinantes:

a) Tipo de yacimiento o mina;
b) Programa de explotación;
c) Plan de inversiones.

El plazo de validez de la concesión será fijado por la autoridad minera, en el mismo acto de otorgamiento de concesión, por el plazo solicitado, con un máximo de treinta años.

Este plazo es prorrogable por períodos sucesivos de hasta quince años cada uno, mientras la mina sea susceptible de explotación.

Las prórrogas deben ser solicitadas dentro del primer semestre del año de validez del plazo existente y serán otorgadas contra presentación del nuevo programa de operaciones (literal d), artículo 100 y justificación de estar al día en el pago del Canon de Producción y de Superficie.

La prórroga, gestionada en plazo, se reputará otorgada si no existe pronunciamiento de la autoridad minera al vencimiento del plazo de validez hasta entonces vigente.

Sección VI

Deslinde y mensura del área de explotación

Artículo 104.- Si la Inspección General de Minas considera procedente la concesión para explotar, quedarán prorrogados automáticamente los derechos del permisario, si es el caso, hasta que se otorgue la concesión.

Asimismo, la Inspección General de Minas dispondrá las instrucciones concernientes al deslinde, mensura y amojonamiento, considerando a este efecto, la propuesta del peticionante. Este deberá proceder a la operación, con técnico habilitado y bajo la supervisión de la Inspección General de Minas, según las condiciones que determine la reglamentación.

El pliego de instrucciones de la Inspección General de Minas será notificado personalmente al peticionante, otorgándosele un plazo de sesenta días calendario para dar término a la operación. Este plazo podrá ser prorrogado por causas fundadas.

Concesiones linderas y demasías

Artículo 105.- Si hubieron concesiones linderas, serán citados personalmente los dueños o directores de la mina, para que en plazo de cinco días hábiles se constituyan en el proceso de operaciones de mensura y amojonamiento y formulen las reclamaciones que estimen pertinentes.

Estas observaciones se consignarán en el acta que acompaña las diligencias de mensura.

Si entre la concesión nueva y la lindera no hubiere terreno suficiente para realizar el deslinde previsto para obtener una forma regular o quedaran espacios libres entre las concesiones la concesión se extenderá hasta el limite de la otra concesión.

Artículo 106.- Todas las diligencias de mensura y amojonamiento serán consignadas bajo actas firmadas por el funcionario técnico de la Inspección General de Minas, el técnico del peticionante y de todas las personas que participen en las operaciones.

La Inspección General de Minas examinará y resolverá las observaciones y reclamaciones que consten en dichas actas y decidirá la aprobación de la operación si corresponde.

Una copia autenticada del plano de mensura se agregará al acta de concesión.

Los gastos de las operaciones (técnicos, transporte, viajes, peones, alimentos, estadía, honorarios, etc.) serán de cargo de los peticionantes,

Sección VII

Acta de posesión de la mina

Artículo 107.- Otorgada la concesión para explotar, la Dirección Nacional de Minería y Geología, previa notificación al peticionante le dará posesión de la mina, labrándose el acta respectiva.

Sección VIII

Derechos que otorga la concesión para explotar

Artículo 108.- Esta concesión otorga a su titular el derecho a explotar la mina en exclusividad y a disponer de las sustancias minerales que extraiga de la misma. Si se tratara de sustancias no individualizadas originariamente deberá formular la denuncia formal e inmediata ante la Dirección Nacional de Minería y Geología, sin perjuicio de su derecho a disponer de las mismas. Quedan excluidas las sustancias de los yacimientos de la Clase I, II y IV que seguirán sometidas a su régimen especifico, sin perjuicio de la obligatoriedad de la denuncia de la misma por el titular de la concesión, bajo pena de caducidad de su derecho.

La simultaneidad o concurrencia de explotación en el caso del inciso precedente, será dispuesta y regulada por el Poder Ejecutivo, incluso con reducción de áreas, y si no fuera posible la explotación simultánea, la citada autoridad decidirá según la importancia o el valor de los yacimientos cual deberá prevalecer, disponiendo, si fuera el caso, la caducidad de la concesión para explotar, indemnizando a su titular de los daños y perjuicios que deriven de la caducidad dispuesta.

Sección IX

De la internación

Artículo 109.- Los concesionarios no podrán prolongar sus labores fuera de los limites de su concesión.

Toda internación en una mina lindera obliga al que la efectúa al pago del mineral que ha extraído y a indemnizar todos los perjuicios causados.

Si los minerales estuvieren aún en poder del internante, el afectado podrá exigir la restitución, deducidos los costos de extracción, además de la indemnización de los perjuicios.

Si hubiere mala fe, el pago del mineral o la restitución se hará sin deducción alguna sin perjuicio de la responsabilidad penal del internante por delito de hurto.

La mala fe se presume:

a) Si la internación excede de 10 metros, medidos desde el plano vertical que limita las minas;
b) Si el internante se opone o dificulta la visita de su mina.

Sección X

Derecho de visita

Derechos de los mineros colindantes

Artículo 110.- Los concesionarios lindantes tienen derecho a visitar la mina vecina personalmente o por intermedio de un ingeniero nombrado a su requerimiento por la Inspección General de Minas, siempre que sospechase haberse producido internaciones o que estuviese próxima a efectuarse o temiesen inundación u otro perjuicio de esta especie o cuando de la inspección geológica creyeren poder obtener observaciones útiles para sus explotaciones respectivas.

Cuando la visita se haya solicitado por motivo de internación que se sospecha, o por temor de inundación, podrán además ser mensuradas las labores inmediatas a la mina del solicitante.

Artículo 111.- La negativa infundada, la ocultación de labores internadas o cualesquiera dificultades y obstáculos puestos para la inspección o examen, harán presumir falta de buena fe en la internación, si de la mensura que se practique resultara comprobado el hecho de la internación, la Inspección General de Minas ordenará suspender provisoriamente los trabajos en las labores internadas y fijar sellos en los puntos divisorios, mientras los interesados dirimen el litigio en la vía jurisdiccional.

Sección XI

Del abandono

Artículo 112.- El explotador que quisiera abandonar su mina deberá declararlo por escrito a la Inspección General de Minas. Esta luego de la inspección técnica necesaria y de comprobar que la mina queda en condiciones de seguridad adecuadas, ordenará inscribir la declaración del abandono en el Registro y la publicará en el “Diario Oficial” por tres días consecutivos y en otros dos diarios por una sola vez.

Si hubiere acreedores hipotecarios sobre la mina, el concesionario deberá notificarlos previo a la declaración de abandono y transferirle sus derechos si así lo exigieren.

En la declaración de abandono no podrá ponerse ninguna condición.

Responsabilidad del concesionario

Artículo 113.- Si el concesionario explotador no hace el abandono formal del modo prescripto, sigue sujeto a todas las cargas y obligaciones inherentes a la posesión de la mina y será responsable de los daños y perjuicios que causare el abandono de hecho, sin perjuicio de las multas y otras sanciones que correspondan.

Sección XII

Régimen de laboreo de las minas

Artículo 114.- El régimen de laboreo de las minas y todo lo concerniente a las prescripciones y medidas de orden técnico se ajustarán a los reglamentos vigentes o los que se dicten en el futuro.

TITULO IV

Régimen de los yacimientos de la Clase IV

CAPITULO I

Artículo 115.- Los yacimientos minerales de la Clase IV, pueden ser objeto de actividad minera en virtud de los títulos mineros correspondientes, de acuerdo a las condiciones que establecen las disposiciones siguientes.

CAPITULO II

Derechos del propietario del predio superficial

(Artículo 5º)

Artículo 116.- El propietario del predio superficial, de ubicación del yacimiento, en virtud de la reserva establecida por el artículo 5º, puede realizar actividad minera, bajo estas condiciones:

a) Si la actividad minera no tiene carácter industrial o se desarrolla sin fines lucrativos, o es requerida por organismos públicos:
El propietario está facultado para realizarla sin necesidad de titulo minero, sin perjuicio de la vigilancia de las autoridades mineras y del sometimiento a los reglamentos de seguridad y salubridad y a las reglas que aseguran la racionalidad de los trabajos;
b) Si la actividad minera a desarrollar tiene fines lucrativos, sólo podrá ejecutarse en virtud del titulo minero correspondiente.

Artículo 117.- En el caso previsto en el literal b) del artículo 116, el propietario deberá solicitar que se le otorgue el titulo minero que considere corresponda a la naturaleza y condiciones del yacimiento, proporcionando la información pertinente a estos efectos (Artículo 120).

Si no existen derechos mineros vigentes sobre dicho yacimiento y la explotación no afecta una disposición de interés general, el titulo minero será otorgado a favor del propietario.

CAPITULO III

Derechos de terceros

Artículo 118.- Si no existen derechos mineros vigentes sobre el yacimiento, cualquier tercero puede presentar ante la autoridad minera una solicitud de titulo minero (permiso de prospección, de exploración o concesión para explotar) según la naturaleza y condiciones del yacimiento, que deberá acreditar con la información correspondiente.

La petición, cualquiera sea el titulo que gestione en primer término, deberá indicar el tipo de explotación a realizar y el plazo que requiere para esta etapa.

La autoridad minera notificará al propietario del predio superficial de la petición mencionada, emplazándolo para que, en término de noventa días calendario contados a partir de su notificación, presente su propia petición de titulo minero si desea hacer valer la reserva dispuesta por el artículo 5º.

Si el titular del predio presenta la petición en plazo y se le otorga el título minero, la gestión del tercero quedará sin efecto.

Si al vencimiento del plazo otorgado al titular del predio, éste no hubiera presentado su petición de titulo, la autoridad minera dará curso a la gestión del tercero.

Artículo 119.- Los yacimientos de la Clase IV -inciso primero- del artículo 7º), ubicados en predios de propiedad estatal o municipal o pertenecientes al dominio público, podrán ser objeto de explotación, sin necesidad de titulo minero, según las siguientes regias:

a) Para cumplir los fines propios del organismo público, titular del predio superficial o comprendido en la órbita de su competencia;
b) La explotación por terceros, con fines de interés privado, podrá ser acordada por los citados organismos públicos, previa intervención de la Dirección Nacional de Minería y Geología. Si la explotación afectare los objetivos de la política minera nacional, la Dirección Nacional de Minería y Geología podrá formular las recomendaciones o la modalidad de explotación que estime ajustada a dicha política o, con autorización del Poder Ejecutivo, determinar la prohibición de explotar.

La actividad que se realice, según los apartados precedentes, será comunicada a la Dirección Nacional de Minería y Geología, a los efectos previstos por el artículo 126.

CAPITULO IV

Disposiciones especiales de este régimen

Artículo 120.- Son de aplicación de este régimen las disposiciones generales que regulan los títulos mineros (artículo 63) y las correspondientes a los yacimientos de la Clase III, salvo las modificaciones y ajustes que se establecen:

a) Los programas de explotación y los planes de inversión se adecuarán a las características de estos yacimientos, admitiendo la variabilidad del ritmo de extracción y producción de las sustancias minerales. Los períodos de inactividad no podrán ser mayores de un año, requiriéndose para términos superiores la autorización expresa de la Inspección General de Minas.
b) Cuando la actividad minera, la desarrolle el propietario del predio superficial estará exonerado del pago de derechos de prospección y Canon de superficie abonando únicamente el Canon estatal.
c) Si la actividad minera la desarrolla un tercero abonará los derechos y cánones correspondientes.

El propietario del predio superficial percibirá la participación del Canon de producción prescrita por el artículo 45.

LIBRO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES MINERAS Y REGIMEN DE FISCALIZACIONES

TITULO I

CAPITULO I

De las Autoridades

Artículo 121.- Constituyen autoridades mineras:

a) El Poder Ejecutivo;
b) El Ministerio de Industria y Energía;
c) La Dirección Nacional de Minería y Geología.

Artículo 122.- La Dirección Nacional de Minería y Geología reemplaza al Instituto Geológico “Ing. Eduardo Terra Arocena”, sucediéndole en todos sus cometidos.

CAPITULO II

De las competencias

Artículo 123.-

I. Al Poder Ejecutivo compete:

1) Fijar la política general minera;
2) Autorizar los contratos que acuerden las entidades estatales referidos a la actividad minera de yacimientos de la Clase I;
3) Otorgar los títulos mineros relativos a yacimientos de la Clase II del artículo 7º y autorizar los contratos de goce de los derechos mineros correspondientes;
4) Otorgar las concesiones para explotar y autorizar las cesiones de las mismas;
5) Declarar las servidumbres mineras;
6) Disponer las reservas mineras;
7) Decretar las expropiaciones necesarias a la actividad minera;
8) Dictar las caducidades de derechos mineros;
9) Declarar los yacimientos o sustancias minerales que cumplen con los extremos establecidos en el inciso segundo de la Clase III del artículo 7º;
10) Dictar el reglamento general de minería y los reglamentos especiales que correspondan.

II. Al Ministerio de Industria y Energía compete:

1) Entender en todas las cuestiones de minería no atribuidas al Poder Ejecutivo o a la Dirección Nacional de Minería y Geología;
2) Otorgar las autorizaciones y aprobaciones que correspondan de acuerdo a las disposiciones de este Código;
3) Aplicar a propuesta de la Dirección Nacional de Minería y Geología las multas que excedan de N$ 50.000.00 (nuevos pesos cincuenta mil).

III. A la Dirección Nacional de Minería y Geología compete:

1) Asesorar al Ministerio de Industria y Energía en todas las cuestiones mineras;
2) Otorgar los permisos de prospección y de exploración que regula el Código y autorizar las cesiones de los mismos;
3) Otorgar las autorizaciones preceptuadas en el Código, Leyes y Reglamentos;
4) Imponer las sanciones administrativas prescriptas por el artículo 59. literales a) y b).Las multas que impongan no excederán de N$ 50.000.00 (nuevos pesos cincuenta mil);
5) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos especiales de minería;
6) Ejercer la Policía Administrativa Minera y la vigilancia y fiscalización técnica de toda actividad minera;
7) Dictar los actos, instrucciones, prescripciones y medidas que establece el presente Código y las leyes y reglamentos de la materia.

CAPITULO III

Del Registro General de Minería

Artículo 124.- El Registro General de Minería constituirá una dependencia de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Los cometidos del Registro son:

1) La inscripción de todos los títulos mineros, sus modificaciones, cambios de titular, cesiones y extinciones;
2) La inscripción de todos los gravámenes reales que incidan sobre los derechos mineros, sin perjuicio de los demás que correspondan;
3) La inscripción de las vacancias;
4) La anotación de las servidumbres mineras declaradas;
5) La inscripción de las caducidades y abandonos;
6) La inscripción de los descubrimientos;
7) La anotación de las reservas mineras: otorgamiento y extinción;
8) Llevar el Catastro Minero;
9) Otorgar las certificaciones y constancias que correspondan.

El número de registro, el sistema de registración y las formalidades y condiciones de funcionamiento serán regulados por el reglamento del Servicio.

Artículo 125.- El Departamento de Registro tendrá a su cargo todo lo concerniente a las publicaciones y emplazamientos públicos que correspondan de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias.

En este orden dispondrá:

1) La publicación de los otorgamientos de permisos y concesiones;
2) La publicación de los descubrimientos y vacancias mineras, y todas las demás que correspondan u ordenen las autoridades mineras.

TITULO II

LA VIGILANCIA MINERA

Artículo 126.- La vigilancia y supervisión de la actividad minera será realizada por la Dirección Nacional de Minería y Geología, sin perjuicio de la que pueda corresponder a otras entidades públicas según su competencia específica.

A estos efectos, toda la actividad minera que se desarrolle en el país, sin excepción alguna, está sometida al régimen de vigilancia y fiscalización que establece el presente Código, las leyes de la materia, el reglamento general de minería, los reglamentos de policía y seguridad y las reglamentaciones especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

Artículo 127.- Para el ejercicio de la vigilancia minera, la Dirección Nacional de Minería y Geología y los funcionarios autorizados de la misma, están facultados para requerir el auxilio de la fuerza pública que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 128.- Los titulares de derechos mineros y los contratistas habilitados para desarrollar actividad minera, están obligados a permitir el acceso y facilitar todas las tareas de inspección y fiscalización a los funcionarios y técnicos autorizados de la Dirección Nacional de Minería y Geología bajo pena de sanciones, que pueden llegar a la caducidad del derecho minero otorgado.

LIBRO CUARTO

TITULO I

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 129.- Los plazos de los permisos y concesiones otorgados según el régimen del Código de Minería de 1943 y leyes modificativas, subsistirán hasta su vencimiento.

Artículo 130.- Los gestionantes de títulos mineros con trámite al promulgarse el presente Código dispondrán de noventa días calendario a partir de su entrada en vigencia, para ajustarse a sus disposiciones, sin afectar la prelación otorgada por la fecha de iniciación del trámite.

Artículo 131.- Las disposiciones del presente Código, relativas a obligaciones, cargas, gravámenes, formas de contralor y fiscalización y aquellas que otorguen beneficios en cuanto a plazos, extensión de áreas y otros no existentes en el régimen anterior, regirán a partir de la vigencia de este Código.

Artículo 132.- La actualización de los valores monetarios establecidos en el presente Código será realizada en el mes de enero de cada año por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la variación oficial del índice del costo de vida.

Artículo 133.- Deróganse el Código de Minería, sancionado por decreto ley 10.327, de 28 de enero de 1943, la ley 14.302, de 26 de noviembre de 1974, la ley 15.112, de 26 de marzo de 1981 y los artículos 1º6º, 7º, 9, 12, 14, 15, 18, 19 y 22 de la ley 14.181, de 29 de marzo de 1974.

TITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 134.- Las reglamentaciones actuales continuarán en vigencia, en todo lo que no sean contradictorias con las nuevas disposiciones legales.

Artículo 135.- El presente Código de Minería entrará en vigencia el 1º de abril de 1982.

Artículo 136.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 28 de diciembre de 1981.

HAMLET REYES,
Presidente.
Nelson Simonetti,
Julio A. Waller,
Secretarios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE JUSTICIA

Montevideo, 8 de enero de 1982.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

GREGORIO C. ALVAREZ.
FRANCISCO D. TOURREILLES.
VALENTIN ARISMENDI.
JUSTO M. ALONSO.
JULIO CESAR ESPINOLA.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.

 

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DOMINIO DEL ESTADO SOBRE LOS YACIMIENTOS MINERALES

LOS RECURSOS MINERALES SON PROPIEDAD DEL ESTADO

Artículo 4 de la ley 15.242 de 8 de enero de 1982 ( Código de Minería):  “Todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible, el dominio del Estado”

– Inalienables. El Estado, que es su propietario, no puede desprenderse del dominio sobre los mismos, y ni siquiera imponer gravámenes.

– Imprescriptibles. No resultan adquiribles por actos posesorios en el transcurso del tiempo.

LA PROPIEDAD DEL ESTADO SOBRE LOS YACIMIENTOS MINERALES ES SIN PERJUICIO DE LA PROPIEDAD DEL PREDIO SUPERFICIAL

Para ejercer los derechos de prospección, exploración o explotación de un yacimiento mineral es necesario transitar y ocupar el predio superficial que es propiedad ajena.

EN SUMA: Los yacimientos minerales son bienes inmuebles del dominio del Estado, separados y distintos del predio superficial, siendo la titularidad de uno y otro de sujetos distintos.

 

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NUEVO CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

blicada D.O. 09 ene/015 – Nº 29127

Ley Nº 19.293

CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

APROBACIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y DEL RÉGIMEN DE LA
NORMA PROCESAL PENAL

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1º. (Debido proceso legal).- No se aplicarán penas ni medidas de seguridad sino en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, emanada de tribunal competente en virtud de un proceso tramitado legalmente.

Artículo 2º. (Juez natural).- Los tribunales serán imparciales e independientes y estarán instituidos por la ley, de acuerdo con la Constitución de la República. Sus titulares serán designados conforme a normas generales y objetivas y nunca para un caso determinado.

Artículo 3º. (Reconocimiento de la dignidad humana).- Toda persona, cualquiera sea su posición en el proceso y en particular la víctima de un delito y aquel a quien se le atribuya su comisión, deben ser tratados con el respeto debido a la dignidad del ser humano.

Artículo 4º. (Tratamiento como inocente).- Ninguna persona a quien se le atribuya un delito debe ser tratada como culpable, mientras no se establezca su responsabilidad por sentencia ejecutoriada.

Artículo 5º. (Prohibición del bis in idem).- Ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso en el país o fuera de él, aunque se modifique la calificación jurídica o se afirmen nuevas circunstancias, toda vez que haya recaído sentencia ejecutoriada.

Se exceptúan los casos en que el proceso haya concluido por falta de presupuestos procesales o defectos de procedimiento.

Artículo 6º. (Oficialidad).- La acción penal es pública y su promoción y ejercicio corresponden al Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 7º. (Defensa técnica).- La defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y por ende, un derecho inviolable de la persona.

El imputado tiene derecho a ser asistido por defensor letrado desde el inicio de la indagatoria preliminar.

Artículo 8º. (Finalidad y medios).- El proceso tiene como finalidad el juzgamiento del caso concreto, con todas las garantías del debido proceso, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que obliguen a la República y las disposiciones de este Código.

Artículo 9º. (Publicidad y contradicción; principio acusatorio).- El proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas, con las limitaciones que se establecen en este Código.

Rige en este proceso el principio acusatorio. En aplicación de dicho principio, no se podrá iniciar actividades procesales, imponer prisión preventiva o medidas limitativas de la libertad ambulatoria, condenar o imponer medidas de seguridad, si no media petición del Ministerio Público.

Artículo 10. (Duración razonable).- Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, según se dispone en este Código. En su mérito, el tribunal adoptará las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso.

Artículo 11. (Gratuidad).- El proceso penal será gratuito, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales.

Artículo 12. (Otros principios aplicables).- Se aplicarán al proceso penal, en lo pertinente, los principios de inmediación, concentración, dirección e impulso procesal, igualdad de las partes, probidad y ordenación del proceso.

Artículo 13. (Etapas del proceso).- El proceso penal comprende el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución, en su caso.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE LA NORMA PROCESAL PENAL

Artículo 14. (Interpretación e integración).-

14.1 Para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es el juzgamiento del caso concreto con todas las garantías del debido proceso.

En caso de duda, se deberá recurrir a las normas generales, fundamentalmente las que emanan de la Constitución de la República, de los principios generales de derecho y de los específicos del proceso penal, debiéndose preservar y hacer efectivas las garantías del debido proceso.

14.2 En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios constitucionales y generales de derecho, a los principios específicos del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso. Están vedadas la solución analógica y la interpretación extensiva perjudiciales al interés del imputado.

Artículo 15. (Leyes penales en el tiempo y eficacia procesal).-

15.1 Cuando las leyes penales configuren nuevos delitos o establezcan una pena más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.

15.2 Cuando esas leyes supriman delitos existentes o disminuyan la pena, se aplicarán a los hechos anteriores a su vigencia. En el primer caso, determinarán la clausura del proceso o la extinción de la pena. En el segundo, solo la modificación de la pena, en cuanto no se hallare esta fijada por sentencia ejecutoriada.

15.3 Estas disposiciones alcanzarán a las leyes de prescripción, salvo lo previsto en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006.

Artículo 16. (Ley procesal penal en el tiempo).- Las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite.

No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.

Asimismo, el tribunal que esté conociendo en un asunto continuará haciéndolo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.

Todo ello, salvo que la nueva ley suprima un recurso, elimine algún género de prueba o en general perjudique al imputado, en cuyo caso dicho proceso se regirá en ese punto, por la ley anterior.

Artículo 17. (Aplicación de la ley procesal en el espacio).- Este Código regirá en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas de Derecho Internacional que obliguen a la República.

TÍTULO II

DE LOS SUJETOS PROCESALES

CAPÍTULO I

EL TRIBUNAL

SECCIÓN I

Disposiciones generales

Artículo 18. (Organización).- La justicia en materia penal será impartida por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, los Juzgados de Faltas y los Juzgados de Paz Departamentales, en el marco de la competencia atribuida constitucional o legalmente.

Artículo 19. (Indelegabilidad).- Solo el tribunal es titular de la función jurisdiccional en su integridad. Los funcionarios auxiliares solo realizarán los actos permitidos por la ley, por delegación y bajo la dirección y responsabilidad del tribunal.

Dicha delegación solo abarcará la realización de actos auxiliares o de aporte técnico, cuando los funcionarios revistan la idoneidad respectiva.

Artículo 20. (Facultades y deberes del tribunal).- El tribunal dirigirá el proceso de conformidad con la ley. Tiene todas las facultades necesarias para hacerlo. La omisión en su empleo le hará incurrir en responsabilidad.

Artículo 21. (Responsabilidad).- Los magistrados son responsables por:

a) las demoras injustificadas en proveer o señalar audiencias;
b) proceder con dolo o culpa grave;
c) sentenciar cometiendo error inexcusable.

Artículo 22. (Clases de jurisdicción).- La jurisdicción penal es común o especial.

22.1 La jurisdicción común es la que tienen los tribunales penales que integran el Poder Judicial y comprende todos los crímenes, delitos y faltas, sin distinción de personas.

22.2 La jurisdicción especial es la militar y queda reservada exclusivamente al conocimiento de los delitos militares cometidos por militares y a situaciones de excepción, en caso de estado de guerra.

Se entiende por delito militar aquel que vulnera exclusivamente normas contenidas en el ordenamiento penal militar.

