SENTENCIA 148/2001 DEL 03/08/2001 DE LA SCJ

SENTENCIA 148/2001 DEL 03/08/2001 DE LA SCJ

Montevideo, tres de agosto de dos mil uno. VISTOS: Estos autos caratulados: BORDONI BARROS, HELENA C/ DE VECCHI, JORGE – Daños y Perjuicios – Fa. 1/00, venidos a conocimiento de la Corte en mérito al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 204/99 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o. Turno, y RESULTANDO: I) En primera instancia se desestimó la demanda. El órgano de alzada revocó y en su lugar condenó a la parte demandada a abonar a la actora la suma de U$S 6.000 (seis mil dólares USA) más el interés legal desde la demanda, en concepto de reparación del daño moral. Interpuso casación la parte demandada que, sustanciada en forma, fue franqueada por el Tribunal. II) Subidos los autos se confirió vista al Sr. Fiscal de Corte quien no se pronunció sobre el mérito del asunto por no estar comprometida la Causa Pública. Previo pasaje a estudio, la Corte acordó sentencia por unanimidad. CONSIDERANDO: I) Los agravios de la parte recurrente se plantean en dos órdenes argumentales – uno fáctico y otro jurídico – que se exponen de manera conjunta: por un lado afirma que la actora fue debidamente informada de todas las posibles consecuencias nocivas de la intervención quirúrgica con fines estéticos; por otro, sostiene que el Tribunal ha infringido las normas de responsabilidad contractual – arts. 1.291 y 1.342 C. Civil – por cuanto se ha otorgado una dimensión inadecuada a uno de los deberes que integran el haz obligacional del médico consistente en el deber de informar. En ninguno de los órdenes le asiste razón. II) De acuerdo a la base fáctica de que parte la sentencia en recurso – en principio intangible en instancia casatoria – el Dr. De Vecchi no informó especialmente a la paciente de los riesgos y eventuales secuelas que depara la intervención a la que iba a someterse. La recurrente no ha invocado una hipótesis de absurdo evidente que habilite el ingreso al material probatorio incorporado al proceso. Pero además, la Sala de mérito explica con total claridad que en el caso tiene especial aplicación la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Es práctica constante en todos los centros asistenciales – ya lo era a la época en que se realizó la intervención a la actora – extender por escrito la información al paciente sobre los riesgos que implica la operación a que habrá de someterse y recabar su expreso consentimiento bajo firma. Ese recaudo obra en poder del médico quien deberá exhibirlo en caso de controversia, a igual título que un deudor que paga una deuda y conserva el correspondiente recibo que acredite el pago. En la especie, el Dr. De Vecchi ni siquiera alega haber extendido ese documento que contiene el consentimiento informado. Simplemente, afirma que informó verbalmente a la paciente sobre los riesgos naturales que comportaba esa operación. Analizando la situación conforme a las reglas de la experiencia y la lógica que componen la sana crítica como criterio de valoración de la prueba, resulta obvio que está fuera de toda duda posible – cualquiera haya sido la conversación que mantuvieron el Dr. De Vecchi y la Sra. Bordoni antes de la operación, y por más que aquél haya informado a la paciente que la cirugía estética a que iba a someterse comportaba ciertos riesgos, en modo alguno le advirtió que las complicaciones podrían ser tales que su cuerpo quedaría como finalmente quedó, según resulta de las fotografías agregadas. Es obvio que si la paciente hubiera estado al corriente de la perspectiva de quedar con la |secuela estética de una cicatriz deprimida que determina un surco acentuando la prominencia del cúmulo adiposo suprapúbico que se manifiesta como una almohadilla adiposa|, como resulta del informe del perito Dr. Celso Silva (f. 200), seguramente no hubiera consentido la operación cuyo fin era precisamente estético. Sea porque la Sra. Bordoni necesitara de una figura estilizada para su actividad artística o por autoestima de su cuerpo o aun por mero narcisismo, es evidente que no hubiera estado dispuesta a correr el riesgo de semejantes consecuencias que suelen ocurrir – como efectivamente ocurrieron – por más que el médico haya actuado con la mejor de las praxis. II) Descartada, entonces, la existencia de un formal consentimiento informado, con lo que queda dirimida