SENTENCIA No.223

SENTENCIA No.223

Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno

Ministro redactor: Dr. Tabaré Sosa

Ministros Firmantes: Dra. Mariela Sassón, Dr. Jorge Chediak, Dr. Tabaré Sosa

Montevideo, 5 de octubre de 2006.

V I S T O S: para definitiva en segunda instancia este proceso que por COBRO DE PESOS sigue AIG URUGUAY CÍA. DE SEGUROS SA contra SATS SRL (F. 25-200/2003), venido a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 84 de 25 de octubre de 2005 dictada por la Señora Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12º. Turno Dra[EA1] . Dora Szafir y

R E S U L T A N D O:

I.- La apelada (fs. 139-147), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, ampara y en su mérito condena a la accionada a pagar a la actora la suma de U$S 8.700 con interés legal a partir de la demanda, sin especiales sanciones procesales.

II.- Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresa agravios a fs. 149-161; en síntesis, manifiesta que la actora carece de legitimación como subrogante del damnificado por el hurto; en cuanto al mérito expresa que la “a quo” ha violado el principio de congruencia porque se demandó por incumplimiento de obligación de medios y se considera en la sentencia que el contrato genera obligaciones de Seguridad; que su parte cumplió con sus obligaciones y la inactivación del sistema y alarma más la falta de comunicación del sistema con la central de operaciones constituye una causa extraña no imputable que interrumpe el nexo causal y releva a Sats de toda responsabilidad en el caso.

III.- Se contestaron los agravios (fs. 164-174) y se franqueó la alzada (fs. 175).

IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva, acordándose luego, adoptar decisión anticipada al estar comprendido el caso en lo normado por el art. 200.1 num. 1 del CGP.

C O N S I D E R A N D O:

I.- Que se hará lugar al recurso interpuesto.

En tal sentido, la Sala estima que la decisión impugnada, efectivamente, adolece de los motivos de sucumbencia que informan los agravios; sin perjuicio de reconocer que la cuestión debatida es asaz opinable, siendo ello así por lo subsiguiente.

II.- En cuanto a la legitimación activa de la accionante, no está controvertido en autos que haya pagado al asegurado por los objetos hurtados en cumplimiento del contrato de seguro que unía al Sr. Gutman con AIG Uruguay al momento del siniestro y se alegó en autos que el hurto se verificó por responsabilidad de la empresa de seguridad SATS; atento a ello, el régimen legal aplicable (art. 669 del C. Com.) determina que el asegurador que ha pagado la indemnización queda subrogado en todos los derechos y acciones contra los terceros que por su culpa han causado el daño, pretensiones emergentes del ilícito y previstas en el contrato de seguro conforme jurisprudencia conteste que se comparte y a la que cabe remitirse (TAC 1° en LJU c. 14312).

III.- Analizando el mérito, considera este Tribunal que las alegaciones de la parte actora no fueron lo suficientemente claras y precisas en el aspecto técnico de lo sucedido en el caso, esto es, fundamentalmente en la descripción de los aspectos técnicos del sistema de alarma, sus utilidades y en su caso qué no funcionó y por qué causas. A esto se une la paralela reticencia de la demandada en su contestación y la falta de pericias o testimonios técnicos en el estadio probatorio, todo lo que sella irremediablemente la suerte de la demanda.

Es que como dice GUASP (Der. Proc. Civ. T. I p. 320 3a. ed.) los efectos esenciales de la alegación se deducen de su mismo concepto, porque, efectivamente, la consecuencia fundamental que toda alegación produce consiste en la aportación del dato al proceso, incorporándolo, fijándolo o valorándolo críticamente.

Véase que se presentó un simple formulario de contrato de arrendamiento de servicios de seguridad de autos (fs. 15) el cual muy poco aporta porque del mismo no surge qué equipamiento se suministraba al cliente –extremo que se considera decisivo como se señalará más adelante-; entre las obligaciones de

Sats se dice “monitoreo del sistema instalado en el inmueble”, “respuesta en caso de recibir señal de alarma…”, “servicio técnico para los sistemas instalados…” lo que nada aclara porque se desconocen los medios idóneos para realizar tales cometidos.