22.3 Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde ocurran, estarán sometidos a la jurisdicción común. A esos efectos, el jerarca militar respectivo deberá en todo momento colaborar y brindar auxilio al órgano competente de la jurisdicción común.

SECCIÓN II

De la competencia por razón de la materia y del grado

Artículo 23. (Competencia de la Suprema Corte de Justicia en materia penal).- La Suprema Corte de Justicia conoce:

23.1 En única instancia, en los casos previstos en la Constitución de la República.

23.2 En los recursos de casación y revisión.

23.3 En consulta, ejerciendo la superintendencia correctiva, administrativa y disciplinaria respecto de aquellas causas en las que no hubiere existido apelación, sin perjuicio de la independencia técnica de los magistrados actuantes.

23.4 En los demás casos en los que este Código o leyes especiales, le asignen competencia.

Artículo 24. (Tribunales de Apelaciones en lo Penal).- Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal conocen en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia.

Artículo 25. (Jueces Letrados de Primera Instancia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal conocen:

25.1 En primera instancia, en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y delitos, desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada, conforme a las disposiciones de este Código.

25.2 Los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal del departamento de Montevideo conocerán además en el proceso de extradición.

25.3 Los Jueces Letrados Penales Especializados en Crimen Organizado, en la materia establecida por el artículo 414 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008 y disposiciones modificativas y reglamentarias.

25.4 En los demás casos en los que este Código o leyes especiales, les asignen competencia.

Artículo 26. (Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia conocen en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen a partir del momento en que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, quede ejecutoriada.

Artículo 27. (Jueces de Faltas).- Los Jueces de Faltas conocen en las causas que se promuevan por faltas cometidas en el departamento de Montevideo.

Artículo 28. (Jueces de Paz Departamentales del Interior).- Los Jueces de Paz Departamentales del Interior conocen en materia de faltas penales cometidas en sus respectivos departamentos, sin perjuicio de la competencia de urgencia.

Artículo 29. (Reglas subsidiarias).- Si no puede determinarse el órgano competente de acuerdo con las normas de los artículos anteriores, lo será el tribunal que haya prevenido en el conocimiento de los hechos y si ninguno previno, el del lugar en que se haya aprehendido al imputado.

SECCIÓN III

De la competencia por razón de tiempo

Artículo 30. (Reglas para la determinación de turno).- Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, los Juzgados de Paz Departamentales y los Juzgados de Faltas ejercerán sus funciones por turnos, en la forma que determine la Suprema Corte de Justicia.

SECCIÓN IV

De la competencia de urgencia

Artículo 31. (Competencia de urgencia).-

31.1 Los jueces de todas las materias y grados son competentes para adoptar las medidas más urgentes e impostergables solicitadas por el Ministerio Público, cuando se hallen próximos al lugar del hecho. Si varios jueces concurren simultáneamente, conocerá el de mayor jerarquía. Cumplida la actuación de urgencia, el tribunal interviniente pondrá las actuaciones en conocimiento del naturalmente competente.

31.2 Cualquier magistrado del Ministerio Público podrá solicitar las medidas referidas en el numeral anterior cuando se halle próximo al lugar del hecho, dando cuenta inmediata al fiscal naturalmente competente.

SECCIÓN V

De la conexión y acumulación entre pretensiones y procesos

Artículo 32. (Casos de conexión).- Existe conexión cuando distintas pretensiones o procesos refieren:

32.1 A una persona por la comisión de varios delitos.

32.2 A varias personas por la comisión de un mismo delito.

32.3 A varias personas por la comisión de distintos delitos, cuando alguno de los delitos ha sido cometido:

a) para ejecutar el otro;
b) en ocasión de este;
c) para asegurar el provecho propio o ajeno;
d) para lograr la impunidad propia o de otra persona;
e) en daño recíproco;
f) en condiciones que determinen que la prueba de uno de ellos o de alguna de sus circunstancias, influya sobre la prueba del otro delito o de alguna de sus circunstancias.

Artículo 33. (Planteo inicial de pretensiones conexas).- Cuando se advierta inicialmente la conexión de pretensiones, ellas deberán ser planteadas en un proceso único.

Artículo 34. (Acumulación de pretensiones por inserción).-

34.1 Si una vez iniciado un proceso surgieren pretensiones conexas con las ya deducidas que no hubieren dado lugar a proceso, deberán ser acumuladas por inserción en el mismo proceso.

34.2 No se procederá a la acumulación cuando se hubiere diligenciado íntegramente la prueba o cuando el tribunal disponga por resolución fundada la tramitación por separado.

Artículo 35. (No acumulación de procesos).- Cuando se hubieren promovido procesos separados, no procederá la acumulación de los mismos y estos serán tramitados y resueltos con independencia por el tribunal competente en cada uno de ellos.

SECCIÓN VI

De las cuestiones prejudiciales

Artículo 36. (Competencia en cuestiones prejudiciales).-

36.1 El juez del proceso penal es competente para entender en todas las cuestiones ajenas a su materia que se planteen en el curso del proceso penal y resulten decisivas para determinar la existencia del delito o la responsabilidad del imputado.

36.2 La decisión del juez penal sobre las cuestiones a que alude este artículo solo tendrá eficacia en sede penal.

36.3 Si la cuestión prejudicial hubiera sido resuelta en la sede respectiva por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tendrá esta en el proceso penal la misma eficacia que tiene en su sede natural.

Artículo 37. (Sentencias contradictorias).- Si la decisión de las cuestiones prejudiciales constituye fundamento principal y determinante de condena penal y las mismas cuestiones son objeto de una posterior sentencia contradictoria en su sede propia, podrá el perjudicado deducir recurso extraordinario de revisión.

SECCIÓN VII

De la incompetencia

Artículo 38. (Incompetencia por razón de la materia o del grado).-

38.1 La incompetencia por razón de la materia o del grado es absoluta y puede hacerse valer de oficio por el tribunal o por las partes en cualquier momento del proceso.

38.2 Lo actuado por un tribunal absolutamente incompetente es nulo, con excepción de lo dispuesto respecto de las medidas cautelares y de las decisiones que las modifiquen o hagan cesar, cuyos efectos subsistirán hasta que el juez competente resuelva sobre su mantenimiento o revocación.

Artículo 39. (Incompetencia por razón de lugar o de turno).- La incompetencia por razón de lugar o de turno no causa nulidad y solo puede hacerse valer por las partes en su primera comparecencia o por el tribunal de oficio al empezar su actuación, sin perjuicio de la competencia de urgencia.

Artículo 40. (Contienda de jurisdicción).- La Suprema Corte de Justicia resolverá los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la militar.

Artículo 41. (Contienda de competencia).- Si por cualquier circunstancia, dos o más tribunales se declararen competentes o incompetentes para entender en un mismo asunto, cualquiera de ellos, de oficio o a petición de parte, someterá la cuestión a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esta resolverá cuál de los tribunales debe entender en el asunto.

SECCIÓN VIII

De la sustitución y subrogación

Artículo 42. (Orden).- En los casos de vacancia, licencia, impedimento, recusación o abstención, los jueces se subrogarán de la siguiente forma:

42.1 Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, por sorteo entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal. En su defecto y por su orden, entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia.

42.2 Los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, por sorteo entre los miembros de los otros tribunales de la misma materia. En su defecto y por su orden, entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia.

42.3 El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal, por el que comparta la oficina y en su defecto, por el que le preceda en el turno. Si todos estuvieran impedidos, por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil.

42.4 El Juez Letrado de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, por su orden, por el juez de igual categoría y lugar con competencia en materia penal, por el de igual categoría y lugar de otra competencia, por el Juez de Paz Departamental con sede en la misma ciudad y por el juez de la misma categoría de la sede más próxima.

42.5 Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el que los preceda en turno y si todos estuvieran impedidos, por los Jueces Letrados en lo Penal del departamento.

42.6 Los Jueces de Faltas y de Paz Departamentales del Interior, según el régimen que establezca la Suprema Corte de Justicia.

En todos los casos de integración de tribunales pluripersonales, el miembro integrante continuará conociendo en el caso hasta su terminación. Si el impedimento es por causa de licencia, la integración se efectuará si esta se prolonga por más de treinta días.

CAPÍTULO II

EL MINISTERIO PÚBLICO

SECCIÓN I

Disposiciones generales

Artículo 43. (Función).-

43.1 El Ministerio Público es el titular de la acción penal. Deberá practicar todas las diligencias que sean conducentes al éxito de la investigación.

43.2 Cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delictiva, promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.

Artículo 44. (Remisión).-

44.1 La intervención del Ministerio Público en el proceso se regulará por las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

44.2 La competencia de los fiscales se regulará en lo pertinente del mismo modo que la fijada para los tribunales, sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 45. (Atribuciones).-

45.1 El Ministerio Público tiene atribuciones para:

a) dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas así como la actuación de la Policía Nacional y de la Prefectura Nacional Naval en sus respectivos ámbitos de competencia disponiendo por sí o solicitando al tribunal, según corresponda, las medidas probatorias que considere pertinentes;
b) disponer la presencia en su despacho de todas aquellas personas que puedan aportar elementos útiles para la investigación, incluyendo el indagado, el denunciante, testigos y peritos;
c) no iniciar investigación;
d) proceder al archivo provisional;
e) aplicar el principio de oportunidad reglado;
f) solicitar medidas cautelares;
g) solicitar al tribunal la formalización de la investigación;
h) deducir acusación o solicitar el sobreseimiento;
i) atender y proteger a víctimas y testigos.

45.2 Cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal, es parte en el proceso.

En las diligencias que se practiquen, el Fiscal Letrado actuará directamente o representado por el Fiscal Letrado Adjunto o por un funcionario letrado de la Fiscalía designado por él. En este último caso, bastará con una designación genérica para su efectiva representación.

Artículo 46. (Independencia técnica).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y los Fiscales Letrados, actuarán con absoluta independencia en el ejercicio de su respectiva competencia y en el plano técnico.

El Ministerio Público no recibirá órdenes ni directivas provenientes de ningún Poder del Estado, sin perjuicio de la superintendencia correctiva y administrativa que le compete al Fiscal de Corte.

Artículo 47. (Subrogación del Ministerio Público por omisión de acusar).- Vencido el plazo para deducir acusación o su prórroga, el juez ordenará el pasaje del expediente al fiscal subrogante quien tendrá para expedirse los mismos plazos que el subrogado. Esta omisión se comunicará al jerarca del Ministerio Público.

Artículo 48. (Información y protección a las víctimas).-

48.1 Durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso, a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos.

48.2 Los fiscales están obligados a realizar entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima:

a) entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos;
b) ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y de su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones;
c) informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de ejercerlo.

Si la víctima designó abogado, el Ministerio Público estará obligado a realizar también a su respecto la actividad señalada en el literal a) de este inciso.

El Fiscal de Corte reglamentará los procedimientos a seguir por los fiscales para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

SECCIÓN II

De la Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval

Artículo 49. (Función de la Policía Nacional y de la Prefectura Nacional Naval en el proceso penal).-

49.1 La Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación y deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, de conformidad con las instrucciones que les impartan los fiscales.

49.2 Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que decreten los tribunales.

49.3 Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, el Ministerio Público podrá impartir instrucciones a la autoridad encargada de los establecimientos penales en la investigación de hechos cometidos en el interior de los mismos, actuando de conformidad con las previsiones de este Código.

Artículo 50. (Dirección del Ministerio Público).-

50.1 Los funcionarios mencionados en el artículo anterior, ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales y de acuerdo con las instrucciones que estos les impartan a los efectos de la investigación, sin perjuicio de su dependencia natural de las jerarquías respectivas.

50.2 También deberán cumplir las órdenes que les impartan los jueces para la tramitación del procedimiento.

50.3 No podrán calificar la procedencia, la conveniencia ni la oportunidad de las órdenes que reciban de jueces y fiscales, pero cuando la ley exija la autorización judicial para la realización de una diligencia, podrán requerir que se les exhiba antes de practicarla.

Artículo 51. (Comunicaciones entre el Ministerio Público y la autoridad administrativa).- Las comunicaciones que los fiscales y la autoridad administrativa deban dirigirse con relación a las actividades de investigación de un caso particular, se realizarán en la forma y por los medios más expeditivos posibles.

Artículo 52. (Imposibilidad de cumplimiento).- El funcionario de la autoridad administrativa que por cualquier causa se encuentre impedido de cumplir una orden que haya recibido del Ministerio Público o de la autoridad judicial, pondrá inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de quien la haya emitido y de su superior jerárquico en la institución a la que pertenezca.

El fiscal o el juez que haya emitido la orden, podrá proponer o disponer, según corresponda, las modificaciones que estime convenientes para su debido cumplimiento, o reiterar la orden, si en su concepto no existe tal imposibilidad.

Si el funcionario que recibió la orden continuare alegando la imposibilidad de darle cumplimiento, quien la haya emitido pondrá los hechos en conocimiento del jerarca de dicho funcionario, por las vías pertinentes, a los fines disciplinarios que correspondieren y sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiere haber incurrido el funcionario incumplidor.

Artículo 53. (Actuaciones de la autoridad administrativa sin orden previa).- Corresponderá a los funcionarios con funciones de policía realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales:

a) prestar auxilio a la víctima;
b) practicar la detención en los casos de flagrancia o fuga, conforme a la ley;
c) resguardar el lugar donde se cometió el hecho. Para ello, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederán a la clausura si se trata de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto. Asimismo, evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no intervenga personal experto de la autoridad con funciones de policía que el Ministerio Público designe.
  Deberá también recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que se presuma hayan servido para la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien corresponda, dejando constancia de la individualización completa de los funcionarios intervinientes;
d) identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos presten voluntariamente en el lugar del hecho, tratándose de los casos a que se alude en los literales b) y c) precedentes;
e) recibir las denuncias del público;
f) efectuar las demás actuaciones que dispusieren otras normas legales.

Artículo 54. (Información al Ministerio Público).- Recibida una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa informará inmediatamente y por el medio más expeditivo al Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, procederá cuando corresponda a realizar las actuaciones previstas en el artículo precedente, respecto de las cuales se cumplirá la obligación de información inmediata a la autoridad competente.

Artículo 55. (Control de identidad).-

55.1 La autoridad administrativa podrá además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal.

55.2 La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre y por cualquier medio idóneo. El funcionario deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos documentos. Si esto último no resultare posible y la persona autorizara por escrito que se le tomen huellas digitales, estas solo podrán ser utilizadas con fines identificatorios.

55.3 En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no lo hubiera hecho, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana, exclusivamente con fines de identificación.

55.4 La facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse de la forma más rápida posible. En ningún caso, el conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes podrá extenderse por un plazo mayor de dos horas, transcurridas las cuales la persona será puesta en libertad.

Artículo 56. (Derechos de la persona sujeta a control de identidad).- En cualquier caso en que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial a la persona cuya identidad se trata de averiguar en virtud del artículo precedente, el funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a un familiar o a otra persona, su permanencia en la repartición policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con otras personas detenidas.

Artículo 57. (Instrucciones generales).- Sin perjuicio de las instrucciones particulares que el fiscal actuante imparta en cada caso, el Fiscal de Corte regulará mediante instrucciones generales el procedimiento con que la autoridad administrativa cumplirá las funciones previstas en los artículos precedentes, así como la forma de proceder frente a hechos de los que tome conocimiento y respecto de los cuales los datos obtenidos sean insuficientes para estimar si son constitutivos de delito.

Artículo 58. (Solicitud de registro de actuaciones).- El Ministerio Público podrá requerir en cualquier momento los registros de las actuaciones de la policía.

Artículo 59. (Registro personal, de vestimenta, equipaje y vehículo).- Se podrá practicar el registro personal de quien se hallare legalmente detenido, de su vestimenta, del equipaje y demás efectos que lleve consigo y del vehículo en el que viaje.

Para practicar el registro personal, se comisionará, siempre que fuere posible, a personas del mismo sexo del detenido.

Se requerirá autorización específica del fiscal competente, para practicar el registro de tal manera que pueda causar daño a la propiedad del detenido.

Artículo 60. (Levantamiento de cadáver).- En los casos de muerte en la vía pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos encargados de la persecución penal, la policía relevará los datos concernientes al hecho con el mayor rigor técnico que las circunstancias permitan. El levantamiento del cadáver solo podrá realizarse previa autorización u orden del fiscal competente, dejando registro de lo obrado de conformidad con las normas generales de este Código.

Artículo 61. (Declaraciones del imputado ante la policía).- La autoridad administrativa solo podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad. Si el imputado manifiesta su disposición a declarar, se tomarán las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. Si esto no fuera posible, se podrá consignar las declaraciones que voluntariamente quiera prestar, previa autorización del fiscal y bajo su responsabilidad.

Artículo 62. (Protección de identidad).- Los funcionarios policiales y de la Prefectura Nacional Naval no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se encuentren o puedan resultar vinculadas a la investigación de un hecho presuntamente delictivo, salvo autorización expresa del fiscal competente.

CAPÍTULO III

EL IMPUTADO

SECCIÓN I

Disposiciones generales

Artículo 63. (Imputado).-

63.1 Se considera imputado a toda persona a quien el Ministerio Público atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Dicha calidad jurídica puede atribuírsele desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.

63.2 El imputado es parte en el proceso con todos los derechos y facultades inherentes a tal calidad, en la forma y con los límites regulados en este Código.

Artículo 64. (Derechos y garantías del imputado).- Todo imputado podrá hacer valer hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren la Constitución de la República y las leyes.

Entre otros, tendrá derecho a:

a) no ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
b) designar libremente defensor de su confianza desde la primera actuación del Ministerio Público y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dicte. Si no lo tuviera, será asistido por un defensor público en la forma que establece la ley;
c) que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorgan la Constitución de la República y las leyes;
d) solicitar del fiscal las diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulan;
e) solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual deberá concurrir con su abogado con el fin de prestar declaración sobre los hechos materia de la investigación;
f) conocer el contenido de la investigación, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada reservada y solo por el tiempo que dure esa reserva, de acuerdo con las normas que regulen la indagatoria preliminar;
g) solicitar el sobreseimiento de la causa y recurrir contra la resolución que rechace la petición, en ambos casos mediante intervención de su defensor;
h) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;
i) negarse a prestar juramento o promesa de decir la verdad;
j) no ser juzgado en ausencia.

Artículo 65. (Imputado privado de libertad).- El imputado privado de libertad tendrá además las siguientes garantías y derechos:

a) que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y la orden judicial que la haya dispuesto, salvo el caso de delito flagrante;
b) que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o aprehensión le informe sobre los derechos que le asisten;
c) que si no tuviera defensor designado previamente, cualquier familiar o persona allegada pueda proponer para él un defensor determinado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 64 literal b) de este Código;
d) ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención;
e) solicitar al tribunal que le conceda la libertad ambulatoria;
f) que la autoridad administrativa del lugar en el cual se encuentra detenido informe en su presencia a la persona que él indique, que ha sido detenido y el motivo de su detención;
g) tener a sus expensas las comodidades y ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto en el que está detenido;
h) entrevistarse privadamente con su defensor.

Artículo 66. (Reglas sobre la declaración del imputado).-

66.1 El tribunal interrogará al imputado, en la primera oportunidad, sobre su nombre y demás datos personales para su identificación. La duda, error o falsedad sobre los datos obtenidos no retardarán ni suspenderán el desarrollo de la audiencia preliminar cuando sea cierta la individualización del imputado.

66.2 Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas, el imputado podrá hacer nuevas declaraciones y aun solicitar al juez que se le reciba para ello en audiencia no prevista especialmente en este Código, estándose a lo que resuelva el magistrado. A dicha audiencia deberán concurrir todas las partes.

66.3 El tribunal se limitará a exhortarlo a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen, sin perjuicio de su derecho a no declarar.

66.4 Si el imputado no conoce el idioma español o si es sordo, mudo o sordomudo, el juez dispondrá en tales casos la utilización de peritos intérpretes reconocidos y la formulación de las preguntas y respuestas por escrito, cuando fuere necesario. El juez podrá autorizar también cualquier sistema de comunicación que se estime adecuado.

Artículo 67. (Inimputabilidad).-

67.1 En cualquier etapa del proceso en que se denuncie por alguno de los sujetos, o resulte manifiesto que el imputado en el momento de ejecutar el acto que se le atribuye se encontraba en uno de los casos previstos en los artículos 30 a 33 o 35 del Código Penal, previo dictamen pericial podrá disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especializado.

67.2 Del mismo modo se procederá si el encausado deviniere inimputable durante la tramitación del proceso.

67.3 El proceso continuará el trámite común hasta la sentencia definitiva y de resultar el encausado condenado, se le declarará autor inimputable del delito cometido y se le impondrán medidas curativas en sustitución de la pena.

Artículo 68. (Minoría de edad).- Si en cualquier estado de los procedimientos se comprueba que cuando el imputado cometió el hecho era inimputable por razón de edad, se clausurarán las actuaciones y se remitirán los antecedentes al tribunal competente, estándose a lo que este determine.

Artículo 69. (Rebeldía).- Queda prohibida la tramitación del proceso penal en rebeldía.

Artículo 70. (Declaración de rebeldía).-

70.1 Será considerado rebelde el imputado que debidamente citado por el juez de la causa no comparezca ante él ni justifique su incomparecencia.

70.2 Incurso el imputado en rebeldía, el fiscal solicitará al tribunal que así lo declare y que en el mismo acto libre orden de detención contra el rebelde.

70.3 La declaración de rebeldía del imputado suspende el proceso a su respecto y será considerada razón suficiente para solicitar medidas asegurativas sobre sus bienes.

70.4 Cuando cese la situación de rebeldía, el tribunal lo declarará y el proceso continuará según su estado.

SECCIÓN II

De la defensa

Artículo 71. (Derechos y deberes del defensor).-

71.1 El defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que esta expresamente reserve su ejercicio exclusivo a este último.

71.2 El ejercicio de la defensa es un derecho y un deber del abogado que acepta el cargo y abarcará la etapa de conocimiento y la de ejecución.

71.3 El defensor actuará en el proceso como parte formal en interés del imputado, con todos los derechos y atribuciones de esa calidad.

71.4 El defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se hayan cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto del Ministerio Público. El juez, bajo su más seria responsabilidad funcional, adoptará las medidas necesarias para preservar y hacer cumplir este principio, sin perjuicio de las medidas urgentes y reservadas.

71.5 Todo abogado tiene derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención, que le informe por escrito y de inmediato, si una persona está o no está detenida en ese establecimiento.

El ejercicio de este derecho no condiciona en modo alguno el ejercicio de la acción de habeas corpus.

Artículo 72. (Designación inicial y aceptación del cargo).-

72.1 La designación de defensor se efectuará antes de cualquier diligencia indagatoria, salvo las de carácter urgente. Solo podrá ser defensor quien esté habilitado para ejercer la abogacía en el territorio nacional.

72.2 Si requerido el imputado no realizara la elección, o el elegido no aceptare de inmediato o no se le encontrare, actuará el defensor público que por turno corresponda.

72.3 Para tener por designado a un defensor, se requiere que acepte el cargo y que constituya domicilio en legal forma.

Artículo 73. (Defensa conjunta).-

73.1 La defensa podrá ser ejercida hasta por dos abogados. En este caso deberán constituir sus respectivos domicilios procesales electrónicos y un único domicilio procesal físico en el radio correspondiente al tribunal en el que comparecen. En todo tiempo podrán actuar en el proceso conjunta o separadamente.

73.2 Todo acto procesal realizado por un defensor será eficaz respecto del otro integrante de la defensa conjunta.

Artículo 74. (Defensa común).-

74.1 La defensa de varios imputados podrá ser asumida por un defensor común, a condición de que las diversas posiciones que cada uno de ellos sustente no fueren incompatibles entre sí.

74.2 Si el tribunal advierte una situación de incompatibilidad, la hará presente a los imputados y les otorgará un plazo de hasta cinco días hábiles para que cada uno designe su defensor, bajo apercibimiento de asignarles defensores de oficio.

74.3 Si vencido el plazo, alguno de los imputados no ha designado a su defensor, el tribunal le asignará defensor público.

74.4 Las resoluciones sobre este punto serán irrecurribles.

Artículo 75. (Efectos de la ausencia del defensor).- La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación, acarreará su nulidad.

Artículo 76. (Renuncia o abandono de la defensa).-

76.1 La renuncia formal del defensor no suspenderá el proceso, ni lo liberará del deber de realizar todos los actos que sean necesarios para salvaguardar los derechos del imputado.

76.2 El tribunal notificará al imputado y le intimará la designación de nuevo defensor, concediéndole para ello un plazo de hasta cinco días hábiles bajo apercibimiento de asignarle el defensor público que por turno corresponda.

Artículo 77. (Nombramiento ulterior).- El imputado puede designar posteriormente otro defensor en reemplazo del anterior, pero el subrogado no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte el cargo.

Artículo 78. (Patrocinio propio).-

78.1 No se admitirá que el imputado se defienda a sí mismo, salvo que fuere abogado.

78.2 El denunciante o la víctima que fueren abogados habilitados para el ejercicio de su profesión, podrán asistirse profesionalmente a sí mismos.

CAPÍTULO IV

LA VÍCTIMA

Artículo 79. (La víctima).-

79.1 Se considera víctima a la persona ofendida por el delito.

79.2 Al momento de formular instancia o denunciar el hecho, la víctima o su representante podrá manifestar su intención de participar en el proceso penal, con los derechos y facultades que este Código le asigna.