la cuestión de hecho, procede abordar la cuestión jurídica, esto es, la aplicación de las disposiciones que rigen los contratos (arts. 1.291 y 1.342 C. Civil) cuya infracción imputa el recurrente a la sentencia y en la que funda su agravio. El Dr. De Vecchi, ¿tenía la obligación, conforme al principio de buena fe, de informar pormenorizadamente a la Sra. Bordoni de la posibilidad cierta de que sucedieran las complicaciones (que luego sucedieron) y de las secuelas estéticas que ellas dejarían en su cuerpo? El recurrente responde negativamente y sostiene que |Exigir que la información se brinde en forma absolutamente completa, como lo hace el Tribunal no sólo implica poner a cargo del médico una conducta imposible de observar por cuanto siempre podrá existir un riesgo nuevo y jamás visto anteriormente, sino porque ello se aparta de lo seguido por los usos y costumbres de nuestro medio| (f. 292). Como corolario lógico, el demandado concluye que aunque el Tribunal proclame que la obligación del médico es de medios, en el fondo, la sentencia consagra una verdadera obligación de resultado. Como se dijo, no le asiste razón. La obligación que asume el cirujano plástico es, al igual que todo acto médico, una obligación de medio no de resultado. Empero, el deber de proceder a un consentimiento informado – cuya exigencia en todo acto quirúrgico nadie discute – adquiere, en el campo de la cirugía plástica con exclusivos fines estéticos, una dimensión extraordinaria, que la recurrente pretende que es inadecuada. No es exacto – como se sostiene en el recurso – que la exigencia de una información absolutamente completa no está amparada por nuestro régimen legal como uno de los deberes que integran el haz obligacional del médico. Enseña el Profs. GAMARRA que el principio del consentimiento informado en la cirugía estética se aplica igual que en la cirugía común, sólo que con mucho mayor rigor y exigencia. Y agrega |la particularidad consiste en el deber de llevar el cumplimiento de la obligación de lograr un consentimiento informado hasta sus últimas consecuencias en el plano de la revelación, de manera que ningún dato desfavorable (que pudiera disuadir al cliente de realizar la operación que persigue) sea sustraído a su conocimiento. La razón de ser de esta regla proviene de las características que separan a la cirugía estética de la común. Aquí no está enfermo el sujeto que acude al cirujano, la intervención no es urgente ni necesaria. Por tanto, es conveniente descubrir al cliente todos los elementos negativos para que pueda contraponer un mejoramiento que se circunscribe al plano de la belleza con las consecuencias nocivas que conlleva la intervención, tales como el empeoramiento de su aspecto físico; esto es, un efecto diametralmente opuesto al perseguido| (Responsabilidad Civil Médica, tomo 1, págs. 195 – 196). La jurisprudencia es unánime en la exigencia de que la información, si de cirugía estética se trata, sea completa, exhaustiva, absoluta, más detallada que en derecho común, más amplia y estricta, particularmente rigurosa. Sólo así se podrá alcanzar un consentimiento perfectamente informado (Reseña de GAMARRA op. cit. pág. 196). Las conceptos expuestos son de palmaria aplicación al caso de autos. De haberse dado cumplimiento, por parte del Dr. De Vecchi, a la obligación de recabar el consentimiento informado completo ínsita en la relación contractual que se establece entre médico y paciente, hubiera quedado a salvo de toda responsabilidad por los resultados adversos que finalmente quedaron de la operación, ya que ellos no tienen como causa una mala praxis sino contingencias inevitables según las distintas maneras en que reaccionan los organismos ante la agresión invasiva que comporta toda intervención quirúrgica. Todo paciente, en el caso le hubiera correspondido a la Sra. Bordoni, decidirá en cada caso si afronta o no los riesgos de someterse a una intervención con exclusivos fines de embellecimiento de su cuerpo. La sentencia en recurso que funda la condena al demandado en su incumplimiento contractual de recabar el consentimiento informado, no infringe los arts. 1.291 y 1.342 C. Civil, por lo que queda sin sustento la presente recurrencia. Por estos fundamentos, atento a lo preceptuado por el art. 279 C.G.P., la Suprema Corte de Justicia, FALLA: DESESTIMASE LA CASACION CON COSTAS Y COSTOS. Y DEVUELVASE.