No hay respuesta en autos sobre si el sistema hacía conocer automáticamente a central el caso de corte de la señal telefónica de línea, no se sabe si había o no comunicación por radio ni cómo funcionaba, no se sabe dónde estaba colocado el equipo de alarma que se dijo fue roto por los ladrones ni si la persona que accedía a él era percibida de alguna manera ni tampoco si comunicaba de alguna manera si era atacado (roto) el mismo.

Y esas insuficiencias conllevan a que no se puedan calificar concretamente las obligaciones que pendían sobre la parte demandada como proveedora de servicios de seguridad omisión que obtura la calificación de las obligaciones como de medios o de resultado ya que sabido es que en un determinado contrato pueden coexistir obligaciones de medios y de resultado porque habría casos según los elementos técnicos que se incorporen en que el deudor prometa un resultado concreto determinado y en cambio, en otros con mayor álea, el deudor no promete un resultado, sino emplear la diligencia del buen padre de familia.

III.- Corolario de lo anterior es que se asiste pura y simplemente a una demanda por responsabilidad contractual donde es el actor que debe probar el haz obligacional y el incumplimiento (GAMARRA, Trat. T. XVII p. 308-311) dado que éste es el presupuesto de la responsabilidad del deudor (art. 1342 del C. Civil).

Y el concreto incumplimiento alegado en la demanda fue que del reporte de eventos de la demandada surge que el día del hurto se verificó un error en la pantalla a la hora 5:25 y frente a ello la accionada omitió enviar un móvil para indagar sobre la falla, pero se probó suficientemente que conforme la denuncia a la aseguradora de fs. 9, el hurto fue descubierto a la hora 3:20 del domingo 5 de noviembre de 2000, extremo corroborado por el memorando policial de fs. 7 que dice que a la hora 3:50 de ese día se tomó conocimiento (llamado del dueño fs.9) concurriéndose de inmediato donde se apersonó el propietario Sr. Gutman. En suma, a la hora del hurto no hay reporte alguno.

Cierto es que se agregó en la demanda que el ingreso de las personas extrañas no fue detectado, empero, hay probanzas suficientes de que se cortó la línea telefónica y luego se ingresó rompiendo el sistema de alarma (dichos de Gutman a fas. 115 y de Pérez a fs. 116), razón por la cual todo gira en cuanto a la comunicación de ese corte ya sea en forma automática o por radio, extremos sobre los que no hay prueba alguna para poder elucidar cuál era el alcance normativo de esas precisas obligaciones y su eventual incumplimiento.

En este orden de ideas también debe indicarse que la obligación de la demandada de “monitoreo” está desprovista de las bases necesarias para determinarla puesto que se debe entender como obligación de vigilar las novedades que se producen, pero esas novedades deben partir de una unidad de comunicación, sistema desconocido in folios donde tampoco pueden aplicarse máximas de experiencia extraídas de la observación de lo que normalmente acaece (art. 141 CGP) e indicar que el sistema de comunicación es automático de toda situación anómala puesto que eso podría ser hoy en día pero es de ver que el hurto fue hace casi 6 años -en el año 2000- y también se desconoce sistema de qué generación se tenía colocado en el inmueble.

En suma, las dudas en autos son insuperable razón por la cual se impone la solución absolutoria del reo basado en esa circunstancia.

IV.- Costas y costos de la presente instancia por su orden (arts. 56 y 261 [red. L. 16699] CGP y 688 C. Civil).

Por los expresados fundamentos y preceptos que se incluyen el Tribunal, FALLA:

Revocase la sentencia apelada y en su lugar se desestima la demanda, sin especiales condenaciones.


 [EA1]