79.3 En la primera oportunidad procesal la víctima que haya hecho uso del derecho establecido en el numeral precedente, o su representante, deberá proporcionar sus datos identificatorios, constituir domicilio dentro del radio del juzgado, comunicando los cambios sucesivos y designar abogado patrocinante.

79.4 A las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten, se les designará defensor público.

Artículo 80. (Representantes de la víctima y legitimados para el ejercicio de sus derechos).-

80.1 En la indagatoria y juzgamiento de delitos en los que haya ocurrido la muerte de la víctima, o en los casos en que esta, siendo legalmente capaz, no pueda ejercer por sí los derechos que este Código le otorga, podrán comparecer las siguientes personas, quienes ejercerán como suyos el derecho e interés que hubieran correspondido a la víctima fallecida o, en su caso, actuarán en su representación:

a) a los padres, conjunta o separadamente por sus hijos sometidos a patria potestad, o solteros o divorciados o viudos, no unidos en concubinato, que no tuvieren, a su vez, hijos mayores de edad;
b) el cónyuge, si no estaba separado voluntariamente de la víctima al momento del delito; el concubino; los hijos mayores de edad;
c) los hermanos;
d) el tutor, curador o guardador;
e) los abuelos;
f) los allegados que cohabitaban con la víctima o mantenían con ella una forma de vida en común.
  Los menores y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes legales.
  No podrán actuar en representación de las víctimas ni ejercer los derechos que a estas correspondan, quienes fueran indagados por su presunta responsabilidad en el delito.

80.2 A efectos de su intervención en el procedimiento, la enunciación precedente constituye un orden de prelación, de manera que la actuación de una o más personas pertenecientes a determinada categoría, excluye a las comprendidas en las siguientes.

80.3 Las cuestiones que se susciten por la aplicación de las disposiciones precedentes se tramitarán por la vía incidental y no suspenderán el curso del proceso principal. Contra las providencias que se dicten en el curso del incidente y aun contra la sentencia que le ponga fin, no cabrá otro recurso que el de reposición.

Artículo 81. (Derechos y facultades de la víctima).-

81.1 La víctima del delito tendrá los derechos que le reconoce este Código, sin perjuicio de los deberes que, para la defensa del interés de aquella, se imponen al fiscal.

81.2 La víctima del delito podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código y tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

a) a tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar, sin perjuicio de la facultad del fiscal de disponer que las mismas se mantengan en reserva cuando ello sea necesario para asegurar la eficacia de la investigación (artículo 259.3 de este Código);
b) a intervenir en el proceso y ser oída en los términos previstos en este Código;
c) a proponer prueba durante la indagatoria preliminar, así como en la audiencia preliminar y en la segunda instancia, si la hubiere, coadyuvando con la actividad indagatoria y probatoria del fiscal. En el diligenciamiento y producción de la prueba que haya sido propuesta por la víctima, esta tendrá los mismos derechos que las partes;
d) a solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones contra ella, sus familiares o sus allegados;
e) a solicitar medidas asegurativas sobre los bienes del encausado o relacionados con el delito;
f) a oponerse, ante el tribunal, a la decisión del fiscal de no iniciar o dar por concluida la indagatoria preliminar, o no ejercer la acción penal;
g) a ser oída por el tribunal antes que dicte resolución sobre el pedido de sobreseimiento u otra determinación que ponga fin al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de este Código.

TÍTULO III

DE LA ACCIÓN PENAL

CAPÍTULO I

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO
DE LA ACCIÓN PENAL

SECCIÓN I

De las cuestiones previas

Artículo 82.- La acción penal es pública. Su ejercicio corresponde al Ministerio Público y es necesario, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 83. (Cuestiones previas).- Si el ejercicio de la acción penal estuviere condicionado por la Constitución de la República o la ley a la previa realización de cierta actividad o la resolución judicial o administrativa de una cuestión determinada, no se efectuarán actuaciones judiciales con respecto a la persona a que refiere la condición mientras subsista el impedimento, sin perjuicio de la práctica de las medidas indispensables para la conservación de la prueba practicada en la forma y con las garantías previstas en este Código.

SECCIÓN II

De la instancia

Artículo 84. (Concepto).-

84.1 La instancia es la manifestación inequívoca de voluntad del ofendido por un delito, en el sentido de movilizar el proceso penal para la condena de los responsables.

84.2 No constituye instancia la mera noticia de la ocurrencia del hecho.

Artículo 85. (Extensión).- La instancia dirigida contra uno de los copartícipes del delito se extiende a los demás.

Artículo 86. (Legitimados para instar).- Cuando el ofendido no pudiere actuar por sí, estarán legitimadas para instar al Ministerio Público al ejercicio de la acción penal las personas indicadas en el artículo 80 de este Código.

Artículo 87. (Contenido de la instancia).- En la instancia deberá constar el lugar y fecha de presentación, el nombre, edad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de quien insta y el hecho al que alude.

Si se conocen los presuntos autores, cómplices o encubridores del hecho punible, se mencionarán, indicándose en lo posible su paradero, sus relaciones de familia, su profesión u oficio y sus rasgos fisonómicos, expresándose también quiénes fueron los testigos presenciales del hecho.

Artículo 88. (Método para instar).- La instancia se formulará ante el Ministerio Público verbalmente o por escrito, dejándose en todos los casos constancia en acta. También podrá deducirse, necesariamente por escrito, ante las autoridades con funciones de policía.

Artículo 89. (Firma de la instancia).- La instancia que se formule por escrito será firmada por su autor, en presencia de la autoridad respectiva. Si no sabe o no puede firmar, el escrito se refrendará con la impresión dígito pulgar derecha del interesado o, en su defecto, la dígito pulgar izquierda. A continuación se dejará constancia de que la persona conoce el texto del escrito y que ha estampado la impresión digital en su presencia y de conformidad.

Artículo 90. (Confirmación de la voluntad de instar).- Al inicio de las actuaciones judiciales, el Ministerio Público explicará a quien formuló la instancia el alcance de la misma. Si el declarante confirma su voluntad de instar, se la tendrá por bien formulada dejándose constancia en el acta respectiva. Si el que insta desiste, se le tendrá por renunciado a su derecho a instar y no podrá volver a hacerlo por los mismos hechos.

Artículo 91. (Caducidad del derecho a instar).- El derecho a instar caduca a los seis meses contados desde la comisión del hecho presuntamente delictivo, o desde que el ofendido o la persona legitimada para instar pudo hacerlo.

Artículo 92. (Desistimiento).-

92.1 Podrá desistirse de la instancia antes de que el Ministerio Público formalice la acusación, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

92.2 Cuando la instancia haya sido formulada por uno de los padres, solamente el que instó tiene facultades para desistir.

Artículo 93. (Aceptación del desistimiento).- Para ser eficaz, el desistimiento deberá ser aceptado por el imputado. Se entenderá que lo acepta si no manifiesta su oposición dentro de los tres días siguientes al de la notificación.

Artículo 94. (Efectos del desistimiento).- El desistimiento aceptado dará por concluido el proceso, el cual no podrá volver a iniciarse por los mismos hechos.

Artículo 95. (Efecto extensivo).- En casos de desistimiento de la instancia, sus efectos se extenderán a todos los copartícipes del delito.

Artículo 96. (Delitos perseguibles a instancia del ofendido).- Son perseguibles a instancia del ofendido los siguientes delitos: rapto, violación, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, apropiación de cosas perdidas, de tesoro o de cosas habidas por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, delito de insolvencia fraudulenta, delitos de sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, penetración ilegítima en fundo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento. También se requerirá la instancia del ofendido en aquellos tipos penales que establezcan la exigencia de este requisito formal.

Artículo 97. (Procedimiento de oficio).- En los delitos de violación, atentado violento al pudor, corrupción, estupro, rapto, traumatismo y lesiones ordinarias intencionales, se procederá de oficio en los siguientes casos cuando:

a) el hecho haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio;
b) la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no hubiere persona legitimada para instar;
c) el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores, guardadores o tenedores de hecho o de derecho o con abuso de las relaciones domésticas o de la cohabitación;
d) la persona agraviada fuere menor de dieciocho años y estuviere internada en un establecimiento público;
e) el delito fuere cometido por quien tuviere respecto de la persona agraviada responsabilidad en la atención de su salud o educación;
f) la persona agraviada estuviere respecto de quien cometió el delito en una relación de dependencia laboral.

CAPÍTULO II

EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD

Artículo 98. (Facultades de no iniciar y de dar por terminada la investigación).-

98.1 El fiscal podrá abstenerse de toda investigación, o dar por terminada una investigación ya iniciada, si los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria. La resolución de no investigar o de dar por terminada la investigación será siempre fundada, y se comunicará al denunciante y en su caso a la víctima que hubiere comparecido o estuviere identificada.

98.2 El denunciante o la víctima podrá solicitar al tribunal que ordene el reexamen del caso por el fiscal subrogante, dentro de los treinta días de haber sido notificado.

98.3 Si oídos el peticionante y el fiscal actuante, el tribunal considerare que los hechos denunciados pudieran constituir delito, que la presunta responsabilidad penal del imputado pudiera no encontrarse extinguida o que es posible continuar útilmente la indagatoria, ordenará en la misma audiencia y sin más trámite el reexamen del caso por el fiscal subrogante, lo que notificará al jerarca del Ministerio Público para su conocimiento. La resolución no admitirá recursos. El fiscal actuante hasta ese momento quedará inhibido de seguir entendiendo en el asunto.

98.4 Las actuaciones se remitirán al fiscal subrogante, quien dispondrá de un plazo de veinte días para expedirse ordenando el comienzo o la continuación de la indagatoria, o reiterando la negativa a hacerlo. La decisión del fiscal subrogante concluirá la cuestión y se comunicará al tribunal, al jerarca del Ministerio Público y al peticionante que solicitó el reexamen del caso.

Artículo 99. (Nuevos hechos o medios de prueba).- Aunque hubiese resuelto no iniciar o dar por terminada la investigación de un caso de conformidad con las disposiciones de este Código, el fiscal podrá siempre iniciarla o continuarla, si se produjeren nuevos hechos o se aportaren nuevos medios de prueba que lo justifiquen.

Artículo 100. (Principio de oportunidad).-

100.1 El Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, en los siguientes casos:

a) cuando se trate de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, a menos que la pena mínima supere los dos años de privación de libertad, o que hayan sido presumiblemente cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;
b) si se trata de delito culposo que haya irrogado al imputado una grave aflicción, cuyos efectos puedan considerarse mayores a los que derivan de la aplicación de una pena;
c) si hubieren transcurrido cuatro años de la comisión del hecho y se presuma que no haya de resultar pena de penitenciaría, no concurriendo alguna de las causas que suspenden o interrumpen la prescripción.

100.2 La decisión del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada se adoptará siempre por resolución fundada y se remitirá al tribunal competente, conjuntamente con sus antecedentes, para el control de su regularidad formal; también se comunicará al jerarca del servicio y, en su caso, al denunciante y a la víctima que hubiere comparecido.

100.3 Si el tribunal entiende que la decisión del fiscal no se ajusta a derecho, así lo declarará, con noticia del jerarca del Ministerio Público. En tal caso el fiscal actuante quedará impedido de seguir conociendo en el asunto. Los autos se remitirán al fiscal subrogante, quien deberá expedirse en el plazo de veinte días reiterando o rectificando, definitivamente, la posición de la Fiscalía.

TÍTULO IV

DE LA ACCIÓN CIVIL

Artículo 101. (Acción civil).- La acción civil no podrá ejercerse en sede penal, sin perjuicio de las medidas cautelares que se puedan dictar a petición de parte.

Artículo 102. (Facultades de los sujetos de la acción civil).- La prohibición precedente no obsta al ejercicio de las facultades procesales que este Código reconoce a la víctima y al tercero civilmente responsable.

Artículo 103. (Ejercicio separado de las acciones civil y penal).- La acción civil y la acción penal que se funden en el mismo hecho ilícito, deberán ejercitarse separada e independientemente en las sedes respectivas.

Artículo 104. (Relación entre los procesos civil y penal).- La independencia señalada en el artículo anterior comprenderá la totalidad de los procesos civil y penal, incluyendo los correspondientes fallos y sin perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente.

Artículo 105. (Prueba trasladada, recurso de revisión).- Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse al otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Podrá interponerse igualmente en uno de ellos y en mérito a las resultancias del otro, el recurso de revisión civil o penal, que pudiere corresponder según el caso.

TÍTULO V

DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I

REQUISITOS DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 106. (Remisión).- Se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo I, Secciones I, II, III y VI del Código General del Proceso, en lo pertinente, con las exclusiones y modificaciones que se expresan en los artículos siguientes.

Artículo 107. (Exclusiones).- No se aplican al proceso penal las disposiciones de los artículos 71.3, 71.4, 78, 84, 87 y 89 del Código General del Proceso.

Artículo 108. (Idioma).-

108.1 Los actos procesales deberán cumplirse en idioma español.

108.2 La declaración de personas que ignoren el idioma español, de sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o lenguaje gestual y los documentos o grabaciones en lengua distinta, o en otra forma de transmisión del conocimiento, deberán ser traducidos o interpretados, según corresponda.

Artículo 109. (Lugar).-

109.1 El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y el propio tribunal, si correspondiere, podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que abarque su competencia o si fuere necesario, en cualquier lugar del territorio nacional.

109.2 Excepcionalmente, podrán efectuarse diligencias probatorias en el extranjero, con autorización del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia respectivamente y con el consentimiento de las autoridades competentes del país requerido, conforme a la normativa aplicable.

Artículo 110. (Tiempo del proceso).- Los tribunales podrán habilitar días y horas según los requerimientos del proceso. Salvo expresa disposición en contrario, se considera hábil todo el tiempo necesario para el diligenciamiento de la prueba.

Artículo 111. (De los plazos procesales).- La iniciación, suspensión, interrupción, término y cómputo del tiempo en que puedan o deban producirse los actos del proceso penal, se regularán en lo pertinente por las normas del proceso civil con excepción de lo establecido en el artículo 92 del Código General del Proceso.

Artículo 112. (Forma de actuación).- Las sentencias del tribunal y las peticiones y alegaciones de cualquiera de las partes y de la víctima, serán siempre fundadas.

CAPÍTULO II

NORMAS SOBRE INFORMACIÓN

Artículo 113. (Derechos del imputado).-

113.1 Toda persona, a la que un medio masivo de comunicación haya atribuido la calidad de imputada en un proceso penal, tiene derecho a que se publique gratuitamente en nota de similares características, información relativa a su sobreseimiento, absolución o clausura del proceso, cualquiera fuera la razón de la misma.

113.2 Si el medio de información se negare a ello, el interesado podrá acudir al procedimiento establecido en la ley para el ejercicio del derecho de rectificación o de respuesta.

CAPÍTULO III

COMUNICACIONES

SECCIÓN I

Entre autoridades

Artículo 114. (Comunicaciones nacionales e internacionales).- Cuando el tribunal deba dar conocimiento de sus resoluciones a otras autoridades nacionales o internacionales, o formularles alguna petición para el cumplimiento de diligencias del proceso, podrá efectuar la comunicación por cualquier medio idóneo, dejando de ello constancia escrita y fehaciente.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales que obliguen a la República.

SECCIÓN II

A las partes y a terceros

Artículo 115. (Actos que se notifican).-

115.1 Toda actuación judicial salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificada a las partes mediante el procedimiento establecido en el artículo siguiente.

115.2 Las providencias judiciales que sean pronunciadas en audiencia, se tendrán por notificadas en ella.

Artículo 116. (Forma de las notificaciones).-

116.1 Las notificaciones de las providencias judiciales salvo las que sean dictadas en audiencia, serán realizadas en los domicilios constituidos por las partes o en su defecto, en sus respectivos domicilios reales, cuando la ley no disponga especialmente otro modo de hacerlo, sin perjuicio de lo establecido sobre domicilio electrónico.

116.2 A los efectos de esta disposición, los despachos de los fiscales y de los defensores públicos se tendrán como sus respectivos domicilios procesales.

116.3 La sentencia definitiva se notificará a las partes con copia íntegra, autenticada por el actuario. Será notificada además al imputado en el establecimiento de reclusión o en su caso, en el domicilio constituido. Si ello no fuera posible, la diligencia se realizará en el domicilio constituido en autos por el defensor.

CAPÍTULO IV

ACTOS DEL TRIBUNAL Y DE LAS PARTES

SECCIÓN I

De la clasificación de los actos del tribunal

Artículo 117 (Clasificación).-

117.1 Sentencia es la decisión del tribunal sobre la causa o punto que se controvierte ante él.

117.2 Las sentencias son interlocutorias o definitivas.

117.3 Sentencia interlocutoria es la que resuelve una cuestión sobre algún artículo o incidente, y definitiva es la que resuelve sobre lo principal.

117.4 Las demás providencias que dicta el tribunal son decretos de mero trámite.

Artículo 118. (Remisión).- Será de aplicación al proceso penal en lo pertinente, lo establecido en el Libro I, Título VI, Capítulo V del Código General del Proceso.

SECCIÓN II

De la sentencia definitiva

Artículo 119. (Forma y contenido de la sentencia definitiva).-

119.1 La sentencia definitiva deberá consignar:

a) la fecha en que se dicta, la identificación de los autos, el nombre del o de los acusados, la mención del representante del Ministerio Público y el defensor que actúan en el juicio y la mención del delito o delitos imputados;
b) expresará a continuación por Resultandos, las actuaciones incorporadas al proceso relacionadas con las cuestiones a resolver, las pruebas que le sirvieron de fundamento, las conclusiones de la acusación y la defensa y finalmente, debidamente articulados, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados;
c) determinará luego por Considerandos, el derecho a aplicar respecto de: la tipicidad de los hechos probados, la participación de los imputados, las circunstancias alteratorias de la pena y la modalidad concursal de los delitos.

119.2 La sentencia definitiva puede ser de absolución o de condena.

119.3 La sentencia de absolución examinará el mérito de la causa y destacará la falta de prueba o la existencia de causas de justificación, de inculpabilidad, de impunidad o de extinción del delito.

119.4 La sentencia de condena expresará los fundamentos de la individualización de la pena y condenará a la que corresponda. También se pronunciará sobre la pena de confiscación y demás accesorias, así como respecto de la aplicación de medidas de seguridad, en su caso.

119.5 La sentencia que imponga medidas de seguridad curativas fundamentará la declaración de inimputabilidad y precisará el régimen de las mismas.

119.6 Dispondrá el destino de las cosas secuestradas y sujetas a confiscación.

119.7 La sentencia absolutoria o la que dispone el sobreseimiento, ordenará que las cosas secuestradas sean devueltas a la persona de quien se obtuvieron.

Artículo 120. (Principio de congruencia).-

120.1 La sentencia no podrá imponer pena ni medida de seguridad sin previa petición fiscal, ni superar el límite de la pena o medida requerida por el Ministerio Público.

120.2 Si por error manifiesto la pena requerida es ilegal, el juez procederá igualmente al dictado de sentencia y si resultare de condena, impondrá la pena dentro de los márgenes legales, poniendo en conocimiento del hecho al jerarca del Ministerio Público.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, los errores del fiscal serán juzgados en vía administrativa.

Artículo 121. (Principio de no reforma en perjuicio).- En segunda instancia y en casación, si solo recurrió la parte del imputado no se podrá modificar la sentencia en perjuicio de este.

Artículo 122. (Efecto extensivo).- La sentencia de segunda instancia o de casación en el fondo, o de revisión que absuelva a uno de los copartícipes de un delito o establezca una calificación delictual o atenuantes que lo beneficien, debe extender sus efectos a los demás, aun cuando hubiere recaído sentencia ejecutoriada, salvo que se trate de circunstancias referidas solo al primero.

En la misma sentencia, el tribunal modificará el fallo referido, en cuanto corresponda.

Artículo 123. (Confiscación o destrucción de instrumentos o efectos destinados a actividades ilícitas).- Al concluir el proceso penal, aun cuando no recayere sentencia de condena, el tribunal resolverá la confiscación o destrucción de los efectos materiales del delito y de los instrumentos con que fue ejecutado que pudieren ser destinados a actividades ilícitas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

Artículo 124. (Efectos de la absolución).-

124.1 La sentencia absolutoria ejecutoriada cierra el proceso definitiva e irrevocablemente en relación al imputado en cuyo favor se dicta.

124.2 La sentencia absolutoria ordenará cuando sea del caso, la libertad del imputado o la cesación de las medidas de coerción que se le hubieren aplicado.

124.3 Aunque la sentencia sea recurrida por el Ministerio Público, la libertad o cese de las medidas limitativas de la libertad del imputado serán cumplidas con carácter provisional.

Artículo 125. (Eficacia de la sentencia).- Las sentencias ejecutoriadas producirán todos sus efectos sin perjuicio de la unificación de penas, cuando corresponda.

Artículo 126. (Unificación de penas).- La unificación de penas será tramitada en vía incidental, en la causa más antigua, y la sentencia que recaiga será considerada definitiva a todos sus efectos.

SECCIÓN III

De la acusación y la defensa

Artículo 127. (De la acusación).- La acusación se ajustará formalmente a las reglas prescriptas para la sentencia, en lo pertinente.

Deberá contener:

a) los hechos que el fiscal considere probados y su calificación legal;
b) la participación que en ellos hubiere tenido el imputado;
c) las circunstancias alteratorias concurrentes;
d) la petición de la pena o de la medida de seguridad, según corresponda.

Artículo 128. (De la defensa).- La defensa deberá ajustarse formalmente y en lo pertinente a las mismas reglas que rigen la acusación.

SECCIÓN IV

De los modos extraordinarios de conclusión del proceso

Artículo 129. (Pedido de sobreseimiento).-

129.1 El Ministerio Público, en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia ejecutoriada, podrá desistir del ejercicio de la acción penal solicitando el sobreseimiento por alguno de los fundamentos previstos en el artículo siguiente.

129.2 Previo a resolver, el tribunal oirá a la víctima en los términos que a continuación se establecen:

a) si el pedido es formulado fuera de audiencia y la víctima hubiera comparecido durante el proceso, se le dará traslado personal por seis días;
b) si el pedido es formulado en audiencia y la víctima estuviera participando, previo traslado, lo evacuará en el momento. Si no estuviere presente en la audiencia, aunque hubiera participado con anterioridad, no se le conferirá traslado.

129.3 Si la víctima no se opone, el tribunal deberá decretar el sobreseimiento sin más trámite, mediante auto fundado exclusivamente en la solicitud del fiscal y en la no oposición de la víctima. Si existe oposición, el juez podrá:

a) desestimarla, decretando el sobreseimiento pedido por el Ministerio Público;
b) acogerla, disponiendo en ese caso el reexamen del caso por el fiscal subrogante.

129.4 El fiscal subrogante dispondrá de un plazo de veinte días para expedirse, reiterando el pedido de sobreseimiento o continuando con el proceso según su estado.

129.5 Si el fiscal subrogante reitera el pedido de sobreseimiento, el juez lo decretará sin más trámite. La sentencia se notificará a las partes, a la víctima y al jerarca del Ministerio Público.

Artículo 130. (Procedencia del sobreseimiento).- El Ministerio Público deberá fundar el pedido de sobreseimiento en alguna de las siguientes causales:

a) cuando agotadas todas las posibilidades probatorias, no exista plena prueba de que el hecho imputado se haya cometido o que el imputado haya participado en su comisión;
b) cuando el hecho no constituya delito;
c) cuando resulte de modo indudable que medió una causa de justificación, de inculpabilidad, de impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal.

Artículo 131. (Sobreseimiento a pedido de la defensa).-

131.1 Antes de la acusación fiscal, la defensa podrá pedir al tribunal el sobreseimiento del imputado por cualquiera de las causas previstas en el artículo anterior.

131.2 El incidente se sustanciará con la víctima que hubiere comparecido a la audiencia preliminar y luego con el fiscal.

131.3 Si el fiscal no se opone al sobreseimiento, el juez deberá decretarlo.

131.4 Si el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa fuera denegado, esta no podrá volver a plantearlo, salvo que alegare hechos no conocidos al tiempo de formular la primera solicitud u ofreciere nuevos medios de prueba.

Artículo 132. (Efectos).- El sobreseimiento tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria.

Artículo 133. (Clausura definitiva).- Se clausurará definitivamente el proceso cuando concurra alguna de las siguientes causales:

a) muerte del imputado;
b) amnistía;
c) gracia;
d) indulto;
e) la existencia de sentencia ejecutoriada recaída sobre los mismos hechos (bis in idem);
f) prescripción.

Dichas causales podrán ser declaradas en cualquier estado del juicio, de oficio o a petición de parte. En el primer caso, se notificará personalmente a las partes quienes tendrán el plazo perentorio de diez días para impugnar mediante recurso de apelación. En el segundo caso, la petición se tramitará por vía incidental.

SECCIÓN V

De las audiencias

Artículo 134. (Presidencia y asistencia).-

134.1 Las audiencias serán presididas por el tribunal.

134.2 Las audiencias se celebrarán con la presencia del juez, del Ministerio Público, del defensor y del imputado. La ausencia de cualquiera de estos sujetos procesales aparejará la nulidad de la audiencia, la cual viciará a los ulteriores actos del proceso y será causa de responsabilidad funcional de los dos primeros y del defensor, según corresponda.

134.3 La víctima podrá asistir y su participación será facultativa, con el alcance, los derechos y de la forma que se establece en este Código.

Artículo 135. (Publicidad).- Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos:

a) por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad;
b) cuando medien razones especiales para preservar la privacidad y/o dignidad de las personas intervinientes en el proceso;
c) cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pudiere perjudicar a los intereses de la justicia o comprometer un secreto protegido por la ley.

Contra la decisión del tribunal solo cabrá el recurso de reposición.

Artículo 136. (Continuidad).-

136.1 Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, se fijará en el acto la fecha de su reanudación, salvo razones fundadas.

136.2 De no establecerse plazo específico de prórroga, la audiencia deberá fijarse para la fecha más cercana posible, a los efectos de procurar la continuidad del proceso.

136.3 La no realización de cualquiera de las audiencias dentro de los plazos previstos en este Código por causas no imputables a las partes, generará responsabilidad administrativa del juez interviniente.

Artículo 137. (Dirección).- Las audiencias serán dirigidas por el tribunal. Este ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan y moderará la discusión, impidiendo derivaciones inadmisibles, impertinentes o inconducentes, sin coartar por ello el libre ejercicio de la acción penal y el derecho de defensa.

Artículo 138. (Disciplina y control).- El tribunal deberá adoptar a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias para asegurar el normal y continuo desarrollo de las audiencias, así como la preservación de su decoro y eficacia, estando facultado especialmente para:

a) ordenar que se retire de sala quien perturbe el desarrollo de la audiencia;
b) prohibir al público y a la prensa el empleo de medios técnicos de reproducción y filmación, cuando ello perturbe la regularidad del acto.

Artículo 139. (Documentación).-

139.1 Lo actuado en audiencia se documentará en acta que se labrará durante su transcurso. Además, el tribunal dispondrá el registro de lo actuado mediante la utilización de medios técnicos apropiados.

139.2 Las partes y la víctima podrán solicitar lo que entiendan pertinente para asegurar su fidelidad, estándose en este caso a lo que el tribunal resuelva en el acto. Esta decisión solo será susceptible del recurso de reposición.

139.3 Mediando acuerdo de partes el tribunal podrá disponer que la copia del registro que hubiera autorizado realizar a las partes o a la víctima se incorpore al acta de la audiencia como registro oficial.

TÍTULO VI

DE LA PRUEBA

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES

Artículo 140. (Actividad probatoria).-

140.1 La actividad probatoria en los procesos penales está regulada por la Constitución de la República, los Tratados aprobados y ratificados por nuestro país, por este Código y por leyes especiales.

140.2 Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público, la defensa y la víctima. El tribunal decidirá su admisión y podrá rechazar los medios probatorios innecesarios, inadmisibles o inconducentes.

140.3 Las resoluciones dictadas por el tribunal sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba, serán apelables con efecto diferido.

Artículo 141. (Objeto de la prueba).- El objeto de la prueba en materia penal es:

a) la comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la ley como configurativos del delito imputado;
b) la averiguación de la participación que haya tenido el imputado en los hechos investigados;
c) la concurrencia de causas de justificación;
d) la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes;
e) los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena.

Artículo 142. (Certeza procesal).-

142.1 No se podrá dictar sentencia condenatoria, sin que obre en el proceso plena prueba de la que resulte racionalmente la certeza del delito y la responsabilidad del imputado.

142.2 En caso de duda, deberá absolverse al imputado.

Artículo 143. (Valoración de la prueba).- Las pruebas serán valoradas por separado y en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.

El tribunal indicará concretamente el o los medios de prueba que constituyan el fundamento principal de su decisión.

Artículo 144. (Medios de prueba).- Son medios de prueba los previstos expresamente en este Código y cualquier otro medio no prohibido por la Constitución de la República o la ley, que pueda utilizarse aplicando analógicamente las reglas que disciplinan a los expresamente previstos.

Artículo 145. (Prueba trasladada).- Las pruebas producidas en otro proceso, sea nacional o extranjero, aun cuando no hubiere mediado contralor de las partes, serán apreciadas por el tribunal de acuerdo a su naturaleza y circunstancias. Las partes podrán solicitar las medidas complementarias o ampliatorias que estimen del caso.

CAPÍTULO II

MEDIOS DE PRUEBA

SECCIÓN I

De la confesión

Artículo 146. (Confesión).-

146.1 La confesión consiste en la admisión por el imputado de los hechos contrarios a su interés.

146.2 Para que la confesión tenga valor probatorio es preciso que el imputado, asistido por su defensor, la haya prestado libremente ante el tribunal, y que además otro u otros elementos de convicción la corroboren.

SECCIÓN II

De la prueba testimonial

Artículo 147. (Deber de testimoniar).- Podrá disponerse el interrogatorio de toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados.

Nadie puede negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley.

Artículo 148. (Derechos del testigo).- Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, se garantizará la plena vigencia de los siguientes derechos a los testigos convocados:

a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;
b) a ser informado sobre el motivo de su citación;
c) a pedir protección para él y su familia, en sus personas y sus bienes, si lo estimare necesario.

Artículo 149. (Capacidad).- Toda persona puede atestiguar, sin perjuicio de la facultad del tribunal de apreciar el valor de su testimonio.

Artículo 150. (Exenciones al deber de testimoniar).-

150.1 Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, siempre que no sean denunciantes o damnificados, el cónyuge, aun cuando estuviere separado, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, los afines en primer grado, los concubinos more uxorio, los padres e hijos adoptivos, los tutores y curadores y los pupilos.

150.2 Antes de iniciarse la declaración y bajo sanción de nulidad, las personas mencionadas serán informadas de su facultad de abstenerse. Ellas podrán ejercer dicha facultad aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.

Artículo 151. (Abstención de rendir testimonio).- Deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial.

151.1 Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. Sin embargo, estas personas no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya confiado.

151.2 Los funcionarios públicos, si conocen de una información clasificada como reservada o confidencial, no estarán obligados a declarar salvo que el juez, a solicitud de parte, considere imprescindible la información. En este caso, el tribunal requerirá la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar a los funcionarios públicos que corresponda.

Artículo 152. (Citación).-

152.1 Para el examen de testigos, se librará citación en la que se señalará el deber de comparecer y la sanción en que se incurrirá en caso de incumplimiento.

152.2 En casos de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio, inclusive verbal, dejándose constancia.

152.3 El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

152.4 No se descontará del salario del testigo compareciente el tiempo que estuvo a disposición del tribunal. A su solicitud, se expedirá constancia de su comparecencia.

Artículo 153. (Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero).-

153.1 Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar su testimonio, se podrá comisionar la recepción de su declaración por exhorto u oficio al órgano competente de su residencia, siempre que sea difícil o gravosa su concurrencia. A tales efectos, podrá utilizarse el medio técnico más apropiado.

153.2 Sin embargo, si la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio lo requirieran, el testigo deberá comparecer a la audiencia que se señale.

153.3 Si el testigo se hallare en el extranjero, se procederá conforme a lo dispuesto en las normas sobre cooperación judicial internacional.

Artículo 154. (Compulsión y arresto).-

154.1 Si el testigo no compareciere sin mediar causa justificada, será conducido por la fuerza pública.

154.2 Si después de comparecer el testigo se negare a declarar, será puesto a disposición del tribunal competente por la responsabilidad penal que le pudiere corresponder.

154.3 Cuando el testigo carezca de domicilio o cuando exista temor fundado de que se oculte, fugue o ausente, el tribunal podrá disponer de oficio o a petición de parte su arresto, a los solos efectos de asegurar su declaración. La duración de la medida no podrá exceder las doce horas.

Artículo 155. (Testimonio de altas autoridades y miembros del cuerpo diplomático).-

155.1 No tienen la obligación de comparecer el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros y Subsecretarios del Poder Ejecutivo, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas, los Intendentes Departamentales, los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas en actividad, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, los Jueces y los Fiscales Letrados. Estas personas rendirán su declaración a su elección, en su domicilio o en su despacho. El acto de la audiencia no será público.

155.2 Tampoco tienen obligación de comparecer los miembros del cuerpo diplomático o consular acreditados en el Uruguay. Estas personas rendirán su testimonio conforme a las normas del Derecho Internacional.

Artículo 156. (Testigo imposibilitado).- La persona que no pueda concurrir al tribunal por estar físicamente impedida, será examinada en su domicilio o en el lugar donde se encuentre. En este caso, así como en el artículo anterior, las partes deberán comparecer al acto y formular las preguntas que estimen pertinentes, bajo contralor del juez.

Artículo 157. (Incomunicación).- Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias. El tribunal resolverá si deberán permanecer incomunicados en la antesala después de declarar.

Artículo 158. (Reglas para el examen de los testigos).-

158.1 Antes de comenzar la declaración, el juez advertirá al testigo de su deber de decir la verdad y lo instruirá acerca de las penas con que el Código Penal castiga el falso testimonio.

158.2 Se procederá a interrogar a cada testigo sobre lo siguiente:

a) su nombre, apellido, edad, estado civil, profesión u oficio y domicilio y si es extranjero, además los años de residencia en el país;
b) si conoce al imputado y a los demás interesados en el resultado del proceso, si tiene con alguno de ellos parentesco, amistad, enemistad o relaciones de cualquier clase y si tiene interés de cualquier orden en la causa;
c) sobre todos los demás hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad con respecto a los hechos que son objeto del proceso;
d) acerca de todas las circunstancias que sirvan para apreciar su credibilidad y especialmente sobre la razón de sus dichos.

158.3 La declaración de los testigos se sujetará a los interrogatorios que efectúen las partes. Estos serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por la contraparte. Finalmente, el tribunal podrá formular preguntas aclaratorias o ampliatorias a los testigos. A solicitud de cualquiera de las partes el tribunal podrá autorizar nuevo interrogatorio de los testigos que ya hubieren declarado en la audiencia.

158.4 El juez podrá rechazar cualquier pregunta que juzgue inconducente, innecesaria, dilatoria, sugestiva, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio cuando lo considere del caso.

El testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el tribunal lo autorice.

Artículo 159. (Testigo sospechoso de delito).-

159.1 Si de la declaración de una persona citada como testigo surgieren indicios que la hicieren sospechosa de delito, se suspenderá la diligencia y en adelante se le aplicará el estatuto del imputado.

159.2 La declaración como testigo de una persona que luego pasa a ser considerada como imputada, no podrá utilizarse en su perjuicio.

Artículo 160. (Testigos menores de dieciocho años de edad).-

160.1 El interrogatorio de los testigos menores de dieciocho años, será conducido por el tribunal sobre la base de las preguntas presentadas por el fiscal y la defensa. Podrá recurrirse al asesoramiento de un psicólogo forense u otro profesional especializado. Por regla general no podrán ser interrogados directamente por las partes.

160.2 A los efectos de contemplar sus derechos y brindar su testimonio en el proceso, podrá adoptarse una o más de las siguientes medidas:

a) pantallas de cristal para ocultar al testigo del imputado u otros elementos que constituyan barrera física con el mismo efecto;
b) prestar testimonio desde una sala adyacente al tribunal a través de un circuito cerrado de televisión u otra tecnología con similar efecto;
c) recepción en privado, excluyéndose al público y a los medios de prensa de la sala del tribunal;
d) examen del testigo a través de un intermediario designado por el tribunal, con la función de ayudarlo a comprender el interrogatorio. Esta medida será tenida especialmente en cuenta tratándose de menores de doce años de edad;
e) presencia de un acompañante como apoyo emocional, mientras el testigo presta testimonio. Este puede ser cualquier adulto en quien él confíe, siempre que no sea parte, testigo u otro sujeto del proceso.

Artículo 161. (Testigo que no conozca el idioma).- Si el testigo no sabe darse a entender por desconocer el idioma español, se utilizarán los servicios de un intérprete.

Artículo 162. (Testigos discapacitados).-

a) Tratándose de testigos con discapacidad intelectual o mental se aplicarán las reglas previstas en los artículos precedentes;
b) al testigo con dificultades de audición y comunicación se le proveerá de un intérprete;
c) al testigo que no se comunica mediante el habla, se le proveerá de sistemas de comunicación alternativos;
d) al testigo no vidente que deba suscribir el acta, le será leída por el actuario o secretario del tribunal.

Artículo 163. (Testigos intimidados).-

163.1 Cuando exista peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del testigo o sus familiares, el tribunal podrá disponer una o más de las medidas previstas en el artículo 160 de este Código.

163.2 Asimismo, se podrá disponer la reserva de su identidad, de los demás datos personales y de cualquier otro elemento que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para esta un número o cualquier otra clave. Sus datos filiatorios y toda otra circunstancia que permita identificarlo, quedarán depositados en dos sobres cerrados y lacrados, en cuyo reverso solamente se dejará constancia de la causa y del titular del Ministerio Público interviniente. Uno de los sobres quedará en poder de este y el otro en poder del tribunal. Cuando se establezca esta medida, se dispondrá además la prohibición de divulgar de cualquier forma su identidad o de cualquier otro dato conducente a ella.

163.3 La declaración de los testigos en las condiciones previstas en el numeral anterior, será valorada por el juez con criterio especialmente riguroso, considerando para su credibilidad el resto de los elementos probatorios y las circunstancias que determinaron su protección.

Artículo 164. (Declaración de la víctima).-

164.1 Para la declaración de la víctima rigen las mismas reglas prescritas para la declaración de los testigos.

164.2 Tratándose de víctimas de delitos sexuales menores de dieciocho años, personas con discapacidad física, mental o sensorial, la filmación de la entrevista pericial efectuada a la víctima en la etapa de la investigación, podrá incorporarse como prueba testimonial, en cuanto se hayan cumplido las garantías procesales reguladas en este Código, sin perjuicio del derecho de las partes a que se efectúen los correspondientes interrogatorios complementarios o ampliatorios.

Artículo 165. (Testimonio filmado).-

165.1 En los casos en que se considere conveniente por las características del testimonio o por sus particulares circunstancias, podrá disponerse la filmación, agregándose el soporte como parte integrante del acto.

165.2 Asimismo, se adoptarán los medios técnicos tendientes a preservar la genuinidad del soporte de la filmación.

SECCIÓN III

Del careo

Artículo 166. (Procedencia).-

166.1 Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepado sobre hechos o circunstancias importantes. El imputado también podrá solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse.

166.2 No procederá el careo entre el imputado y los testigos referidos en los artículos 161 a 164 de este Código.

Artículo 167. (Reglas del careo).-

167.1 El juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo y les preguntará si las confirman o modifican.

167.2 Acto seguido, el Ministerio Público y la defensa podrán interrogar a los sometidos a careo, exclusivamente sobre los puntos materia de contradicción que determinaron la procedencia de la diligencia.

SECCIÓN IV

Del reconocimiento

Artículo 168. (Reconocimiento).- El reconocimiento es el acto ordenado por el tribunal, por el que alguna persona o cosa determinada es examinada o inspeccionada por aquel, o por las personas cuyo informe o testimonio puede ser conveniente para la investigación.

Artículo 169. (Reconocimiento de personas).-

169.1 El reconocimiento de personas por testigos, se hará con las reglas de la declaración testimonial y con los siguientes requisitos:

a) cada testigo lo hará por separado, describiendo previamente al aludido y expresando si antes le ha sido exhibido, debiendo hacerlo desde un lugar donde no pueda ser visto por aquel;
b) el aludido elegirá lugar en la fila de varias personas de aspecto semejante;
c) el declarante dirá si en la fila está la persona aludida y la señalará, manifestando las diferencias que encuentre con su percepción anterior.

169.2 No podrá haber más de un imputado en una fila de personas.

169.3 De todo lo actuado se redactará acta y si es posible, se dejará registro mediante el empleo de medio técnico idóneo.

169.4 Deberá presenciar el acto el defensor del imputado.

Artículo 170. (Reconocimiento por imágenes).- Cuando no se pudiere efectuar el reconocimiento de personas en las condiciones indicadas en el artículo anterior, se podrá utilizar imágenes fotográficas o fílmicas, observando las mismas reglas en lo pertinente.

Artículo 171. (Otros reconocimientos).- Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán las reglas que anteceden, en lo pertinente.

Sin perjuicio de labrar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica, videográfica o mediante otros instrumentos o procedimientos.

Artículo 172. (Reconocimiento de cosas).- Antes del reconocimiento de una cosa se invitará a la persona que debe efectuarlo a que la describa. En lo demás, regirán las disposiciones precedentes.

SECCIÓN V

De la prueba documental

Artículo 173. (Incorporación).-

173.1 Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa o prohibición legal o necesidad de previa orden judicial.

173.2 Durante la etapa de investigación, el fiscal podrá solicitar directamente al tenedor del documento su presentación, exhibición y en caso de negativa, solicitar al tribunal la orden de incautación correspondiente.

173.3 Los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado.

173.4 Tampoco podrán admitirse como medio de prueba ni ser utilizadas en modo alguno, las misivas y otras comunicaciones del imputado con su defensor y con personas amparadas por secreto profesional. Esta excepción no rige si dichas personas son también imputadas, ni cuando aquellas son medios para la preparación, ejecución o encubrimiento del delito.

Artículo 174. (Reconocimiento del documento).-

174.1 Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel que efectuó el registro. Podrán ser llamados también a reconocerlo personas distintas, en calidad de testigos.

174.2 Podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la autenticidad del documento.

Artículo 175. (Traducción, transcripción y visualización de documentos).-

175.1 Todo documento redactado en idioma distinto del español, deberá estar traducido por traductor público para ser incorporado al proceso.

175.2 Cuando el documento consista en una grabación, se dispondrá su transcripción en un acta con intervención de las partes.

175.3 Cuando el documento consista en un video, se ordenará su visualización y su transcripción en un acta, con intervención de las partes.

Artículo 176. (Instrumentos públicos).- En lo relativo a la autenticidad de los documentos públicos y la fe que de ellos emana, se aplicarán las disposiciones del derecho civil, salvo que el delito imputado consista en la falsedad material o ideológica del mismo.

SECCIÓN VI

De la prueba por informes

Artículo 177. (Requerimiento de informes).- Podrán requerirse informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados. La omisión o el retardo en la respuesta, la falsedad del informe o el ocultamiento de datos, generarán las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio de las diligencias de inspección, revisión o incautación que fueren necesarias.

SECCIÓN VII

De la prueba pericial

Artículo 178. (Procedencia).-

178.1 Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.

178.2 Los informes deberán emitirse con imparcialidad, atendiéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito.

178.3 En la audiencia, los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y a continuación se autorizará que sean interrogados por las partes. Los interrogatorios serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por la contraparte.

178.4 Finalmente, el tribunal podrá formular preguntas al perito con el fin de aclarar sus dichos.

Artículo 179. (Remisión).- La prueba pericial se regirá por lo establecido en el Libro I, Título VI, Capítulo III, Sección V del Código General del Proceso, en lo pertinente.

Artículo 180. (Actuación de los peritos oficiales).-

180.1 El Ministerio Público podrá requerir como peritos a los miembros del Instituto Técnico Forense, de la Policía Científica y de otros organismos estatales especializados, que le presten auxilio en la etapa de investigación.

180.2 Asimismo, si en la preparación del caso la defensa necesitare el auxilio de expertos de los organismos mencionados en el numeral precedente, podrá solicitar al fiscal o al tribunal según la etapa procesal, que ordene la actuación de estos y eventualmente, presentarlos como peritos en la audiencia de prueba.

Artículo 181. (Honorarios del perito).- Los peritos designados a solicitud de las partes tendrán derecho a cobrar honorarios salvo que actúen como funcionarios públicos en cumplimiento de su función. Si la designación fuera efectuada a solicitud del Ministerio Público o de la defensa pública, los honorarios serán de cargo del Estado a través del órgano jerarca del solicitante.

SECCIÓN VIII

De los indicios

Artículo 182. (Concepto de indicio).-

182.1 Indicios son las cosas, estados o hechos personales o materiales, ocurridos o en curso, aptos para convencer en alguna medida, acerca de la verdad de las afirmaciones o de la existencia de un hecho que es objeto del proceso, toda vez que no constituyan un medio de prueba específicamente previsto.

182.2 Para que los indicios puedan servir de base a una resolución judicial, deberán estar plenamente probados, ser inequívocos y ligar lógica e ininterrumpidamente el punto de partida y la conclusión probatoria.

SECCIÓN IX

De la inspección judicial y de la reconstrucción del hecho

Artículo 183. (Inspección judicial).-

183.1 Podrá comprobarse mediante la inspección de personas, lugares y cosas, las huellas, rastros y otros efectos materiales que el hecho haya dejado, describiéndolos detalladamente y recogiendo o conservando en lo posible, lo que tenga eficacia probatoria.

183.2 El tribunal describirá el estado actual del objeto de la inspección y en cuanto sea posible, verificará el preexistente. En caso de desaparición o alteración de los rastros u otros efectos, averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

Artículo 184. (Examen corporal del imputado).-

184.1 Durante la indagatoria preliminar, el juez a solicitud de las partes puede ordenar el examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación.

184.2 Con esa finalidad, aun sin el consentimiento del imputado pueden efectuarse pruebas biológicas y mínimas intervenciones corporales, siempre efectuadas por profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema fundadamente un daño para la salud del imputado, para lo cual si resulta necesario, se contará con un previo dictamen pericial.

184.3 Si el examen corporal puede ofender el pudor de la persona, sin perjuicio de que el examen lo realice un médico legista u otro profesional especializado, a petición del imputado debe ser admitida la presencia de una persona de su confianza, labrándose acta del resultado del mismo.

Artículo 185. (Reconstrucción del hecho).-

185.1 La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se cometió de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas diligenciadas, debiendo practicarse con la mayor reserva posible.

185.2 La diligencia se realizará bajo la dirección del tribunal, labrándose acta resumida en la que conste la realización de la misma y sus detalles.

185.3 No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción y cuando participe, regirán las reglas previstas para su declaración.

185.4 El tribunal tomará las medidas del caso para procurar que la concurrencia del público y de los medios de información al acto respectivo, no perturben el desarrollo de la diligencia.

Artículo 186. (Participación de testigos y peritos).-

186.1 La inspección judicial y la reconstrucción del hecho deben realizarse preferentemente con la participación de testigos y peritos.

186.2 Asimismo, se dispondrá que se levanten planos o croquis del lugar y se tomen fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que interesen a la causa.

SECCIÓN X

De la identificación del cadáver y autopsia

Artículo 187. (Identificación de cadáver).-

187.1 Si se tiene conocimiento de la ocurrencia de una muerte presuntamente violenta, antes de procederse al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, se le identificará por todos los medios adecuados.

187.2 La diligencia deberá ser dirigida por el fiscal o quien lo represente con la intervención del médico legista y del personal policial especializado en criminalística.

Artículo 188. (Autopsia y reconocimiento).-

188.1 En los casos de muerte en que se sospecha la existencia de un delito o cuya causa no esté determinada se practicará el reconocimiento del cadáver y la autopsia, pudiendo incluso disponerse la exhumación.

188.2 El médico actuante describirá minuciosamente la operación e informará sobre la naturaleza de las lesiones, el origen y la causa del fallecimiento y sus circunstancias, si se pudieran determinar, debiendo procurar que la integridad corpórea del cadáver quede restablecida al máximo.

188.3 Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la identificación y conservación de los objetos y elementos que se extraigan del cadáver.

188.4 El resultado del reconocimiento y de la autopsia será informado al fiscal, a los familiares de la persona fallecida y al juez que estuviera interviniendo.

SECCIÓN XI

De los registros

Artículo 189. (Objeto).-

189.1 El registro tiene por objeto averiguar el estado de las personas, lugares, cosas, rastros u otros efectos materiales de utilidad para la investigación. De su realización se labrará acta y cuando sea posible, se recogerán o conservarán los elementos materiales útiles.

189.2 La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquel, podrá inspeccionar o disponer el registro de lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos suficientes para considerar que se encontrarán rastros de delito, o que en determinado lugar se encuentra el imputado o alguna persona prófuga.

189.3 Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá la situación que se encuentre y sus elementos componentes, procurando consignar asimismo el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. De la misma forma se procederá cuando la persona buscada no sea hallada en el lugar.

189.4 De ser posible, se levantarán planos de señales, se usarán elementos descriptivos y fotográficos y se realizará toda otra operación técnica necesaria o útil para el cabal cumplimiento de la diligencia.

189.5 La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí dando cuenta inmediata a aquel, podrá disponer que durante la diligencia de registro no se ausenten las personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan serán conducidos por la fuerza pública.

189.6 La retención solo podrá durar dos horas, salvo que el juez habilitare un plazo mayor.

Artículo 190. (Registro de personas).-

190.1 Cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos en su cuerpo, vestimenta, efectos personales relacionados con el delito, la autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquel, procederá a registrarlo. Antes del registro, se invitará a la persona a que exhiba y entregue el objeto buscado.

190.2 El registro se efectuará por persona del mismo sexo siempre que sea posible respetando la dignidad y el pudor del registrado.

190.3 El registro puede comprender también equipaje y bultos, así como el vehículo utilizado. De todo lo actuado se labrará acta que se ofrecerá firmar a los involucrados, quienes podrán consignar las observaciones que entiendan del caso.

Artículo 191. (Registro de lugares no destinados a habitación).- Cuando existan motivos razonables para considerar que en determinado edificio o lugar cerrado se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran objetos provenientes de actividad delictiva o relevantes para la investigación, el fiscal solicitará autorización judicial para el allanamiento y registro respectivos.

Artículo 192. (Contenido de la resolución).-

192.1 La resolución de la autoridad competente contendrá el nombre del fiscal autorizado, la fecha en que se realizará la diligencia, la finalidad específica del allanamiento y la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado.

192.2 Dispuesto el registro, se dará aviso previo a la persona a cuyo cargo estuviere el local, vehículo, buque o aeronave, salvo que a criterio del tribunal, ello resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia.

Artículo 193. (Registro de lugares destinados al culto).- Para el allanamiento y registro de templos y lugares cerrados destinados a cualquier culto cuya celebración sea organizada por instituciones con personería jurídica, se requerirá el aviso a las personas que estén a su cargo directo e inmediato, salvo que a criterio del juez, ello resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia.

Artículo 194. (Registros especiales).-

194.1 El Ministerio Público podrá solicitar al tribunal el registro de inmuebles destinados a organismos públicos y sus dependencias y buques y aeronaves del Estado.

La diligencia se hará efectiva con previo aviso al jerarca correspondiente, salvo que a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de la medida.

194.2 Para el registro de la Casa de Gobierno, del Palacio Legislativo, de las sedes centrales de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, se requerirá la autorización escrita del Presidente de la República en su caso o del presidente del órgano afectado por la medida, salvo que a criterio del juez resulte perjudicial para la eficacia de la diligencia. En estos casos no regirán las limitaciones de tiempo establecidas en el artículo 195 de este Código.

194.3 Con relación al allanamiento y registro de sedes y oficinas de misiones diplomáticas o consulares extranjeras, de organismos internacionales y residencias de sus funcionarios, así como de buques y aeronaves de guerra extranjeros, se aplicarán los tratados y convenciones internacionales respectivos, en lo pertinente.

Artículo 195. (Allanamiento y registro domiciliario).-

195.1 El allanamiento y registro de morada o de sus dependencias, solamente podrá realizarse por orden del juez, expedida a solicitud del fiscal, en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol.

195.2 Se entiende por morada o habitación particular, el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando solo sea en forma transitoria.

195.3 No obstante, podrá efectuarse el registro en horas de la noche, cuando medie consentimiento expreso del jefe de hogar, comunicándolo inmediatamente al fiscal y al juez competente.

195.4 Si el juez ordena el allanamiento de una vivienda donde no se encuentren personas mayores de edad o haya ausencia total de sus moradores, la diligencia se realizará por el personal superior a cargo del servicio, dándose cuenta previamente al fiscal competente.

195.5 La denuncia policial por violencia doméstica se tomará a todos los efectos como autorización expresa para el allanamiento y registro de morada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación.

Artículo 196. (Desarrollo de la diligencia).-

196.1 La orden de allanamiento será notificada al morador o a cualquier persona mayor que se encuentre en el lugar. Al notificado se le invitará a presenciar el registro y cuando no se encuentre nadie, ello se hará constar en acta. Si la finca estuviere cerrada y nadie respondiere a los llamados de la autoridad, se procederá a su apertura mediante la intervención de cerrajero, con auxilio de la fuerza pública, en presencia de dos testigos hábiles; al terminar el registro, el lugar quedará debidamente cerrado, bajo responsabilidad del jerarca administrativo actuante.

196.2 La diligencia se detallará en acta, que firmará el morador o encargado del lugar pudiendo formular las observaciones que considere pertinentes. Si este no se encontrare, no pudiere o no quisiere hacerlo, se dejará constancia de ello, entregándosele una copia del acta.

196.3 Cuando se trate de registros especiales la diligencia se seguirá con el funcionario de mayor jerarquía que se encuentre en el lugar o con quien este designe.

SECCIÓN XII

De la exhibición e incautación de bienes

Artículo 197. (Solicitud del fiscal).-

197.1 Cuando el propietario o poseedor a cualquier título se niegue a entregar o exhibir un bien que constituye el cuerpo del delito o que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados, el fiscal solicitará al juez que ordene su incautación o su exhibición forzosa.

197.2 La autoridad administrativa no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trate de una intervención en delito flagrante o en peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal. Cuando exista peligro por la demora, la exhibición o la incautación deberá disponerla el fiscal, dando cuenta al juez competente y estando a lo que él resuelva.

Artículo 198. (Contenido de la resolución).-

198.1 La resolución del tribunal especificará el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien cuyo secuestro, incautación o exhibición se ordena y el sitio en el que tendrá lugar la diligencia.

198.2 Si se tratara de secuestro o incautación, contendrá el nombre del depositario y la orden de comunicar al registro público si el objeto de la medida fuera bienes inmuebles o muebles registrables.

Artículo 199. (Diligencia de secuestro, incautación o exhibición).-

199.1 Obtenida la autorización para una diligencia de secuestro o exhibición de bienes muebles o de incautación de bienes inmuebles, el fiscal la ejecutará de inmediato, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.

199.2 Los bienes objeto de secuestro o incautación serán registrados y debidamente individualizados, dejándose constancia de quién asume el carácter de depositario. Tratándose de bienes inmuebles o muebles registrables la medida se inscribirá en el registro público correspondiente.

199.3 El acta será firmada por los intervinientes en la diligencia, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 196.2 de este Código.

Artículo 200. (Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos).-

200.1 El fiscal o la autoridad administrativa con autorización del tribunal, podrá devolver a la víctima o a terceros los objetos incautados. Asimismo, podrá devolverlos al imputado si no tuvieran ninguna relación con el delito.

La devolución podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito, con citación de todos los interesados que resulten de los antecedentes, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario.

200.2 Los bienes sustraídos a la víctima le serán entregados a esta.

Artículo 201. (Entrega definitiva).- Una vez concluida la causa penal, si en el plazo de treinta días de notificado el interesado no fueran deducidas pretensiones en sede civil sobre las cosas entregadas provisionalmente, dicha entrega se tornará definitiva.

Artículo 202. (Bienes no reclamados).-

202.1 Transcurrido un año de ejecutoriada la sentencia definitiva u otra forma de conclusión de la causa o del archivo de la investigación preliminar, el tribunal podrá disponer el remate de los bienes secuestrados o incautados que no hubieran sido reclamados o cuyas respectivas reclamaciones hubieran sido desestimadas por sentencia ejecutoriada.

202.2 El producto del remate quedará a la orden del tribunal y los interesados podrán hacer valer sus derechos sobre esa suma, mientras no se produzca la caducidad respectiva.

SECCIÓN XIII

De la exhibición e incautación de actuaciones
y documentos públicos y privados

Artículo 203. (Incautación de documentos).-

203.1 Los documentos públicos y privados pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación.

203.2 Quien tenga en su poder los documentos requeridos está obligado a exhibirlos o entregarlos inmediatamente al fiscal, incluso su original, salvo que invoque causa legítima para no hacerlo, en cuyo caso se estará a la resolución del tribunal.

Artículo 204. (Copia de documentos incautados).-

204.1 El fiscal deberá restituir los documentos incautados manteniendo copia de los mismos, salvo que aquellos sean indispensables para la investigación, en cuyo caso se expedirá copia si el interesado lo solicita.

204.2 Debe entregársele copia del acta realizada a la persona u oficina en la cual se efectuó la incautación.

SECCIÓN XIV

De la interceptación e incautación postal y electrónica

Artículo 205. (Autorización).-

205.1 El Ministerio Público solicitará al tribunal competente la interceptación, incautación y ulterior apertura o registro de cualquier correspondencia, envío postal, correo electrónico o similar, dirigido al imputado o enviado por este aun bajo nombre supuesto, o de aquellos que le fueren atribuibles por cualquier motivo.

205.2 Estarán excluidas de la autorización prevista en este artículo, las comunicaciones entre el imputado y su defensor.

205.3 Tratándose de tercero, podrán dictarse las mismas medidas siempre que el juez tenga motivos seriamente fundados para suponer que de las mencionadas comunicaciones, pueda resultar la prueba de la participación en un delito.

205.4 En todos los casos previstos en este artículo se labrará el acta correspondiente.

Artículo 206. (Ejecución).-

206.1 Recabada la autorización, el fiscal efectivizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación.

206.2 El fiscal examinará el contenido de la comunicación y si tiene relación con la investigación, dispondrá su incautación dando cuenta al tribunal.

Artículo 207. (Obligación de la persona requerida).- Quien tenga en su poder la correspondencia requerida está obligado a entregarla inmediatamente al fiscal, salvo que invoque causa legítima para no hacerlo, en cuyo caso se estará a la decisión del tribunal.

SECCIÓN XV

De la intervención de comunicaciones

Artículo 208. (Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas u otras formas de comunicación).-

208.1 Cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar que se ha cometido o pudiere cometerse un hecho punible, el fiscal podrá solicitar al juez la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. El tribunal resolverá inmediatamente mediante trámite reservado, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal.

La resolución necesariamente deberá ser fundada, debiendo ponderar expresamente la necesidad y proporcionalidad de la medida, respecto de la restricción al ejercicio del derecho limitado, bajo pena de nulidad.

208.2 La orden judicial puede dirigirse contra terceras personas en los mismos términos de lo dispuesto en el artículo 205.3 de este Código.

208.3 No se puede interceptar las comunicaciones entre el imputado y su defensor, salvo que el tribunal lo ordene por estimar fundadamente que el abogado puede tener responsabilidad penal en los hechos investigados. De ello se dejará constancia en la respectiva resolución.

208.4 La resolución judicial que disponga la interceptación deberá indicar el nombre del afectado por la medida y de ser posible, la línea telefónica u otro medio de comunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma, alcance y duración de la medida, que no podrá exceder un plazo máximo de seis meses, al igual que la autoridad o funcionario que se encargará de la diligencia.

208.5 La medida cesará inmediatamente si los elementos de convicción tenidos en cuenta para ordenarla desaparecieran o hubiera transcurrido el plazo de su duración.

El material interceptado, grabado o registrado que no se incorpore a la investigación será destruido, salvo orden judicial en contrario que por razones fundadas disponga que se mantenga en archivo hasta el plazo máximo de duración de la investigación.

Artículo 209. (Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación).-

209.1 La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación de que trata el artículo anterior, será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro.

209.2 El fiscal dispondrá la transcripción de la grabación, labrándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los originales.

SECCIÓN XVI

De la videovigilancia

Artículo 210. (Presupuesto y Ejecución).-

210.1 El fiscal con noticia al juez y sin conocimiento del afectado, puede ordenar:

a) realizar tomas fotográficas y registro de imágenes;
b) utilizar otros medios técnicos especiales en lugares abiertos expuestos al público.

210.2 Se requerirá autorización judicial cuando dichas actividades se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados.

SECCIÓN XVII

Del levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria

Artículo 211. (Levantamiento del secreto bancario).-

211.1 El fiscal podrá solicitar al tribunal y este, por resolución fundada, podrá ordenar el levantamiento del secreto bancario, en los términos previstos en el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

211.2 También podrá disponer la incautación de documentos, títulos-valores, sumas depositadas y cualquier otro bien económico o financiero y aun el bloqueo e inmovilización de las cuentas.

211.3 Dispuesta la incautación, el fiscal observará el procedimiento señalado en los artículos 203 y 204 de este Código.

Artículo 212. (Levantamiento de la reserva tributaria).-

212.1 El fiscal podrá solicitar al tribunal y este podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la administración tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando ello resulte necesario y pertinente para el esclarecimiento del hecho investigado.

212.2 La administración tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos o declaraciones ordenadas por el juez.

CAPÍTULO III

PRUEBA ANTICIPADA

Artículo 213. (Supuestos de la prueba anticipada).- El fiscal, el defensor y la víctima o sus familiares en su caso, podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en forma anticipada en los siguientes casos:

a) declaración de testigos e informe de peritos, cuando exista motivo fundado para considerar que no podrá formularse en las audiencias del proceso por enfermedad u otro grave impedimento, o cuando hayan sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesas de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente;
b) declaración de testigos, cuando exista la probabilidad de que la espera a la realización de las audiencias del proceso, les cause un perjuicio severo o ponga en riesgo serio la calidad de la prueba testimonial;
c) reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles;
d) el diligenciamiento de cualquier medio probatorio, cuando el transcurso del tiempo pudiere frustrar su realización o perjudicar su eficacia.

Artículo 214. (Procedimiento).-

214.1 La parte que solicite el diligenciamiento de prueba anticipada deberá precisar su objeto y las razones de su importancia para el proceso. También indicará el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia.

214.2 El trámite se dispondrá con citación de la parte contraria, salvo que esa comunicación pueda frustrar la finalidad y eficacia de la medida.

En este último caso, una vez diligenciada la prueba se dará conocimiento de lo actuado a la contraparte, quien tendrá la oportunidad de completarla o de presentar contraprueba en la etapa procesal oportuna.

214.3 La prueba anticipada se diligenciará de conformidad con las reglas referidas al medio probatorio pertinente.

Artículo 215. (Impugnabilidad).-

215.1 La parte contra quien se pide la medida podrá oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación en el plazo de la citación.

215.2 La resolución que deniegue la medida será susceptible de los recursos de reposición y apelación en subsidio.

215.3 Cumplida la medida y notificada, si se hubiere dispuesto sin noticia, el agraviado podrá apelar conforme a lo dispuesto en este Código.

TÍTULO VII

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I

REGLA GENERAL

Artículo 216. (Principio).- Es atribución del tribunal adoptar las medidas cautelares reguladas en este Título cuando ello le fuere requerido en forma.

CAPÍTULO II

PRIVACIÓN O LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD FÍSICA DEL IMPUTADO

SECCIÓN I

De la libertad física de las personas

Artículo 217. (Estado de inocencia).- En todo caso el imputado será tratado como inocente hasta tanto no recaiga sentencia de condena ejecutoriada. La prisión preventiva se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena.

Artículo 218. (Principio general).- Nadie puede ser privado de su libertad física o limitado en su goce sino conforme a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales.

Artículo 219. (Flagrancia delictual).- Se considera que existe flagrancia delictual en los siguientes casos cuando:

a) una persona fuere sorprendida en el acto de cometer un delito;
b) inmediatamente después de la comisión del delito, una persona fuere sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo;
c) en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuere hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito.

Artículo 220. (Detención en flagrancia delictual).- La persona que sea sorprendida en flagrancia delictual deberá ser detenida aun sin orden judicial.

En las mismas circunstancias cualquier particular podrá proceder a la detención y entregar inmediatamente al detenido a la autoridad.

En tales casos se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Público, el que pondrá al detenido a disposición del tribunal competente, adoptando las medidas pertinentes o solicitando su adopción, cuando corresponda, a aquel.

SECCIÓN II

De las medidas de coerción

Artículo 221. (Medidas limitativas o privativas de la libertad ambulatoria).-

221.1 El fiscal podrá solicitar al juez en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado, su integridad o la de la víctima, o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición de cualquiera de las medidas que se indican a continuación:

a) el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal;
b) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen;
c) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe;
d) la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine;
e) la retención de documentos de viaje;
f) la prohibición de concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar en determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
g) el retiro inmediato del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado;
h) la prestación por sí o por un tercero de una caución de contenido económico adecuada y proporcional a la gravedad del delito que se está investigando y a la condición económica del imputado;
i) el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga;
j) la vigilancia del imputado, mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o de su ubicación física;
k) la prohibición de abandonar el domicilio o residencia por determinados días u horarios, en forma que no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones ordinarias;
l) cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva, en las condiciones previstas en la ley;
m) la prisión preventiva, en el caso en que las medidas limitativas anteriormente descriptas no fueren suficientes para asegurar los fines indicados precedentemente.

221.2 Las medidas de coerción enunciadas en este artículo pueden ser complementadas con medidas cautelares respecto de bienes del imputado o de terceros, dictadas por el juez a solicitud de parte.

Artículo 222. (Medidas limitativas durante la indagatoria preliminar).- Asimismo, desde el inicio de la indagatoria preliminar el tribunal a petición del Ministerio Público solamente podrá disponer las medidas referidas en los literales a), d), e) y f) del artículo precedente con la finalidad de asegurar el resultado de la investigación, por el plazo que el tribunal disponga.

SECCIÓN III

De la prisión preventiva

Artículo 223. (Procedencia de la prisión preventiva).- Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva.

Artículo 224. (Requisitos para disponer la prisión preventiva).- Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación, o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad.

Artículo 225. (Entorpecimiento de la investigación).- Se entenderá que la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de la investigación cuando exista sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizarla mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios, o cuando exista la presunción de que podrá inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros, a fin de que declaren falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

Artículo 226. (Peligro de fuga).- Para determinar la existencia de peligro de fuga se tendrán en cuenta entre otras, las siguientes pautas:

a) desarraigo determinado por la carencia de domicilio o residencia habitual asiento de su hogar, de sus negocios o de su trabajo;
b) disposición de facilidades extraordinarias para abandonar el país;
c) circunstancias, naturaleza del hecho y gravedad del delito;
d) ocultamiento de información sobre su identidad o domicilio, o que los hubiera proporcionado falsamente.

Artículo 227. (Riesgo para la seguridad de la víctima o de la sociedad).-

227.1 Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en riesgo cuando existan motivos fundados que permitan inferir que el imputado puede atentar contra ella, su familia o sus bienes.

227.2 Se entenderá que existe riesgo para la sociedad cuando el imputado posea la calidad de reiterante o de reincidente, o cuando se tratare de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra.

Artículo 228. (Elementos de especial relevancia).-

228.1 Para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la prisión preventiva, el juez le asignará especial relevancia a los siguientes elementos de juicio:

a) necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su internación inmediata en prisión;
b) imputadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia;
c) imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe pericial correspondiente;
d) imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito cometido.

228.2 El juez ordenará la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial adecuado cuando se acredite por informe pericial que sufre una grave alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud

Artículo 229. (Prohibición de solicitar prisión preventiva).-

229.1 El fiscal no solicitará la prisión preventiva cuando:

a) se trate de procedimiento por faltas;
b) el delito imputado esté sancionado únicamente con pena pecuniaria o de inhabilitación;
c) considere que solicitará pena alternativa a la privación de libertad.

229.2 Sin perjuicio de ello, el imputado deberá permanecer en el lugar del juicio hasta su finalización, presentarse a los actos de procedimiento para los cuales sea citado y posibilitar el efectivo cumplimiento de la sentencia a recaer.

Artículo 230. (Trámite de la solicitud).- La solicitud de prisión preventiva deberá formularse por el fiscal en audiencia o fuera de ella y se tramitará de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Artículo 231. (Contralor del cumplimiento de la prisión preventiva).-

231.1 El tribunal que impuso la prisión preventiva será competente para supervisar la ejecución de la medida.

231.2 Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, toda vez que en el desempeño de sus funciones adviertan la violación de los derechos humanos del imputado, pondrán los hechos en conocimiento del juez competente.

Artículo 232. (Condiciones de cumplimiento de la medida cautelar).- La prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, separados de aquellos lugares de reclusión donde son alojados los condenados con sentencia ejecutoriada. La autoridad competente dispondrá lo necesario para el efectivo cumplimiento del designio legal.

Artículo 233. (Revocación o sustitución).- En cualquier estado del proceso y antes de que haya recaído sentencia de condena ejecutoriada, el juez a petición de parte podrá disponer la revocación o sustitución de la prisión preventiva, toda vez que hayan desaparecido los presupuestos en que se haya fundado su imposición.

En las situaciones previstas por la Ley Nº 17.514, de 2 julio de 2002, dicha resolución deberá notificarse a la víctima, debiendo disponerse medidas de protección siempre que exista fundamento para su aplicación.

El procedimiento será el establecido en los artículos 284 y 285 de este Código.

Artículo 234. (Incumplimiento de medidas limitativas de la libertad).-

234.1 Podrá imponerse prisión preventiva al imputado cuando haya incumplido alguna de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria previstas en el artículo 221 de este Código.

234.2 En este caso, el fiscal podrá solicitar la imposición de prisión preventiva la que se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 284 y 285 de este Código.

Artículo 235. (Límite temporal).-

235.1 Cesará la prisión preventiva cuando:

a) el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal;
b) el imputado haya agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por sentencia de condena, aún no ejecutoriada;
c) el imputado haya sufrido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena ejecutoriada, le habría permitido iniciar el trámite de la libertad anticipada;
d) hayan transcurrido más de dos años contados desde el momento efectivo de la privación de libertad y aún no se haya deducido acusación;
e) al concluir el proceso con sentencia de condena ejecutoriada y comenzar a cumplirse la pena privativa de libertad.

235.2 Para resolver estas cuestiones, el trámite se seguirá por la vía incidental.

SECCIÓN IV

De las cauciones

Artículo 236. (De las cauciones).- La excarcelación se concederá bajo caución juratoria, personal o real.

Al acordarla, el juez podrá imponer al imputado todas o algunas de las siguientes obligaciones:

a) fijar domicilio, el que no podrá cambiar sin conocimiento del juez o tribunal que conozca en la causa;
b) no concurrir a determinados lugares;
c) presentarse a la autoridad los días que esta determine;
d) permanecer en su domicilio durante un horario determinado.

La resolución que imponga estas restricciones no causa estado. El juez podrá fijar un plazo para su duración y en cualquier momento ampliarlas, disminuirlas o dejarlas sin efecto.

Artículo 237. (Finalidad de las cauciones).- Las cauciones tienen por finalidad asegurar que el imputado cumpla los deberes impuestos por el juez.

Artículo 238. (Determinación de las cauciones).- Para determinar la calidad y el monto de la caución se tendrá en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica y antecedentes del imputado, la naturaleza del daño causado y el monto aproximado de las reparaciones civiles que puedan corresponder. El juez hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de infringir los deberes impuestos.

Artículo 239. (Caución juratoria).- La caución juratoria consistirá en la promesa del imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez y procederá cuando:

a) sea presumible que se pueda beneficiar con la suspensión condicional de la pena;
b) el imputado careciere de medios para ofrecer o constituir otro tipo de caución.

Artículo 240. (Caución real).- La caución real consistirá en la afectación de bienes determinados, muebles o inmuebles, que en garantía de la suma fijada por el juez, se haga por el mismo imputado o por otra persona.

Podrá constituirse en forma de depósito de dinero u otros valores cotizables, otorgando hipoteca o prenda, o cualquier otra forma de garantía que resulte eficaz y suficiente a criterio del juez.

Artículo 241. (Caución personal).-

241.1 La caución personal consiste en la obligación que, junto con el imputado, asumen uno o más fiadores solidarios, de pagar la suma que el juez fije de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo precedente.

241.2 Puede constituirse en fiador quien tenga capacidad para contratar y sea, además, persona de notoria honradez y solvencia económica que se comprobará mediante exhibición de títulos u otra prueba documental suficiente.

El juez apreciará la existencia de todos estos requisitos.

Artículo 242. (Forma de las cauciones).- Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad, en acta suscrita ante el actuario o secretario en su caso.

En el caso de lo dispuesto en el artículo 240 de este Código en cuanto fuere pertinente, el acta se labrará por el actuario en presencia del juez, o por el secretario en presencia del presidente del tribunal respectivo, disponiéndose su inscripción en el registro correspondiente, a cuyo efecto bastará con el simple testimonio del acta de caución.

Artículo 243. (Fijación de domicilio y notificaciones).-

243.1 En el acto de prestar caución el imputado, el fiador y todo otro otorgante de la misma, deberá fijar domicilio dentro del radio del juzgado para las citaciones y notificaciones ulteriores.

243.2 En caso de que el imputado no pudiere fijar domicilio dentro del radio del juzgado, se tendrá por tal el constituido en autos por su defensor.

Las citaciones y notificaciones que deban hacerse al imputado, se harán también al caucionante cuando tuvieren relación con las obligaciones de este.

Artículo 244. (Cese de la libertad bajo caución).-

244.1 Las cauciones se harán efectivas si el imputado no comparece a la citación que se le haga durante el proceso.

244.2 En tal caso y sin perjuicio de librar orden de prisión contra el imputado, el juez fijará un plazo no mayor de veinte días para que comparezca o justifique su incomparencia, bajo apercibimiento de hacer efectiva la caución, notificando la resolución en los domicilios constituidos por el imputado y el caucionante.

244.3 Vencido el plazo sin que el imputado hubiera comparecido o justificado fuerza mayor, el juez dictará resolución por la que declarará sin efecto la libertad provisional y ordenará la ejecución de la caución.

Artículo 245. (Efectividad de las cauciones).-

245.1 Las cauciones se efectivizarán recurriendo al procedimiento de ejecución en vía de apremio previsto en los artículos 377 y siguientes del Código General del Proceso. Actuará como ejecutante el Fiscal Letrado de Aduana y Hacienda y será competente la jurisdicción civil.

245.2 El producido será asignado al Poder Judicial en calidad de recursos de libre disposición destinados a solventar gastos en el fortalecimiento de las oficinas judiciales en materia penal.

Artículo 246. (Cancelación de las cauciones).- La caución será cancelada y las garantías serán restituidas cuando:

a) revocada la excarcelación, el imputado fuere sometido a prisión;
b) se absuelva en la causa o se sobresea al imputado;
c) recayese pronunciamiento firme otorgando la libertad condicional del condenado.

Artículo 247. (Sustitución del caucionante).- Si el caucionante por motivos fundados no puede continuar como tal, podrá pedir al juez que lo sustituya por otra persona que él presente y ofrezca análogas garantías.

Si el juez considera aceptable la causa y apta la persona propuesta, dispondrá la sustitución.

La sustitución aceptada por el juez libera al precedente caucionante solo para el futuro.

Artículo 248. (Autorización para salir del país).- El excarcelado provisional podrá ser autorizado a salir del país, con conocimiento de causa y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) que la caución sea de carácter real o personal;
b) que, en principio, no sea necesaria la presencia del imputado a los efectos de la indagatoria;
c) que la autorización se conceda por un lapso prudencial, determinado por el juez en la respectiva resolución.

En caso de incumplimiento de regreso al país, el juez aplicará lo dispuesto en los artículos 245 y 246 de este Código.

Artículo 249. (Término de la prisión preventiva por absolución o sobreseimiento).-

El tribunal deberá disponer el cese de la prisión preventiva cuando dicte sentencia absolutoria o decrete el sobreseimiento, aunque dichas resoluciones no se encuentren ejecutoriadas.

En tales hipótesis, se podrá imponer en sustitución de la prisión preventiva alguna de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 221 de este Código, cuando estas se consideren necesarias para asegurar la presencia del imputado en el proceso.

CAPÍTULO III

CAUTELAS ASEGURATIVAS SOBRE LOS BIENES

Artículo 250. (Medidas sobre los bienes del imputado).-

250.1 El juez podrá decretar a petición del Ministerio Público, de la víctima o de quienes por ella comparecieren las medidas cautelares sobre los bienes del imputado que estime indispensables para proteger los derechos de las víctimas, siempre que exista peligro de su lesión o frustración.

250.2 También podrá decretar dichas medidas sobre bienes del tercero civilmente responsable, previa justificación sumaria del vínculo.

250.3 La existencia del derecho y del peligro se justificarán sumariamente.

250.4 El juez fijará la extensión de la medida y exigirá la previa prestación de garantía real o personal, salvo que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante, o que se trate del Estado u otra persona jurídica de derecho público.

250.5 Estas medidas se ajustarán en cuanto a su objeto y limitaciones, a los principios establecidos en el Código General del Proceso y leyes especiales.

Artículo 251. (Excepciones).- Las medidas previstas en el artículo precedente, no podrán ordenarse contra el Estado ni contra personas jurídicas de derecho público.

Artículo 252. (Jurisdicción para seguir entendiendo en las medidas cautelares).-

252.1 Cuando las medidas cautelares hubieran sido dispuestas a pedido de la víctima, esta deberá acreditar que inició acción civil dentro de los sesenta días de haberse efectivizado las medidas cautelares y la jurisdicción civil será la única competente para seguir entendiendo a su respecto.

252.2 Si la víctima no cumpliere con lo establecido en el inciso precedente, el afectado por las medidas podrá solicitar su levantamiento ante el juez que las dispuso, quien así lo resolverá con citación contraria.

252.3 Cuando las medidas cautelares hubieran sido dispuestas a pedido de la fiscalía, seguirá entendiendo el tribunal que las dispuso hasta la finalización del proceso.

Artículo 253. (Recursos).- Cuando la resolución ordene la medida solicitada u otra similar, la misma será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 254. (Cumplimiento de las medidas).- Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente después de haber sido decretadas y se notificarán a la parte a quien perjudiquen, una vez cumplidas.

LIBRO II

PROCESO DE CONOCIMIENTO

TÍTULO I

DEL PROCESO ORDINARIO EN MATERIA
DE CRÍMENES Y DELITOS

Artículo 255.- El proceso de conocimiento comprende la primera y la segunda instancia y el recurso de casación.

CAPÍTULO I

INDAGATORIA PRELIMINAR

Artículo 256. (Formas de inicio).-

256.1 La investigación de un hecho presuntamente delictivo deberá iniciarse:

a) cuando exista flagrancia delictual;
b) por denuncia o instancia, formulada de acuerdo con las previsiones de este Código;
c) por iniciativa del Ministerio Público, cuando haya tenido conocimiento del hecho por cualquier medio idóneo.

256.2 Cuando el fiscal tome conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, deberá disponer las medidas pertinentes para la averiguación de la verdad, conforme a lo dispuesto en este Código.

Artículo 257. (La denuncia).- Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un presunto hecho delictivo. También podrá formularse la denuncia ante la autoridad administrativa competente o ante cualquier tribunal con competencia penal, los que deberán remitirla inmediatamente al Ministerio Público.

Artículo 258. (Forma y contenido de la denuncia).-

258.1 La denuncia podrá formularse en forma escrita o verbal y deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de la o las personas involucradas en el mismo y en su caso de quienes lo hayan presenciado o tengan noticia de él.

258.2 La denuncia escrita deberá ser firmada por quien la formula ante el funcionario que la reciba, quien, si el denunciante lo exigiera, le expedirá recibo. Cuando no supiere o no pudiere firmar lo hará otra persona a su ruego.

258.3 En el caso de denuncia verbal, el funcionario actuante dejará constancia por escrito, la que será firmada por el denunciante y por el propio funcionario. Si el denunciante no sabe o no puede firmar lo hará un tercero a su ruego.

Artículo 259. (Reserva de las actuaciones de investigación).-

259.1 La actividad desarrollada en la indagatoria preliminar para reunir medios de prueba que posibiliten la ulterior iniciación del proceso no se integrará en ningún caso a este, salvo cuando hubiera sido dispuesta con intervención del tribunal.

259.2 Las actuaciones de investigación preliminar llevadas a cabo por el Ministerio Público y por la autoridad administrativa, serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal.

259.3 Sin embargo, el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva respecto del imputado, su defensor y demás intervinientes, toda vez que lo considere necesario para asegurar la eficacia de la investigación. En este caso, deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, y podrá fijar un plazo de hasta cuarenta días para el mantenimiento de la reserva, previa autorización judicial. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el juez mediante petición fundada del Ministerio Público hasta por un plazo máximo de seis meses.

259.4 El imputado y su defensor podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva o que la limite en cuanto a su extensión, a las piezas o actuaciones comprendidas en la misma o a las personas a quienes afectare.

259.5 No se podrá decretar la reserva para el imputado y su defensor respecto de su declaración, de los informes brindados por peritos referentes a su persona, o de cualquier otra actuación en que hubiere intervenido él o su defensor.

259.6 Los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones, estarán obligados a guardar secreto.

Artículo 260. (Solicitud de diligencias).- Durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados. El fiscal ordenará aquellas que estime conducentes.

Artículo 261. (Personas citadas por el fiscal).- Si en el desarrollo de la investigación el fiscal requiere la comparecencia de una persona, podrá citarla por cualquier medio idóneo. Si el citado no comparece, el fiscal podrá solicitar al juez que le ordene comparecer y aun que disponga su conducción compulsiva si fuera necesario.

Artículo 262. (Formas de comparecencia del imputado ante el fiscal).-

262.1 Durante la investigación preliminar, el imputado deberá comparecer ante el fiscal cuando este lo disponga.

262.2 Si no comparece voluntariamente, el fiscal podrá solicitar al juez que ordene su conducción.

262.3 Cuando el imputado se encuentre privado de su libertad, el fiscal solicitará al juez su conducción, toda vez que ello sea necesario a los fines de la investigación.

Artículo 263. (Comparecencia del imputado).-

263.1 Cuando el imputado comparezca ante el fiscal, deberá hacerlo asistido de defensor. Si se trata de su primera declaración, antes de comenzar el interrogatorio, el fiscal le comunicará detalladamente el hecho presuntamente delictivo que se le atribuye, los resultados de la investigación en su contra y su derecho a no declarar.

263.2 El imputado no podrá negarse a proporcionar su identidad, debiendo responder a las preguntas que con tal fin se le formulen, registrándose todo lo actuado.

Artículo 264. (Registro de las actuaciones).- El Ministerio Público deberá dejar constancia de las actuaciones que realice, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma del imputado, su defensor y la víctima.

La constancia de cada actuación deberá consignar por lo menos, la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas intervinientes, así como una breve relación de sus resultados.

Artículo 265. (Duración máxima de la investigación preliminar cuando el imputado no está privado de libertad).- La investigación preliminar no podrá extenderse por un plazo mayor de un año contado desde su inicio, cuando el imputado no se encontrare privado de libertad. En casos excepcionales debidamente justificados, el fiscal podrá solicitar al juez la ampliación del plazo hasta por un año más.

Artículo 266. (Formalización de la investigación).-

266.1 Concluida la indagatoria preliminar, si de ella resulta que se ha cometido un delito y que están identificados sus presuntos autores, coautores o cómplices, el fiscal deberá formalizar la investigación solicitando al juez competente la convocatoria a audiencia preliminar.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de este Código (principio de oportunidad).

266.2 La solicitud se hará por escrito, salvo en el caso previsto en el artículo 266.4 de este Código, y deberá contener en forma clara y precisa:

a) la individualización del imputado y de su defensor, si este hubiera sido designado durante la indagatoria preliminar;
b) la relación circunstanciada de los hechos y la participación atribuida al imputado;
c) las normas jurídicas aplicables al caso;
d) los medios de prueba a emplear;
e) las medidas cautelares que el fiscal entienda pertinentes;
f) el petitorio;
g) la firma del fiscal o de un representante autorizado por la Fiscalía.

266.3 Presentada una solicitud de formalización de la investigación que no se ajuste a las disposiciones precedentes, el juez ordenará que se subsanen los defectos en el plazo que señale, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

266.4 Si el imputado se encontrara detenido por el hecho respecto del cual se decide formalizar la investigación, la solicitud de audiencia deberá formularse de inmediato a la detención, aun verbalmente, y la audiencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República.

Artículo 267. (Efectos de la solicitud de formalización de la investigación).- La solicitud de formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.

CAPÍTULO II

AUDIENCIAS

Artículo 268. (Audiencia preliminar).-

268.1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de este Código, la audiencia preliminar será presidida por el tribunal y a ella deberán comparecer el fiscal y el imputado asistido por su defensor.

268.2 Si el imputado no hubiera designado defensor, el tribunal le intimará que lo haga antes de comenzar la audiencia, bajo apercibimiento de tener por designado el defensor público que por turno corresponda.

268.3 La víctima será citada. Su asistencia y participación serán facultativas, pero para participar deberá tener asistencia letrada.

Cuando la víctima sea citada a declarar como testigo por cualquiera de las partes, deberá comparecer, estándose a lo dispuesto en el artículo 164 de este Código.

Artículo 269. (Desarrollo de la audiencia preliminar).-

269.1 El juez interrogará al imputado sobre sus datos identificatorios conforme a lo previsto en el artículo 66.1 de este Código, le comunicará detalladamente el hecho presuntamente delictivo que se le atribuye, le informará sobre el derecho a ejercer su defensa y el derecho a no declarar.

269.2 A continuación el juez dará la palabra al fiscal, quien expondrá las razones por las que solicitó la formalización de la investigación. El fiscal relatará los hechos presuntamente delictivos, expresará la participación que en ellos atribuye al imputado, propondrá la calificación jurídica de los mismos que estime adecuada con indicación de las normas legales aplicables, ofrecerá los medios de prueba que se proponga emplear y solicitará al tribunal la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias, en su caso. Si estimare suficiente la prueba reunida, el fiscal podrá pedir además que se siga el proceso extraordinario.

269.3 A continuación el juez dará la palabra a la víctima, si esta participara de la audiencia, para que por intermedio del letrado que la asista se refiera a los hechos, formule su calificación jurídica con indicación de las normas legales aplicables, ofrezca las pruebas que no hubiere ofrecido el fiscal y solicite las medidas cautelares de contenido patrimonial que considere pertinentes. La intervención de la víctima será facultativa.

269.4 Luego el imputado será interrogado directamente por el fiscal y el defensor, en ese orden. En todo momento el juez podrá formular las preguntas aclaratorias o ampliatorias que considere necesarias, y dar curso a las preguntas de la misma naturaleza que pretendan formular el fiscal y el defensor.

269.5 Tras la declaración del imputado se le dará la palabra a su defensor para que formule los descargos, ofrezca los medios de prueba que estime necesarios y conteste el pedido fiscal o de la víctima de medidas cautelares, en su caso. Si el fiscal hubiere solicitado la tramitación del proceso por la vía extraordinaria, la defensa también se pronunciará al respecto.

269.6 Oídas las partes el juez resolverá de inmediato las siguientes cuestiones:

a) la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación. La formalización de la investigación aparejará la sujeción del imputado al proceso y, cuando se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República;
b) la vía procesal a seguir, en caso de que el fiscal haya solicitado seguir la extraordinaria. Si la defensa se hubiera opuesto a la solicitud, el juez resolverá la cuestión atendiendo a la posibilidad de diligenciar rápidamente la prueba ofrecida;
c) los obstáculos formales al desarrollo del debate, ya hubieren sido señalados por las partes o advertidos de oficio;
d) el pedido de medidas cautelares que haya formulado el fiscal o la víctima de acuerdo con el literal e) del artículo 81.2 de este Código.
  Si el imputado se encontrare detenido por los hechos de la causa, el juez deberá dictar esta resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República.

269.7 Si el juez dispone la prisión preventiva del imputado, en la misma resolución declinará competencia para ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal que por turno corresponda. El juez que asuma el conocimiento de la causa deberá cumplir con las actividades de la audiencia preliminar pendientes según lo previsto en el siguiente numeral de este artículo, a cuyos efectos convocará a audiencia en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del expediente.

269.8 A continuación el juez se pronunciará sobre los medios probatorios propuestos, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios o inconducentes y procederá al diligenciamiento de la prueba.

Artículo 270. (Audiencia complementaria).-

270.1 Si la prueba no hubiera podido diligenciarse en su totalidad en la audiencia preliminar, se citará a las partes y a la víctima que hubiera comparecido en la audiencia preliminar, para una audiencia complementaria en el más breve tiempo posible, la que se celebrará con los requisitos previstos en los artículos 134 a 139 de este Código.

270.2 Esta audiencia podrá prorrogarse de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciar alguna prueba que deba ser cumplida fuera de la audiencia, siempre que el tribunal la considere indispensable, en cuyo caso arbitrará los medios necesarios para que esté diligenciada en la fecha fijada para la reanudación de la audiencia.

270.3 Las partes podrán proponer, hasta la deducción de la acusación, diligencias probatorias que no pudieron ser ofrecidas oportunamente, por ser claramente supervinientes o referidas a hechos nuevos, acreditando los motivos y la necesidad de las mismas. El tribunal resolverá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269.8 de este Código.

270.4 Concluida la recepción de pruebas, el tribunal conferirá traslado sucesivamente al Ministerio Público para que deduzca acusación o solicite el sobreseimiento del imputado y a la defensa para que conteste.

270.5 Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal podrá solicitar prórroga de la audiencia para deducir acusación por un plazo máximo de diez días corridos. Igual prórroga podrá ser solicitada por la defensa para su contestación. El tribunal resolverá en ambos casos en forma irrecurrible.

270.6 Si el fiscal solicitare el sobreseimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 129 de este Código.

270.7 El fiscal podrá modificar en la acusación o antes de ella, la pretensión formulada al solicitar la formalización de la investigación respecto de la calificación delictual.

270.8 Finalmente, el tribunal pronunciará sentencia, cuyos fundamentos podrán formularse dentro de los quince días siguientes. En los casos en que la complejidad del asunto lo justifique, podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a treinta días para dictar la sentencia con sus fundamentos.

270.9 Todo lo actuado se documentará conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de este Código.

Artículo 271. (Resoluciones dictadas en audiencia).-

271.1 Las resoluciones dictadas en el curso de las audiencias admiten recurso de reposición, el que deberá proponerse y sustanciarse en la propia audiencia y decidirse en forma inmediata por el tribunal.

271.2 La sentencia interlocutoria dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 269.6 de este Código, admite el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Si se dispone el archivo de las actuaciones, la resolución será apelable con efecto suspensivo.

271.3 Todas las resoluciones sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba serán apelables con efecto diferido.

TÍTULO II

DEL PROCESO EXTRAORDINARIO EN MATERIA
DE CRÍMENES Y DELITOS

Artículo 272. (Procedencia).- Si el Ministerio Público entendiera suficiente la prueba reunida para fundar la acusación, al solicitar la formalización de la investigación o en la audiencia preliminar podrá pedir que el proceso se tramite por la vía extraordinaria.

Si la defensa no se opusiere, el juez deberá acceder al pedido del fiscal. En caso contrario el juez resolverá de acuerdo con el literal b) del artículo 269.6 de este Código.

Artículo 273. (Procedimiento).- El proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el proceso ordinario, con las siguientes modificaciones:

273.1 Si todos los imputados hubieran aceptado la tramitación por la vía del proceso extraordinario, no habrá declinación de competencia en el supuesto previsto en el artículo 269.7 de este Código.

273.2 La acusación y la defensa se formularán verbalmente en audiencia, luego del diligenciamiento de la prueba; el tribunal no otorgará prórroga a las partes a tales efectos.

273.3 El tribunal dictará sentencia con sus fundamentos en la misma audiencia, pero en los casos complejos podrá prorrogar la audiencia hasta por diez días, al efecto indicado.

TÍTULO III

DEL PROCESO EN MATERIA DE FALTAS

Artículo 274. (Procedimiento).- Serán de aplicación al procedimiento por faltas lo dispuesto en el Libro II, Títulos I y II de este Código en lo pertinente.

Artículo 275. (Titularidad de la acción penal).- La titularidad de la acción penal en materia de faltas corresponde a los Fiscales Letrados Adjuntos y a los Fiscales Letrados Departamentales.

TÍTULO IV

DE LOS PROCESOS INCIDENTALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 276. (Procedencia).- Corresponde tramitar por vía incidental las cuestiones diferentes de la principal, dependientes en su formulación y ordenadas en su decisión a la misma, siempre que no proceda a su respecto otro medio de tramitación.

Artículo 277. (Principio de la tramitación incidental).- Todos los incidentes que se susciten en el proceso, si no tienen en la ley un procedimiento propio deberán tramitarse en la forma prevista en las disposiciones de este Título.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 278. (Incidente en audiencia).- Los incidentes relativos a cuestiones planteadas en la audiencia se formularán verbalmente y oída la parte contraria, se decidirán de inmediato por el tribunal sin otro recurso que el de reposición, sin perjuicio de hacer valer la circunstancia como causal de impugnación al deducir recurso de apelación contra la sentencia definitiva.

Artículo 279. (Incidente fuera de audiencia).-

279.1 La demanda incidental se planteará por escrito confiriéndose traslado por seis días.

279.2 Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratare de una cuestión que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme a lo dispuesto en el Título VI del Libro I de este Código.

El tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba y la concentrará en una sola audiencia, al término de la cual se oirá a las partes acerca del resultado de la misma.

279.3 Contestado el traslado, si se tratare de un asunto de puro derecho o si las partes no ofrecieran prueba o se hubiere diligenciado la que correspondiera, el tribunal se pronunciará en una única sentencia.

Artículo 280. (Recurso).-

280.1 La resolución que no admita el incidente será susceptible de los recursos de reposición y apelación sin efecto suspensivo.

280.2 La sentencia interlocutoria que decide el incidente será susceptible del recurso de apelación sin efecto suspensivo.

Artículo 281. (Forma de sustanciación del incidente fuera de audiencia).- El incidente que se plantee fuera de audiencia, se tramitará en pieza separada del principal sin suspender el curso del proceso hasta la citación para sentencia, salvo que el juez declare a petición de parte, que obsta al desarrollo de aquel. Contra esta resolución solo procede el recurso de reposición.

CAPÍTULO III

INCIDENTES ESPECIALES

SECCIÓN I

De la recusación

Artículo 282. (Remisión).- El incidente de recusación se regirá por lo dispuesto en los artículos 325 a 328 del Código General del Proceso.

SECCIÓN II

De la contienda de competencia

Artículo 283. (Remisión).- El incidente de contienda de competencia se regirá por lo dispuesto en el artículo 331 del Código General del Proceso.

SECCIÓN III

Del incidente de excarcelación provisional

Artículo 284. (Oportunidad procesal).- La solicitud de libertad provisional podrá formularse en cualquier estado de la causa, hasta tanto no haya recaído sentencia de condena ejecutoriada.

Artículo 285. (Trámite de la solicitud).-

285.1 La solicitud de excarcelación provisional podrá formularse en audiencia o fuera de ella.

285.2 Presentada por escrito fuera de audiencia, se conferirá vista al Ministerio Público el que deberá pronunciarse en el plazo de tres días contado desde el momento de la recepción del pedido. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal podrá solicitar la ampliación de dicho plazo hasta por diez días. El juez dispondrá de igual plazo para resolver.

285.3 Propuesta la solicitud en audiencia, el fiscal se pronunciará en ese acto y el juez deberá resolver en la misma. Si la complejidad de la causa lo justificare, el fiscal podrá solicitar prórroga para expedirse hasta por diez días y de igual plazo dispondrá el juez para pronunciarse.

285.4 La sentencia interlocutoria que recaiga se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de este Código.

LIBRO III

DEL PROCESO DE EJECUCIÓN .

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 286. (Principio general).- Ninguna pena o medida de seguridad podrá ejecutarse sino en cumplimiento de sentencia definitiva ejecutoriada.

CAPÍTULO I

OBJETO Y PROCEDIMIENTO

Artículo 287. (Objeto).- La actividad procesal de ejecución comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las condenas penales y el trámite y decisión de las cuestiones sobrevinientes relativas a las penas y a las medidas de seguridad.

Artículo 288. (Competencia del Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia).- En sede de ejecución conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. Además de los cometidos que le asigna este Código y otras leyes, corresponde especialmente al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia:

a) velar por el respeto de los derechos humanos en todo el ámbito de su competencia. Con fines de vigilancia y contralor, podrá hacer comparecer ante sí a condenados, imputados y a funcionarios del sistema penitenciario;
b) salvaguardar los derechos de los internos que cumplan condena, medidas de seguridad o prisión preventiva, dando cuenta en este último caso al tribunal competente, de los abusos y desviaciones que en cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario, se puedan producir;
c) controlar la regularidad de las sanciones disciplinarias impuestas a los penados, superiores a treinta días. Dichas sanciones serán comunicadas al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia dentro del plazo de cinco días desde el inicio de su efectivo cumplimiento. Recibida la comunicación, el juez dará vista a la defensa del penado. Evacuada la vista o vencido el plazo para hacerlo, resolverá en única instancia;
d) resolver, con informe del director del establecimiento penitenciario y de los organismos técnicos pertinentes, la clasificación y las progresiones o regresiones de las etapas respectivas;
e) recibir, tramitar y resolver acerca de peticiones o quejas que formulen los internos, sus familiares o sus defensores respecto del trato penitenciario, pudiendo recabar a esos efectos los informes pertinentes;
f) resolver las solicitudes de salidas transitorias, laborales o domiciliarias de los penados, de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente;
g) controlar la regularidad de los traslados de los penados efectuados por la autoridad administrativa. Dichos traslados serán comunicados dentro del plazo de cinco días de su efectivización. Recibida la comunicación el juez resolverá en definitiva;
h) autorizar las internaciones hospitalarias. En casos de urgencia, después de efectuada la internación, se le dará cuenta de inmediato para su aprobación;
i) autorizar la salida del país del penado, en las mismas condiciones de tramitación previstas respecto del imputado, en el artículo 248 de este Código;
j) realizar visitas o inspecciones a los establecimientos carcelarios cada vez que lo considere necesario y por lo menos una vez cada treinta días. Si en ocasión de tales visitas o inspecciones verificare la existencia de irregularidades que afectaren seriamente a los penados en causas ajenas a su competencia la pondrá, a la mayor brevedad, en conocimiento del juez competente;
k) conocer y resolver en primera instancia sobre la concesión y revocación de los beneficios de las libertades condicional y anticipada;
l) conocer y resolver la revocación de la suspensión condicional de la pena;
m) conocer y resolver en el proceso de unificación de penas.

Artículo 289. (Competencia por razón de lugar).-

289.1 En el departamento de Montevideo, el proceso de ejecución penal será competencia de uno o más Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, según lo determine la Suprema Corte de Justicia.

289.2 En los departamentos del interior, actuarán como jueces de ejecución de la sentencia, los de Primera Instancia que la hubieren dictado cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse dentro de la circunscripción de su competencia.

289.3 Cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse fuera del ámbito de competencia territorial del tribunal de primera instancia que las dispuso, la función de ejecución y vigilancia la ejercerá el juez de igual jerarquía del lugar donde deban cumplirse y que estuviere de turno a la fecha en que la sentencia quedare ejecutoriada.

Exceptúanse los procesos que se hubieran tramitado en Montevideo en cuyo caso la función de ejecución y vigilancia de las personas condenadas corresponderá a los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Montevideo.

289.4 La Suprema Corte de Justicia podrá delimitar regiones, independientes de los límites departamentales, para asignar competencia territorial en materia de ejecución y vigilancia atendiendo a la localización de los establecimientos de reclusión y rehabilitación en relación con el lugar de asiento del tribunal de primera instancia que substanció la causa.

289.5 Cuando las funciones del juez de sentencia y del juez de ejecución no coincidieren, una vez ejecutoriada la sentencia de condena, liquidada la pena o resuelta la libertad condicional si correspondiere, el expediente será remitido de acuerdo con los incisos anteriores.

289.6 Si la sentencia hubiere quedado ejecutoriada solo para alguno de los imputados, deberá cumplirse inmediatamente a su respecto, a cuyos efectos se formará pieza con testimonio de aquella, con constancia de la fecha en que quedó ejecutoriada y con las actuaciones referentes a la identificación y antecedentes del penado.

Artículo 290. (Liquidación de la pena).- Una vez recibidos los autos, se efectuará la liquidación de la pena impuesta, determinando su monto y fecha de vencimiento en el plazo de cinco días. La liquidación se notificará al fiscal y al defensor y, de no deducirse oposición dentro del plazo de cinco días, se tendrá por aprobada. En caso de deducirse oposición, la misma se tramitará por la vía incidental.

Artículo 291. (Criterios aplicables).- A los efectos del cómputo de la liquidación deberá descontarse el tiempo de detención o de limitación de la libertad sufrida por el condenado, en el país o en el extranjero.

Deberá descontarse un día de prisión o limitación de la libertad, en las hipótesis siguientes:

a) por cada día o fracción de efectiva detención en el país o en el extranjero, incluyendo el arresto domiciliario o la internación hospitalaria;
b) por cada dos días o fracción de efectivo cumplimiento, en los casos previstos en los literales j), k) y l) del artículo 221 de este Código;
c) por cada diez días o fracción de efectivo sometimiento a cada una de las medidas indicadas en los literales a) a h) del artículo 221 de este Código;
d) por cada dos días de trabajo o estudio cumplidos durante la reclusión, por todo el tiempo que esté debidamente documentado.

Los establecimientos de reclusión informarán trimestralmente al tribunal los días de trabajo o estudio cumplidos por cada recluso.

Artículo 292. (Comunicación).-

292.1 Cuando la pena deba ser cumplida en reclusión en todo o en parte, el tribunal comunicará dicha circunstancia a la autoridad penitenciaria, indicando la fecha de su finalización.

292.2 Si el condenado se hallare en libertad y correspondiere su reclusión, el tribunal ordenará inmediatamente su detención. Una vez aprehendido y liquidada la pena, efectuará dicha comunicación.

Artículo 293. (Revisión).- El cómputo de la pena es siempre reformable, aun de oficio, cuando se compruebe la existencia de un error.

TÍTULO II

DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

CAPÍTULO I

DE SU CUMPLIMIENTO

Artículo 294. (Cumplimiento).- Las penas privativas de libertad serán cumplidas en la forma que establezcan las leyes especiales, teniendo el tribunal los poderes y deberes que en ellas se establezcan y los que señala el artículo 288 de este Código.

CAPÍTULO II

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Artículo 295. (Presupuestos).-

295.1 La libertad condicional es un beneficio que se otorga a los penados que se hallaren en libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, pueda formularse un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por la ley.

295.2 El penado podrá solicitar la libertad condicional en un plazo perentorio de diez días hábiles posteriores a la ejecutoriedad de la sentencia de condena, suspendiéndose su reintegro a la cárcel hasta tanto se resuelva si se le otorga dicho beneficio, el que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

295.3 El liberado condicional queda sujeto a vigilancia de la autoridad, en los términos dispuestos en el Código Penal, por el saldo de pena que resultare de la liquidación respectiva.

Artículo 296. (Trámite).-

296.1 Aprobada la liquidación, el juez competente solicitará al Instituto Técnico Forense dentro del plazo de tres días la planilla de antecedentes judiciales del penado, actualizada a no más de sesenta días de su emisión.

296.2 Si dicha planilla no registra que haya sido condenado por nuevo delito, y acreditare hallarse en condiciones de vida que permitan formular un pronóstico favorable de reinserción social, el juez, previa vista al Ministerio Público, podrá conceder la libertad condicional. Se liquidará el saldo de pena a cumplir, computando el tiempo de vigilancia que refiere el artículo 102 del Código Penal, a partir del momento en que el penado fue puesto en libertad. Si conforme a la liquidación efectuada la vigilancia estuviese cumplida, el juez declarará extinguida la pena, efectuando las comunicaciones pertinentes.

296.3 En caso de existir saldo de pena, el condenado quedará sujeto a vigilancia de la autoridad y a su término el juez solicitará nueva planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si no hubiere sido condenado por la comisión de nuevo delito, previa vista al Ministerio Público se declarará extinguida la pena efectuándose las comunicaciones pertinentes.

296.4 No podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional, si agregada la respectiva planilla de antecedentes, resulta que el penado fue condenado por la comisión de nuevo delito durante el lapso en que estuvo en libertad provisional.

Artículo 297. (Impugnación).- La sentencia que resuelva el pedido de libertad condicional podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación.

Solo tendrá efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que deniegue la libertad condicional.

CAPÍTULO III

DE LA LIBERTAD ANTICIPADA

Artículo 298. (Presupuestos).-

298.1 La libertad anticipada es un beneficio que podrá otorgarse a los penados que se hallaren privados de libertad al quedar ejecutoriada la sentencia de condena, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, se pueda formular un pronóstico favorable de reinserción social. En tal caso, la pena se cumplirá en libertad en la forma y condiciones previstas por este Código.

298.2 El liberado queda sujeto a vigilancia de la autoridad en los términos de lo dispuesto en el Código Penal, por el saldo de pena que resulte de la liquidación respectiva.

298.3 Este beneficio podrá otorgarse a pedido de parte y de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) si la pena recaída fue de prisión, o de multa, que por defecto de cumplimiento se transformó en prisión, podrá solicitarse cualquiera fuere el tiempo de reclusión sufrido;
b) si la condena fue de penitenciaría, cuando el penado haya cumplido la mitad de la pena impuesta;
c) si se establecieran medidas de seguridad eliminativas aditivas a una pena de penitenciaría, el beneficio podrá otorgarse cuando el penado haya cumplido las dos terceras partes de la pena, disponiéndose el cese de dichas medidas.

Artículo 299. (Trámite).-

299.1 La petición será formulada en forma escrita por el penado o su defensor ante el juez competente, quien dispondrá la agregación de los siguientes recaudos:

a) la planilla de antecedentes actualizada del Instituto Técnico Forense y reliquidación de la pena por redención de la misma por trabajo o estudio, si correspondiere;
b) el informe de conducta carcelaria proporcionado por el director o responsable del establecimiento, quien deberá remitirlo a la sede judicial dentro del plazo de cinco días contados desde que haya recibido la solicitud, juntamente con los informes técnicos que se dispongan referidos a las aptitudes de resocialización del penado.

299.2 El juez resolverá previa vista del Ministerio Público, mediante resolución fundada.

299.3 Concedida la libertad anticipada, se efectuará la liquidación del saldo de pena a cumplir bajo vigilancia de la autoridad. A su término, el juez solicitará nueva planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense. Si el penado no hubiere sido condenado por la comisión de nuevo delito, se declarará extinguida la pena previa vista al Ministerio Público, efectuándose las comunicaciones pertinentes.

Artículo 300. (Impugnación).-

300.1 La sentencia que concede la libertad anticipada podrá ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación en subsidio con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones que corresponda.

300.2 En caso denegatorio, no podrá solicitarse nuevamente el beneficio hasta que hayan transcurrido seis meses de ejecutoriada la resolución respectiva.

Artículo 301. (Libertad anticipada en caso de unificación de penas pendientes).-

301.1 En los casos en que un encausado tenga pendiente el dictado de sentencia de unificación de penas y se encontrare recluido cumpliendo una sentencia de condena ejecutoriada, podrá impetrar el beneficio de la libertad anticipada, independientemente del estado de las otras causas.

301.2 El juez procederá conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, debiendo solicitar informes sobre las causas en trámite a efectos de estimar provisoriamente, la posible pena de unificación a recaer. Tal estimación no implicará prejuzgamiento.

301.3 En caso de concederse la libertad anticipada, ella comprenderá todas las causas pendientes de unificación y se procederá a efectuar una liquidación provisoria del término de vigilancia, teniendo en cuenta la estimación de la pena unificada.

301.4 La sentencia que concede el beneficio se comunicará a los jueces de las demás causas a sus efectos.

CAPÍTULO IV

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Artículo 302. (Presupuestos).- Al dictar sentencia de condena, el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal podrá otorgar en el mismo acto el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) que se trate de un primario absoluto o legal;
b) que la pena impuesta sea de prisión o de penitenciaría hasta tres años.

Artículo 303. (Efectos).-

303.1 El condenado que obtenga el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, permanecerá bajo vigilancia de la autoridad por el plazo de dos años. Dicho plazo se contará desde la fecha en que la sentencia de condena quedó ejecutoriada.

303.2 Cumplido el referido plazo, el juez solicitará la agregación de la planilla de antecedentes actualizada.

303.3 Si de ella resultare que el penado no hubiere sido condenado por nuevo delito durante el término de vigilancia y previa vista al Ministerio Público, se tendrá por extinguido el delito y por no pronunciada la sentencia, ordenándose la cancelación de la inscripción en el registro respectivo.

CAPÍTULO V

CUMPLIMIENTO Y REVOCACIÓN DE LOS BENEFICIOS

Artículo 304. (Aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena privativa de libertad).-

304.1 Si mediaren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 228 de este Código, podrá aplazarse el ingreso o reintegro del penado a la cárcel. Será competente para dictar resolución el juez de la causa.

304.2 Si las circunstancias excepcionales a que refiere el artículo 228 de este Código se produjeren durante el proceso de ejecución, conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. El petitorio será formulado ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el defensor o por el propio penado y se tramitará por vía incidental.

Artículo 305. (Enfermedad del condenado).-

305.1 Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado sufriera alguna enfermedad psíquica o física, la dirección del establecimiento deberá comunicarlo al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, quien previo los peritajes necesarios, podrá disponer su internación en establecimiento adecuado.

305.2 En caso de urgencia, la administración queda facultada para disponer el traslado del recluso enfermo dando cuenta de inmediato al juez, con los justificativos de la medida adoptada.

305.3 El tiempo de privación de libertad sufrida en internación hospitalaria será computado como cumplimiento efectivo de la pena.

Artículo 306. (Vigilancia).-

306.1 El penado liberado condicional o anticipadamente o con suspensión condicional de la pena, quedará sometido a la vigilancia del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados en las condiciones previstas en el artículo 102 del Código Penal.

306.2 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia supervisará la forma concreta de la vigilancia y podrá disponer de otras modalidades o asumirlas directamente si lo viere del caso, o pedir colaboración a otras instituciones públicas o privadas.

306.3 La vigilancia será ejercida de manera que no perjudique al vigilado y le permita atender normalmente sus actividades habituales.

306.4 Si el condenado considera que la vigilancia no se cumple en debida forma, podrá ocurrir verbalmente ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, quien dispondrá las medidas que estime necesarias.

Artículo 307. (Revocación de la libertad condicional o anticipada).- Si antes del cumplimiento íntegro de la pena en libertad condicional o anticipada, el penado comete nuevo delito por el que resulte condenado o quebrante los deberes impuestos por la autoridad, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia podrá revocar el beneficio y disponer su reintegro a la cárcel, siguiendo el mismo procedimiento que para su concesión. En caso de revocación, el tiempo que el condenado haya estado en libertad vigilada, no se computará como cumplimiento de pena.

Artículo 308. (Revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena).-

308.1 Cuando el penado hubiera cometido nuevo delito antes de quedar ejecutoriada la primera sentencia, la suspensión que esta hubiera decretado no tendrá efecto.

308.2 Si durante el término de vigilancia el penado hubiere sido condenado por nuevo delito o incumpliere las obligaciones impuestas, se revocará el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, continuando con lo que al estado de dicha causa corresponda.

TÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE OTRAS PENAS

CAPÍTULO I

PENAS DE INHABILITACIÓN Y SUSPENSIÓN

Artículo 309. (Inhabilitación absoluta).- La inhabilitación absoluta para cargos, empleos públicos y derechos políticos, determinará que el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia comunique la pena a la Corte Electoral y organismos que correspondan, según el caso.

Artículo 310. (Inhabilitación especial).- En casos de penas de inhabilitación especial, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia dispondrá solamente las comunicaciones correspondientes a tal efecto especial.

Artículo 311. (Penas de suspensión).- Si la pena fuera de suspensión, el juez ordenará la comunicación de la sentencia al organismo en que el condenado cumpliere funciones.

Artículo 312. (Cese anticipado de pena accesoria).-

312.1 Si mediaren circunstancias excepcionales, podrá concederse al condenado el cese anticipado de su pena accesoria.

312.2 La cuestión será tramitada en la forma dispuesta en el artículo 299 de este Código y el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia podrá otorgar el beneficio si hubiere transcurrido la mitad de la pena y estimare acreditadas las circunstancias excepcionales invocadas y la rehabilitación del condenado.

CAPÍTULO II

PENAS PECUNIARIAS, SUSTITUTIVAS Y ACCESORIAS

Artículo 313. (Pena de multa).-

313.1 Si se condena al pago de una multa, esta deberá ser abonada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada.

313.2 Si el pago no se efectúa dentro del plazo, se intimará de oficio al condenado para que lo verifique dentro de tres días, bajo apercibimiento de procederse a la sustitución de la multa por prisión. Dicho apercibimiento se hará efectivo sin necesidad de otro trámite y sin perjuicio del otorgamiento de la libertad condicional, si correspondiere.

313.3 Si consta que el condenado fuera notoriamente pobre, se procederá directamente a la sustitución de la multa por la imposición de un régimen de vigilancia de la autoridad, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal.

Artículo 314. (Penas accesorias).- El juez ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que correspondan en los casos de penas accesorias a las de prisión o penitenciaría previstas en el Código Penal.

Artículo 315. (Pena de confiscación).- La pena de confiscación de los instrumentos con que se haya cometido el delito y los efectos del mismo, será ejecutada de oficio por el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia quien dispondrá el destino que corresponda según la naturaleza de aquellos.

CAPÍTULO III

PENAS ALTERNATIVAS

Artículo 316. (Regla general).- En los supuestos en que la ley establezca penas alternativas, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia deberá fiscalizar su cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 287 y siguientes de este Código, según corresponda.

TÍTULO IV

DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA

Artículo 317. (Regla general).- Cuando se configure una causa de extinción de la pena, el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia con citación del Ministerio Público y la defensa formulará de inmediato la declaración correspondiente, ordenando la clausura de los procedimientos, las comunicaciones pertinentes y el archivo del expediente, teniendo por definitiva la libertad del condenado.

Artículo 318. (Prescripción de la pena).-

318.1 Verificada la prescripción de la pena de acuerdo con las normas del Código Penal, será declarada por el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia con citación del Ministerio Público y la defensa y aparejará la clausura de los procedimientos pendientes y el archivo del expediente, teniéndose por definitiva la libertad.

318.2 La prescripción de la pena se declarará de oficio, aun cuando no fuere alegada. Si lo fuere, tramitará como incidente.

TÍTULO V

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 319. (Enumeración).- Las medidas de seguridad a regularse en el presente Código son:

a) eliminativas;
b) curativas;
c) preventivas.

Artículo 320. (Regla general).- El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia comunicará a la autoridad administrativa a cargo de la aplicación de las medidas de seguridad, los plazos de vigencia de estas y el deber de informar sobre el estado de las personas sometidas a ellas o sobre otras circunstancias del caso.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE SEGURIDAD ELIMINATIVAS

Artículo 321. (Cumplimiento).-

321.1 La sentencia que imponga una medida de seguridad eliminativa deberá determinar el mínimo y el máximo de su duración.

321.2 La medida comenzará a ejecutarse en los establecimientos adecuados, luego de cumplida la pena impuesta en la sentencia.

321.3 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia tendrá sobre las personas sometidas a medidas de seguridad eliminativas los mismos cometidos de vigilancia establecidos en este Código para el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

Artículo 322. (Cese).- Vencido el plazo mínimo de su duración, el juez encargado de la ejecución y vigilancia solicitará informes al establecimiento donde se cumple la medida, pudiendo decretar el cese cuando dichos informes hagan prever la readaptación del penado.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE SEGURIDAD CURATIVAS

Artículo 323. (Cumplimiento).-

323.1 Las medidas de seguridad curativas se cumplirán en un establecimiento especial o centro de asistencia para enfermos mentales o bajo el cuidado de una persona o institución fuera de dicho centro y sujetas a condiciones determinadas.

323.2 Los peritos del Instituto Técnico Forense asesorarán al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia sobre el régimen de cumplimiento de las medidas de seguridad curativas y sus modificaciones.

323.3 El centro hospitalario correspondiente deberá informar al juez por lo menos cada tres meses, de la evolución del internado.

Artículo 324. (Cese).-

324.1 El cese de las medidas de seguridad curativas será dispuesto por el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia cuando hayan desaparecido las causas que les sirvieron de fundamento, previo dictamen pericial del Instituto Técnico Forense e informe de la dirección del centro asistencial.

324.2 El cese se dispondrá de oficio o a solicitud del defensor, del curador de la persona o de esta misma, siguiéndose el proceso de los incidentes.

En todos los casos deberá oírse previamente al Ministerio Público.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS

Artículo 325. (Vigilancia de la autoridad).- Se aplicará lo establecido en el artículo 295.3 de este Código a la sentencia que sujeta a una persona al régimen de vigilancia de la autoridad en los casos previstos en los artículos 92, 94 y 100 del Código Penal en lo pertinente.

Artículo 326. (Caución de no ofender).- Si la sentencia impone la caución de no ofender, se estará a lo establecido en el artículo 101 del Código Penal.

TÍTULO VI

DEL PROCESO DE UNIFICACIÓN DE PENAS

Artículo 327. (Concepto).- Las sentencias ejecutoriadas recaídas en los procesos conexos producirán todos sus efectos, sin perjuicio de la unificación de penas por reiteración de acuerdo con lo establecido por el artículo 54 del Código Penal o eventual aplicación de medidas de seguridad.

Artículo 328. (Trámite).-

328.1 El Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia formalizará el incidente de unificación de penas en la causa más antigua. A esos efectos se tendrá en cuenta la fecha de la audiencia preliminar respectiva. Se intimará al condenado para que designe defensor en este proceso, bajo apercibimiento de tenérsele por designado al defensor público que por turno corresponda.

328.2 A los efectos del trámite se remitirán los expedientes originales o testimonios según corresponda.

328.3 Recibidos los mismos e integrado el cúmulo, se conferirá traslado al Ministerio Público para que deduzca requisitoria de unificación de pena dentro del plazo de seis días. De igual plazo dispondrá el defensor para la contestación teniéndose presente a todos sus efectos lo dispuesto en el artículo 126 de este Código.

LIBRO IV

PROCESOS ESPECIALES

TÍTULO I

DEL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN

CAPÍTULO I

RÉGIMEN

Artículo 329. (Normas aplicables).-

329.1 El proceso de extradición se regirá por las normas de los tratados o convenciones internacionales ratificados por la República que se encuentren vigentes.

329.2 En relación con los crímenes y delitos tipificados por la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el proceso de extradición y de entrega de sospechosos se regirá, además, por lo establecido por dichas normas.

329.3 En defecto o insuficiencia de los instrumentos mencionados, se aplicarán las siguientes disposiciones.

Artículo 330. (Procedencia de la extradición).-

330.1 Cuando fueren requeridos al efecto, los tribunales competentes de la República entregarán a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional para ser sometida a proceso, concluir un proceso ya iniciado o cumplir la pena privativa de libertad a que hubiere sido condenada en el Estado requirente, con arreglo a las disposiciones contenidas en el presente Título.

330.2 Para que proceda la extradición es necesario que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer en el delito en que funda su solicitud, haya sido o no cometido en dicho Estado.

Artículo 331. (Improcedencia de la extradición).- La extradición no procede cuando:

a) el requerido haya cumplido la pena correspondiente al delito que motiva el pedido, o cuando de cualquier manera se hubiere extinguido la pretensión punitiva del Estado con anterioridad a la solicitud;
b) estén prescriptos el delito, el ejercicio de la acción penal o la pena impuesta, según la legislación nacional o la del Estado requirente;
c) el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado en un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente;
d) se trate de delitos políticos o delitos comunes conexos con delitos políticos, o delitos comunes cuya represión obedezca a motivos políticos. No serán considerados como delitos políticos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra ni los actos de terrorismo;
e) de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones discriminatorias de raza, religión, nacionalidad o que la situación de la persona pueda verse agravada por algún otro motivo análogo;
f) la conducta que motiva el pedido de extradición no se encuentre prevista como delito en ambas legislaciones. Para dicha comprobación, no se atenderá a la denominación de los ilícitos, sino a la semejanza de las respectivas descripciones típicas;
g) la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad o cuando la pena que aún le resta por cumplir, sea inferior a seis meses;
h) la condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado requirente no brindase seguridades de que el caso se reabrirá para oír al condenado, permitirle el ejercicio del derecho de defensa y dictar, en consecuencia, una nueva redacción;
i) la persona reclamada hubiese sido inimputable por razón de edad al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se reclama.

Artículo 332. (Pena de muerte y prisión perpetua).- En ningún caso se autorizará la entrega cuando la pena a aplicarse por el Estado requirente, sea la pena de muerte o la prisión perpetua.

Artículo 333. (Nacionalidad).- La nacionalidad de la persona reclamada, no impedirá la sustanciación del pedido de extradición y en su caso, la entrega.

CAPÍTULO II

SOLICITUD

Artículo 334. (Forma de la solicitud).- La solicitud de extradición será formulada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por el representante del Estado requirente, o directamente de Gobierno a Gobierno, y deberá ser acompañada de la documentación requerida por este Código.

Artículo 335. (Rechazo excepcional por el Poder Ejecutivo).- El Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición, en casos extraordinarios en los que medien razones fundadas para estimar que de su cumplimiento o su mero diligenciamiento, puedan resultar consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna de la República, o para el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales. También podrá rechazar las solicitudes formuladas por Estados cuya legislación y/o prácticas en la materia, no guarden razonable similitud con las del Estado uruguayo.

Artículo 336. (Documentación requerida).- La solicitud de extradición deberá ser acompañada de los siguientes documentos, debidamente traducidos:

a) si se trata de un imputado, copia auténtica del auto de sujeción a proceso o del auto que disponga la privación de libertad, así como copia de las piezas procesales en que se funda la resolución. Tratándose de un condenado, deberá acompañarse copia auténtica de la sentencia de condena;
b) una relación de los hechos atribuidos a la persona reclamada, con indicación del tiempo y lugar de comisión, su calificación jurídica y los elementos de prueba correspondientes;
c) transcripción de las disposiciones legales aplicables referidas a la jurisdicción del tribunal, a la descripción típica, las circunstancias alteratorias, la prescripción del delito y de la pena, clase y monto de la pena conminada, sistema de aplicación de la misma y normas procesales que autorizan el arresto;
d) toda información que permita la identificación del reclamado, incluso fotografías, ficha dactiloscópica y mención de su probable domicilio o paradero en el territorio nacional.

Artículo 337. (Solicitud por más de un Estado).-

337.1 Cuando la extradición de una persona se pida por diferentes Estados por un mismo delito, el órgano jurisdiccional competente dará preferencia a la solicitud del Estado que haya prevenido en el conocimiento de aquel.

337.2 Si se tratare de hechos diferentes, dará preferencia al pedido formulado por el delito más grave y si se los reputara de igual gravedad, la preferencia será determinada por la prioridad en el pedido.

CAPÍTULO III

ARRESTO PREVENTIVO

Artículo 338. (Norma general).-

338.1 En situaciones de urgencia, podrá solicitarse el arresto preventivo de la persona reclamada vía Interpol, debiendo indicar el Estado requirente, la intención de presentar un pedido formal de extradición y la existencia de una orden judicial de arresto o de un fallo condenatorio.

338.2 El juez competente ordenará que la persona reclamada permanezca privada de libertad o dispondrá en su caso una medida alternativa al arresto. También podrá disponer la incautación de efectos o instrumentos del delito que el reclamado tenga en su poder.

338.3 Efectivizada la detención del reclamado, la misma será comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores el que a su vez lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Estado requirente.

338.4 El juez letrado interviniente deberá convocar a audiencia dentro de las veinticuatro horas desde que se produjo la detención. En la misma, se intimará a la persona detenida la designación de defensor bajo apercibimiento de designársele el defensor público que por turno corresponda. De inmediato, se le tomará declaración a los efectos de verificar su identidad y se le informará sobre los motivos invocados por el Estado requirente para solicitar su entrega y sobre el procedimiento de extradición.

Artículo 339. (Cese del arresto y plazo máximo de detención de la persona requerida).-

339.1 Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la audiencia, el Estado requirente no formaliza el pedido de extradición, el tribunal dispondrá el cese del arresto, sin perjuicio de las medidas cautelares que pueda adoptar respecto de la persona requerida y de sus bienes.

339.2 A partir del vencimiento de dicho plazo, si el pedido de extradición no se presentara dentro de los quince días subsiguientes, el juez dispondrá la libertad definitiva del requerido, el cese de las medidas cautelares dispuestas y el archivo del expediente. Todo ello se dispondrá en audiencia y con intervención de las partes, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Capítulo siguiente.

339.3 La persona requerida no podrá estar privada de libertad por un término superior a los ciento veinte días, sin perjuicio de otras medidas cautelares.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO

Artículo 340. (Competencia del tribunal).-

340.1 Recibido el pedido de extradición, el Poder Ejecutivo con intervención de la Autoridad Central, lo cursará a la Suprema Corte de Justicia para que esta lo envíe al Juzgado Letrado en lo Penal de la Capital que por turno corresponda.

340.2 La fecha de la resolución judicial extranjera que ordena el pedido de extradición, determina el turno de los tribunales uruguayos.

Artículo 341. (Representación del Estado requirente).-

341.1 En la solicitud de extradición o posteriormente hasta la audiencia de debate, el Estado requirente deberá designar apoderado abogado entre los letrados inscriptos en la matrícula nacional. Previo al ejercicio de su cargo, este deberá aceptarlo y constituirá domicilio dentro del radio del tribunal.

341.2 El letrado designado actuará en el proceso de extradición como parte formal, en interés del Estado requirente y con todos los derechos y atribuciones de tal calidad, para el ejercicio de una adecuada representación y control de los actos procesales.

Artículo 342. (Intervención del Ministerio Público).- En el proceso de extradición, el Ministerio Publico actuará como dictaminante técnico, ejerciendo el contralor formal y sustancial de los actos procesales, sin perjuicio de la facultad de pedir la postergación de la entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 de este Código.

Artículo 343. (Recepción del pedido de extradición).- Recibida la solicitud, si el reclamado no estuviere privado de su libertad o sometido a medidas limitativas de la libertad física, el juez ordenará su detención con las formalidades legales y la incautación de efectos del delito, debiendo procederse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338.4 de este Código.

Artículo 344. (Procedimiento. Audiencia de debate).-

344.1 El tribunal convocará a audiencia de debate dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el reclamado fue puesto a su disposición.

344.2 A la audiencia de debate deberán comparecer la persona requerida asistida de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público.

344.3 El tribunal informará a la persona requerida sobre el contenido de la solicitud y pondrá a disposición del defensor toda la documentación que hubiere acompañado la solicitud formal de extradición, pudiendo disponer la prórroga de la audiencia por hasta veinticuatro horas para que el defensor y la persona requerida puedan examinar los fundamentos de la solicitud.

344.4 A continuación o retomada la audiencia, el tribunal solicitará a la persona requerida que exprese su consentimiento al pedido de entrega o manifieste su oposición.

344.5 Si la persona requerida manifestara su consentimiento para ser entregada al Estado requirente, lo que podrá hacer en cualquier estado del proceso, el tribunal lo resolverá sin más trámite.

344.6 La oposición al pedido de extradición podrá fundarse en las siguientes excepciones, pudiendo el defensor ofrecer prueba:

a) no ser la persona reclamada;
b) vicios de procedimiento o defectos de forma de la solicitud de extradición o de la documentación acompañada;
c) improcedencia del pedido.

344.7 El tribunal dará traslado inmediato de la oposición al abogado del Estado requirente quien la evacuará en la audiencia y podrá ofrecer prueba. Luego, escuchará al Ministerio Público y resolverá en la misma audiencia con arreglo a la ley más favorable para el requerido.

De advertirse defectos formales que se indicarán con precisión, se dispondrá que se subsanen en un plazo que no podrá superar los treinta días contados desde la fecha de la audiencia, la cual se prorrogará al efecto.

344.8 Si no se subsanaren los defectos indicados en el plazo establecido, el tribunal dispondrá el archivo del pedido de extradición y la libertad definitiva del requerido.

344.9 Si el pedido reuniera los requisitos formales necesarios o las deficiencias fueran subsanadas, el juez dispondrá la prisión preventiva de la persona reclamada y el diligenciamiento de la prueba que se hubiera ofrecido, pudiendo rechazar la que considere improcedente e impertinente. El juez podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor de diez días a los efectos de que se complete el diligenciamiento de la prueba pendiente, aplicándose en lo pertinente lo establecido en el artículo 273 de este Código.

344.10 Previo al dictamen de sentencia se oirá a las partes y al Ministerio Público.

Artículo 345. (Impugnación).-

345.1 La sentencia definitiva que admita o deniegue la extradición será apelable con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda.

345.2 La resolución del tribunal que homologue el consentimiento del reclamado a la extradición no admite apelación.

Artículo 346. (Comunicación al Poder Ejecutivo).- La sentencia definitiva ejecutoriada que declara procedente la extradición, será comunicada de inmediato al Poder Ejecutivo, a fin de que este provea lo necesario para la entrega del reclamado al Estado requirente.

Si en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la notificación, el Estado requirente no procediere a retirar a la persona reclamada, esta será puesta en libertad definitiva, pudiendo los tribunales nacionales denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

Artículo 347. (Postergación de la entrega).-

347.1 Si el requerido estuviera sometido a proceso penal en la República, su entrega solo podrá ser diferida hasta la conclusión del mismo o la extinción de la condena cuando la ley reprima el delito atribuido en esa causa con un mínimo de penitenciaría, o cuando estime prima facie que la pena a recaer en definitiva tendrá esa naturaleza.

347.2 En los demás casos se decretará la suspensión del proceso nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado.

Artículo 348. (Cosa juzgada).- Negada la extradición de una persona, la misma no podrá solicitarse nuevamente por el mismo delito, salvo que la negativa se fundara en la insuficiencia o falta de documentación.

Artículo 349. (Principio de especialidad).- La persona extraditada no podrá ser juzgada, ni condenada, ni cumplir pena en el Estado requirente, por otro u otros delitos cometidos con anterioridad al pedido de extradición y no comprendidos en este.

Artículo 350. (Descuento del tiempo de privación de libertad).- El tiempo que la persona reclamada haya permanecido detenida en la República, deberá ser tenido en cuenta en la sentencia definitiva del Estado requirente.

TÍTULO II

DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 351. (Concepto).- La de habeas corpus es una acción del amparo de la libertad personal ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana.

Artículo 352. (Casos de suspensión de garantías).- Cuando las situaciones previstas en el artículo anterior se hubieren producido por efecto de la adopción de medidas prontas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 17 del artículo 168 de la Constitución de la República, procederá también la acción de habeas corpus. En este caso, ella estará restringida a la comprobación del cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales formales, anuencia o comunicación a la Asamblea General o Comisión Permanente en su caso, control del trato, lugar y condiciones de la reclusión o traslado y de la efectividad de la opción por salir del país, cuando proceda.

Artículo 353. (Legitimación).-

353.1 Esta acción puede ser deducida por el propio interesado, por el Ministerio Público, por cualquier persona y aun promoverse de oficio.

353.2 La autoridad señalada como responsable tiene legitimación para actuar en estos procedimientos, sin perjuicio de su deber de dar cuenta inmediata a sus superiores y su derecho de patrocinio letrado.

Artículo 354. (Competencia).-

354.1 Conocerá de esta acción el juez letrado con competencia en materia penal de turno del lugar de los hechos aducidos y si ello no fuere fácilmente determinable, cualquier juez letrado con competencia en materia penal.

354.2 En este proceso están vedadas la excepción y la declinatoria de competencia y el tribunal actuante solo cederá ante el que esté conociendo en procedimientos relativos al sujeto involucrado que sea competente según las reglas generales.

354.3 La actuación del juez en este proceso no produce prevención.

354.4 Cuando se trate de denuncia de torturas o malos tratos a personas privadas de libertad que estén a disposición de algún juez, este será el único competente.

354.5 Si el sujeto involucrado es menor de dieciocho años, conocerá la Justicia de Adolescentes.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 355. (Demanda).-

355.1 La demanda de habeas corpus podrá formularse sin necesidad de patrocinio letrado, por escrito o verbalmente, labrándose acta en este último caso y deberá en lo posible, individualizar a la persona en cuyo favor se actúa, establecer una relación sucinta de los hechos relevantes, indicar lugar de detención y funcionario responsable si se supiere su identidad y proponer los medios de prueba de que se disponga. Será asimismo necesario que el compareciente declare que no tiene conocimiento de procedimientos actuales ante otro juez en proceso de habeas corpus o penal, con relación al mismo sujeto.

355.2 La Suprema Corte de Justicia, determinará el lugar de presentación de la demanda en los días y horas inhábiles.

Artículo 356. (Trámite).-

356.1 Recibida la demanda, el tribunal ordenará sin dilación que la autoridad aprehensora o a la que son atribuidos otros actos denunciados, informe sobre los hechos y explique y justifique de inmediato el fundamento legal de su actuación, con remisión de testimonio de todas las actuaciones.

356.2 Según los casos, el tribunal podrá constituirse para inspeccionar las dependencias administrativas referidas, ordenar que la autoridad requerida presente ante él al detenido e interrogar directamente a la persona en cuyo amparo personal se actúa. Asimismo podrá disponer las diligencias probatorias que estime necesarias, las que podrá asumir en audiencia con citación del Ministerio Público, de la autoridad requerida y del promotor del procedimiento.

356.3 Toda la actuación del tribunal será cumplida en los lapsos más breves que sea posible, con habilitación implícita de todos los días y horas inhábiles que se requieran, hasta la sentencia.

356.4 Si las alternativas del procedimiento lo requieren, el tribunal proveerá de defensor público a la persona en cuyo favor se actúa.

Artículo 357. (Sentencia).- Concluido el procedimiento el juez dictará sentencia que deberá pronunciarse en audiencia si la hubiera, o dentro de las veinticuatro horas de completados los informes y eventuales probanzas.

LIBRO V

MEDIOS IMPUGNATIVOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 358.- Todas las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 359. (Enunciación y remisión).-

359.1 Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración, ampliación, reposición, apelación, casación, revisión, queja por denegación de apelación o de casación o de la excepción o defensa de inconstitucionalidad.

359.2 También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad conforme a lo establecido en este Código.

359.3 Serán aplicables al proceso penal las disposiciones contenidas en el Libro I, Título VI, Capítulo VII del Código General del Proceso sobre “Medios de impugnación de las resoluciones judiciales”, con las puntualizaciones, modificaciones y exclusiones que se establecen en el presente Título.

Artículo 360. (Legitimación para impugnar).-

360.1 Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, el fiscal y el defensor del imputado.

360.2 El imputado también puede interponer los recursos de apelación y casación contra la sentencia definitiva, con asistencia letrada.

360.3 La víctima y los terceros que comparezcan en el proceso solo tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales que les afecten directamente.

CAPÍTULO I

RECURSO DE APELACIÓN

Artículo 361. (Efectos de la apelación de la sentencia definitiva).- La apelación de la sentencia definitiva suspende su ejecución. No obstante, en caso de apelación de sentencia absolutoria se decretará la libertad provisional del imputado.

Artículo 362. (Efectos de la apelación de las sentencias interlocutorias).- El recurso de apelación de sentencia interlocutoria se admite:

362.1 Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del tribunal a quo se suspende desde que quede firme la providencia que concede el recurso, y hasta que le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior.

No obstante, el tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada.

362.2 Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en la misma providencia que concede el recurso, se señalarán las actuaciones que deben integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior. El tribunal superior, una vez recibida la pieza, decidirá dentro de las cuarenta y ocho horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal.

Cuando resuelva la suspensión, lo comunicará de inmediato al tribunal inferior.

362.3 Con efecto diferido en los casos expresamente establecidos por este Código.

Artículo 363. (Procedencia de la apelación suspensiva y no suspensiva).- La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuación.

En todos los demás casos, la apelación de interlocutorias no tendrá efecto suspensivo, salvo que una disposición de este Código en forma expresa disponga lo contrario.

Artículo 364. (Resolución del tribunal inferior).-

364.1 Interpuesta en tiempo y forma la apelación, el tribunal la admitirá si fuere procedente y expresará el efecto con que la admite.

364.2 Si el recurso no fuera admitido, el apelante podrá interponer el recurso de queja pertinente.

Artículo 365. (Exclusiones).- No se aplicarán al proceso penal las disposiciones del Código General del Proceso sobre medidas provisionales, ejecución provisional de sentencias definitivas recurridas o condenas procesales.

CAPÍTULO II

TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA

Artículo 366. (Remisión).- Se aplicarán al proceso penal en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 116, 257, 259 y 344 del Código General del Proceso.

Artículo 367. (Prueba en segunda instancia).-

367.1 Las partes podrán ofrecer nuevos elementos probatorios en los respectivos escritos de interposición y contestación a la apelación, sin las limitaciones establecidas en el artículo 253.2 del Código General del Proceso, los que podrán ser ordenados por el tribunal de alzada para ser diligenciados en la audiencia.

367.2 De admitirse la prueba, el tribunal dispondrá su recepción en la audiencia convocada, la que se diligenciará conforme a las disposiciones de este Código.

367.3 La víctima podrá comparecer con asistencia letrada en las audiencias que se celebren en segunda instancia.

CAPÍTULO III

RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 368. (Procedencia).- El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, sean definitivas o interlocutorias, que pongan fin a la pretensión penal o hagan imposible la continuación del proceso.

Artículo 369. (Remisión y particularidades).- Con respecto al recurso de casación en materia penal se aplicarán en lo pertinente, las disposiciones del Libro I, Título VI, Capítulo VII, Sección VI del Código General del Proceso, con las siguientes precisiones y modificaciones.

369.1 El imputado podrá interponer el recurso por sí, en forma escrita y fundada, en cuyo caso será indispensable la asistencia letrada.

369.2 La interposición del recurso de casación tiene efecto suspensivo hasta la resolución definitiva, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 124 de este Código.

369.3 Cuando se dictare sentencia sobre el fondo regirá lo establecido en los artículos 121 y 122 de este Código.

369.4 Tratándose de causa cuya primera instancia se hubiera cumplido íntegramente ante Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, tendrán legitimación para interponer el recurso de casación el Fiscal Letrado Departamental y el defensor público en su caso.

A tales efectos, deberá notificarse la sentencia de segunda instancia al Fiscal Letrado Departamental y al defensor público.

CAPÍTULO IV

RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 370. (Procedencia).- El recurso de revisión procede en todo tiempo y solamente a favor del condenado, contra las sentencias condenatorias definitivas pasadas en autoridad de cosa juzgada, dictadas por cualquier tribunal.

Artículo 371. (Causales).- Procede la revisión exclusivamente en las causales siguientes:

a) si los hechos establecidos como fundamentos de la condena, resultan inconciliables con los que fundamentan otra sentencia penal ejecutoriada;
b) si después de la condena sobrevienen nuevos elementos de prueba o circunstancias que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hacen evidente que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió o que concurrieron causas obstativas de la responsabilidad penal;
c) si se demuestra que la condena fue pronunciada como consecuencia de una falsedad o de otro hecho previsto por la ley penal como delito. En tal supuesto, la prueba consistirá en la sentencia condenatoria por esa falsedad o ese delito, salvo que la acción penal se halle extinguida o no pueda proseguir, en cuyos casos se podrán emplear otros medios probatorios;
d) si corresponde aplicar retroactivamente una ley penal más benigna.

Artículo 372. (Legitimación activa).-

372.1 Pueden interponer el recurso de revisión:

a) el condenado por sí o por apoderado con facultades expresas y en caso de incapacidad su representante legal;
b) cualquiera de los sucesores a título universal del condenado, o su cónyuge supérstite;
c) el Ministerio Público y el último defensor en la causa.

372.2 La muerte o incapacidad mental del condenado no impedirá que se deduzca el recurso para rehabilitarlo socialmente.

Artículo 373. (Interposición del recurso).- El recurso de revisión se deducirá ante la Suprema Corte de Justicia en escrito que deberá contener, bajo pena de inadmisibilidad, la individualización de la causa anterior, la concreta referencia de los hechos, la proposición de las pruebas respectivas y la mención de las disposiciones legales en que se funde.

Artículo 374. (Trámite del recurso).- Una vez admitido el recurso, la Suprema Corte de Justicia ordenará que se eleve el expediente y lo sustanciará por el procedimiento de los incidentes.

Artículo 375. (Facultad de suspensión de la ejecución).- La Suprema Corte de Justicia podrá en cualquier momento, suspender la ejecución de la sentencia recurrida si en apreciación primaria considerare fundado el recurso. En este último caso, podrá disponer la prestación de garantías.

Artículo 376. (Efectos de la sentencia).-

376.1 Si estimare fundada la revisión, la Suprema Corte de Justicia anulará la sentencia impugnada y pronunciará directamente la sentencia definitiva que corresponda o mandará que se inicie un nuevo proceso por ante el tribunal competente, remitiendo la causa al Ministerio Público.

376.2 En ningún caso podrá recaer condena más severa que la revisada.

Artículo 377. (Nuevo proceso).- Si se iniciara un nuevo proceso no podrán modificarse en perjuicio del condenado las conclusiones de la sentencia en revisión y estarán impedidos los magistrados que conocieron en el anterior.

TÍTULO II

DE LAS NULIDADES

Artículo 378. (Reglas generales y procedimiento).- Son aplicables al proceso penal las reglas y procedimientos establecidos en los artículos 110 a 116 del Código General del Proceso en lo pertinente, con las variantes que resultan de los artículos siguientes.

Artículo 379. (Causales de nulidad insubsanable).- Son causales de nulidad insubsanable:

a) la infracción al principio del non bis in idem;
b) la falta de jurisdicción o la falta de competencia por razón de la materia o del grado, con la excepción y previsiones establecidas en el artículo 38 de este Código;
c) la infracción a las disposiciones que rigen la sujeción, intervención, asistencia y representación del imputado;
d) la infracción a las disposiciones que establecen la intervención necesaria del Ministerio Público.

Artículo 380. (Declaración de nulidad insubsanable).-

380.1 La nulidad insubsanable debe ser declarada de oficio, en cualquier estado y grado del proceso o en vía de revisión, con citación de las partes por seis días. En caso de oposición, se seguirá la vía incidental.

380.2 Las partes también podrán promover dicha declaración por vía incidental.

380.3 La resolución que declara la nulidad será apelable con efecto suspensivo.

Artículo 381. (Validez remanente de las actuaciones de prueba).- Cuando se hubieren practicado actuaciones judiciales sin advertir la falta de algún presupuesto para el ejercicio de la acción penal, la nulidad que sea declarada al respecto no alcanzará a las diligencias probatorias ejecutadas con las garantías debidas, las que mantendrán su validez en el caso de ser removido el impedimento.

TÍTULO III

DEROGACIONES, OBSERVANCIA DEL CÓDIGO
Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 382. (Derogación).-

382.1 Deróganse a partir de la vigencia de este Código, el Código del Proceso Penal (Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980), sus modificaciones y todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente.

382.2 No obstante lo establecido en el inciso anterior, las referidas disposiciones continuarán aplicándose a los asuntos en trámite judicial hasta la sentencia definitiva de primera instancia, inclusive.

Artículo 383. (Vigencia).- El presente Código entrará en vigencia el 1º de febrero de 2017.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de diciembre de 2014.

GUSTAVO BORSARI BRENNA,
1er. Vicepresidente
José Pedro Montero,
Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 19 de diciembre de 2014.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba el Código del Proceso Penal.

JOSÉ MUJICA.
EDUARDO BONOMI.
LUIS ALMAGRO.
MARIO BERGARA.
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO.
RICARDO EHRLICH.
ENRIQUE PINTADO.
ROBERTO KREIMERMAN.
JOSÉ BAYARDI.
SUSANA MUÑIZ.
ENZO BENECH.
LILIAM KECHICHIAN.
FRANCISCO BELTRAME.
DANIEL OLESKER.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.

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Declaración de las partes y/o testigos por tribunal comisionado o videoconferencia

ARTÍCULO 152 DEL C.G.P. (Interrogatorio y absolución fuera del lugar del proceso). Cuando se tratare de parte que se domicilie en el extranjero o a más de cien kilómetros de la sede del tribunal, el interrogatorio o la absolución podrá efectuarse por medio de tribunal comisionado.

ARTÍCULO 160.6 DEL C.G.P.: Excepcionalmente, y consideradas las circunstancias del caso, podrá disponerse la declaración del testigo ante el tribunal comisionado cuando aquél se domicilie en el extranjero o a una distancia tal de la sede que le haga difícil o gravosa su concurrencia. A esos efectos se librará exhorto instruido para su interrogatorio que redactará el tribunal oídas las partes al respecto. El interrogatorio se practicará por el tribunal comisionado en la forma indicada en el artículo siguiente. Cuando el cometido fuera un tribunal nacional se comunicará al comitente con antelación suficiente la fecha señalada para la audiencia, a fin que ésta sea puesta en conocimiento de las partes.

CIRCULAR 15/2015 RECUERDA VIGENCIA ACORDADA 7784

CIRCULAR 15/2015 recordó a los Señores Magistrados la vigencia de la acordada 7784 referida al “Reglamento de Diligenciamiento Probatorio por Videoconferencia” y la disponibilidad de una sala  de audiencias virtual, instalada en calle San José 1132 en la ciudad de Montevideo.

Artículo 1ero. de acordada 7784 establece Podrán ser diligenciados por videoconferencias los medios probatorios declaración de parte, testimonial y pericial en lo pertinente, en los supuestos que refieren los artículos 152, 160.6, 183 del Código General del Proceso, 135 y 198 del Código del Proceso Penal.”

ACORDADA 7784 COMUNICADA POR CIRCULAR 171/2013 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.

Circ. 171/2013 DGSA (10/12/2013) Acordada 7784 del 9/12/13:
1º.- Aprobar el siguiente Reglamento de Diligenciamiennto probatorio por videoconferencia:
ARTICULO 1. Podrán ser diligenciados por videoconferencias los medios probatorios, declaración de parte, testimonial y pericial en lo pertinente, en los supuestos que refieren los arts. 152, 160,6, 183 del CGP, 135 y 198 del CPP, especialmente en materias de relevancia social.-
ARTICULO 2. Se entenderá por videoconferencia un sistema interactivo de comunicación que trasmita de forma simultánea y en tiempo real imagen, sonido y datos a distancia de una o más personas que presten declaración en un lugar distinto del tribunal competente.-
ARTICULO 3. Los servicios informáticos del Poder Judicial instalarán progresivamente los medios técnicos necesarios en las diversas regiones de la República, incluyendo el de una conexión segura. Se preverá su utilización tanto entre tribunales de la República como su utilización en conexiones internacionales.-
ARTICULO 4. Una vez que dos tribunales estén técnicamente habilitados a proceder a la videoconferencia, podrá uno de ellos solicitar asistencia a otro, a fin del diigenciamiento de medios probatorios para los que el sistema sea idóneo.-
ARTICULO 5. Recibida la solicitud mediante oficio común o electrónico, exhorto o carta rogatoria, la sede requiriente coordinará vía telefónica u otra idónea con la sede requerida el día y hora de realización de la diligencia, previa intervención de la autoridad administradora del servicio, y procederá a la notificación de los sujetos a ser interrogados, de todo lo que se dejará constancia escrita en los autos principales y la pieza de exhorto.-
ARTICULO 6. La sede requiriente, una vez coordinada la actividad procesal, notificará a los sujetos del proceso que corresponda, el día y hora señalados.
ARTICULO 7. La videoconferencia se desarrollará en las salas de audiencia habilitadas al efecto que operarán como punto de conexión entre las dos sedes. La audiencia a desarrollarse en la sede requiriente se desarrollará conforme las reglas y prácticas propias de la actividad probatoria presencial. Será presidida por el tribunal y deberán estar convocadas las partes y demás sujetos procesales que corresponda. En la sala de la sede requerida, estará presente el titular de la misma, a efectos de observar en lo que corresponda la regularidad del acto, asegurarse la identidad del declarante y evitar cualquier interferencia ilegal que atente contra el normal desarrollo de la diligencia.-
ARTICULO 8. La actividad procesal realizada mediante el uso de videoconferencia quedará registrada en acta resumida. Sin perjuicio de su registro en video y audio de así disponerse.-

ARTICULO 9. El funcionamiento del servicio estará bajo la supervisión y control de la Secretaría Letrada de la SCJ.-

VIDEOCONFERENCIA: 2016
Circ. 73/2016 (27/5/2016) DGSA          
“Resolución S.C.J. n° 352/16/16 Ficha 1730/2015 Montevideo, 26 de mayo de 2016.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I) que por Acordada n° 7784 se aprobó el Reglamento de Diligenciamiento por Videoconferencia;
II) que por art. 9 de la mencionada Acordada se dispuso que el funcionamiento del servicio estará bajo la supervisión y control de la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia;
III) que el Servicio de videoconferencia se ha ampliado a través de convenios con los Colegios de Abogados de diferentes departamentos del interior del país, y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay para el dictado de cursos de capacitación para profesionales y Magistrados, logrando un mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos aportados por todas las instituciones firmantes;
IV) que ante dificultades planteadas por diferentes usuarios del sistema de videoconferencias, se entiende necesario realizar la reglamentación complementaria a la Acordada n° 7784, para la óptima coordinación de la agenda de las Salas instaladas;
ATENTO: a lo expuesto LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA en Acuerdo Administrativo de la D.G.S.A.RESUELVE
1°.- La Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia comunicará, con antelación no menor a 15 días, la agenda de las diferentes Salas de Videoconferencias instaladas en todo el País a la Dirección General de los Servicios Administrativos.-
2°.- La Dirección General de los Servicios Administrativos deberá comunicar las agendas informadas por la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, a las Sedes y encargados de las Salas de Videoconferencias según mandato de esta Corporación de fecha 4 de mayo de 2016, comunicado por Circular n° 59/2016, a fin de obtener el acceso y correcta disponibilidad de las mismas en las fechas y horarios agendados.-

3º.- En todo lo no previsto en la presente, mantienen plena vigencia las Acordadas y Resoluciones que rigen el Servicio.-

ESCRITO SOLICITANDO DECLARACIÓN POR TRIBUNAL COMISIONADO O VIDEOCONFERENCIA

Se solicita la declaración por tribunal comisionado y se plantea como otra opción la declaración por videoconferencia.